Justicia y Derechos Humanos: El fiscal que ensució el caso al querer limpiarlo

El fiscal Manuel Alonso García salió a declarar que no existen indicios de tortura en el caso de Carlos Darío. Lo dijo con la autoridad que le confiere el cargo, con la soltura de quien ha aprendido a moverse en las conferencias de prensa, y con la aparente intención de cerrar un episodio que, para la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, debería haberse convertido ya en historia pasada.

No lo es. Y no lo será, aunque el fiscal siga hablando.

EL PROBLEMA DE SER JUEZ Y PARTE

Hay una trampa lógica en el corazón de la declaración fiscal: la institución que descarta la tortura es la misma institución señalada como responsable de haberla cometido. Cuando Manuel Alonso García dice que ‘no hay indicios’, no está pronunciando un veredicto técnico: está actuando como juez en causa propia.

El sistema acusatorio mexicano, ese mismo sistema que la Fiscalía invoca cuando le conviene, parte de un principio elemental: nadie puede ser imparcial en su propio caso. Esa es la razón por la que existe la Fiscalía General de la República como instancia supraestatal; esa es la razón por la que especialistas en derechos humanos ya advirtieron, en los días posteriores a la liberación de Carlos Darío, que la denuncia por tortura debería tramitarse ante la FGR o incluso ante instancias internacionales, precisamente por los problemas estructurales de parcialidad que presenta la FGEA al investigarse a sí misma.

Cada vez que el fiscal toma el micrófono para descartar la tortura sin haber abierto una investigación independiente y creíble, no produce claridad: produce ruido institucional, estrategia a la que este fiscal está muy acostumbrado a acudir para evitar la rendición de cuentas y la trasparencia. Es el equivalente procedimental de lo que Pierre Bourdieu llamaría violencia simbólica: usar la autoridad legítima de un cargo para clausurar un debate que todavía no ha comenzado formalmente.

EL ESTADO DEL PROCESO: DÓNDE ESTAMOS

Para quien sigue el caso desde el inicio, conviene precisar el estado actual. Carlos Darío fue detenido el 8 de mayo de 2026, sin orden de aprehensión, por agentes ministeriales de la FGEA frente a su domicilio. Permaneció incomunicado varios días, su madre llegó a buscarlo hasta el SEMEFO, hasta que confirmaron su presencia en el CERESO varonil. La imputación inicial por daños derivados de la protesta del 6 de mayo contra la visita de Isabel Díaz Ayuso mutó, en cuestión de días, a una acusación por narcomenudeo: la Fiscalía sostuvo que dos personas detenidas previamente con sustancias ilícitas lo señalaron como proveedor.

El 22 de mayo Carlos Darío fue puesto en libertad. No porque la Fiscalía reconociera error alguno, sino porque el proceso avanzó hasta ese punto. Hoy enfrenta en libertad un proceso penal activo por presuntos delitos contra la salud. El caso no está cerrado: está suspendido en esa zona liminal del sistema acusatorio donde el imputado recupera su libertad ambulatoria pero carga con la persecución penal como marca permanente de su condición.

Eso significa que Carlos Darío sigue siendo, técnicamente, un imputado. Que las audiencias continúan. Que la acusación no ha sido retirada. Que la Fiscalía que lo detuvo sin orden, que lo mantuvo incomunicado, que mutó los cargos en su contra, es la misma Fiscalía que hoy sale a decir que no hubo tortura y que, simultáneamente, mantiene activo el proceso penal que justificó todo lo anterior.

LA VÍCTIMA YA FUE PRODUCIDA

Este es el argumento central que el fiscal, conscientemente o no, omite en su declaración: la víctima ya existe, independientemente de lo que los peritos determinen sobre el estado físico de Carlos Darío.

Una persona fue detenida sin orden judicial. Fue mantenida incomunicada durante días. Se le fabricó según la versión de su familia y de los colectivos que acompañan el caso una acusación distinta a la original. Su madre buscó en hospitales y en el SEMEFO antes de saber dónde estaba su hijo. Durante los presuntos actos de tortura, según el testimonio de Rosa Elena Castillo, a Carlos Darío le TORTURARON con el fin de preguntar por sus contactos, por los participantes en la protesta, por los integrantes de las organizaciones. El daño psicológico denunciado por su propia madre no requiere que los peritos de la Fiscalía lo certifiquen para ser real.

