El descalabro legislativo y la reforma electoral que México necesita
Uno de los principales problemas del sistema político mexicano es su falta de representatividad. El ciudadano promedio no confía en éste, ni se siente parte de las decisiones que se toman en espacios como los congresos y al interior de organizaciones como los partidos políticos. Una reciente encuesta de la empresa Poligrama, reveló que cuarenta y seis por ciento de las personas “no confía” en los partidos políticos y cuarenta y cuatro por ciento “no confía en absoluto” en sus legisladores (Diputados y Senadores).
Lo anterior se confirma si revisamos los porcentajes de participación en los últimos procesos electorales, que no alcanzan ni siquiera el cuarenta por ciento del padrón electoral. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, fue electa con apenas 36 millones de votos, de un total de 98 millones de mexicanos. Por ello desde hace décadas se han planteado diferentes modificaciones constitucionales en materia electoral, para perfeccionar el sistema de representación política desde la raíz.
La misma Claudia Sheinbaum envió en estos días al Congreso, su iniciativa de reforma electoral, que entre otras cosas consideraba la eliminación de los plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y órganos electorales. Aunque la presidenta se dijo confiada en su aprobación, esta semana vimos el primer descalabro legislativo de su gobierno, tras ser votada en contra, en la Cámara de Diputados, por sus principales aliados electorales: el PT y el PVEM; esos dos satélites que aunque políticamente no aportan nada a su movimiento, sí representan votos en lo práctico.
Ahora bien, el episodio de la Cámara de Diputados abre una interrogante. Si era sabido que ambos partidos rechazarían la reforma de la presidenta, porque ésta atentaba directamente contra sus intereses (financiamiento y pluris), ¿por qué aventurarse al descalabro legislativo?, ¿qué gana en lo político y en lo público la titular del Ejecutivo, con este resultado?. Y es que si bien se trata de un escenario que rompe la inercia del Congreso que veníamos viendo desde el sexenio anterior, de mayoriteo; Claudia Sheinbaum tiene en su manos hoy el pretexto perfecto para sacudirse a esos “aliados” que han vivido por años de la popularidad del movimiento que hoy gobierna el país.
Como en el caso de la reforma judicial, nuestro país necesita una reforma electoral consensuada, producto de la voluntad ciudadana y que sea discutida ampliamente por las diferentes fuerzas políticas. Contrario a ello, como señala José Woldenberg, ex consejero electoral, lo que hemos visto en los últimos años son reformas electorales desde el poder político y para el poder político. Esfuerzos encaminados a preservar el poder para unos cuantos, excluyendo al elemento central de la democracia: el ciudadano.
Lo cierto es que son los partidos políticos (y sus dirigencias) quienes definen las candidaturas a los diferentes puestos de representación popular y quienes administran los miles de millones de pesos, producto de los impuestos de todas y todos. Lo visto esta semana en la Cámara de Diputados representa un parteaguas en la relación política entre la Presidenta y sus aliados, sí; pero también deja abierta una discusión en la que la sociedad civil ha sido excluida. De uno y otro bando existe una lucha de intereses, pero al ciudadano no se le ha tomado en cuenta en este debate.
Una reforma electoral efectiva tiene que abrir nuevas posibilidades y esquemas de representación política, al tiempo que fortalece los equilibrios, sanos y necesarios en cualquier democracia moderna. Y aunque no todo está perdido para la reforma de la Presidenta, lo cierto que presenciamos el primer disenso político al interior del llamado movimiento de la Cuarta Transformación. Lo que sigue es preguntarnos si el divorcio legislativo se traducirá a las urnas, para bien o para mal del partido que hoy gobierna México.