Todo eso ya ocurrió. El fiscal puede descartar la tortura física porque es lo que se esera que diga alguien al que se le esta cuestionando su trabajo y su integridad como autoridad en funciones. No puede deshacer la detención arbitraria. No puede borrar la incomunicación. No puede revertir el cambio de imputación. No puede restituir los días que la familia buscó a un joven que ya estaba en manos del Estado. No puede eliminar el proceso penal que hoy pende sobre Carlos Darío como una espada.

La pregunta no es si hubo o no hubo tortura en los términos estrechos que la Fiscalía querría definir. La pregunta es por qué una persona llegó a ese punto. Y esa pregunta, el fiscal no la ha respondido. No la ha intentado responder. En cambio, sale a dar declaraciones que tienen la forma de respuesta sin tener el fondo. Insisto, su estrategia consiste en hacer ruido y conservar la amenaza latente del uso de la violencia del Estado contra las voces disidentes, eso es VIOLENCIA SIMBÓLICA CON FINES POLÍTICOS.

LAS DECLARACIONES QUE ENSUCIAN

Hay momentos en que el silencio institucional es más honesto que las declaraciones. Cuando la Fiscalía guarda silencio, al menos no miente activamente. Cuando sale a descartar la tortura sin investigación independiente, hace algo más grave: produce la apariencia de esclarecimiento donde no hay ninguno.

El fiscal Manuel Alonso García llegó a su cargo en marzo de 2025, con un perfil construido desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En febrero de 2026, el Congreso de Aguascalientes con los votos de PAN, PRI, PRD y PVEM, mientras Morena votó en contra amplió su período a nueve años. Es por diseño institucional, un fiscal blindado: inamovible por casi una década, protegido por la coalición de partidos que gobierna el Estado.

Ese blindaje institucional no lo convierte en un actor imparcial en el caso de Carlos Darío. Lo convierte, en todo caso, en parte del entramado que debe ser investigado. Y su declaración de que ‘no hay indicios de tortura’ no es una conclusión investigativa: es una postura política disfrazada de jerga técnica.

Lo que falta

El caso Carlos Darío no está resuelto. Está pausado. Y esa pausa conviene al gobierno estatal, conviene a la Fiscalía, conviene a todos los actores que tienen interés en que este episodio se diluya en el calendario político antes de que alguien lo lleve a una instancia con dientes reales.

Lo que falta es una investigación independiente sobre la detención, la incomunicación y los presuntos actos de tortura, una investigación que no puede conducir la propia FGEA. Lo que falta es que la defensa de Carlos Darío agote o active la vía federal ante la FGR. Lo que falta es que las organizaciones que acompañaron el caso en la calle sostengan la presión hasta que haya una respuesta institucional que no venga del mismo órgano que está señalado como perpetrador.

Lo que sobra en cambio, son las declaraciones del fiscal. Cada vez que habla para descartar lo que no ha investigado, no limpia el caso: lo ensucia más. Porque le da al episodio la forma de algo ya resuelto cuando todavía no ha empezado a resolverse.

Y eso, en términos de lo que le ocurre a Carlos Darío imputado, dañado, señalado, libre pero perseguido, no es irrelevante. Es la diferencia entre justicia y su simulacro.

Nota editorial: Este texto forma parte de la cobertura sostenida de Diálogos en Pluralidad sobre el caso de Carlos Darío, activista detenido el 8 de mayo de 2026 tras participar en una protesta contra la visita de Isabel Díaz Ayuso a Aguascalientes. Los hechos citados provienen de testimonios públicos de familiares, colectivos acompañantes y fuentes periodísticas de circulación nacional. Las declaraciones del Fiscal Manuel Alonso García son de dominio público. El proceso penal en curso es un hecho jurídico verificable.