El Congreso de Aguascalientes se autoflagela: la derrota anunciada del 2% a plataformas digitales

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La caída

En política, pocas escenas revelan tanto como una institución que se desmonta a sí misma. El jueves 6 de marzo de 2026, el Congreso de Aguascalientes enterró por unanimidad el aprovechamiento del 2% a plataformas digitales de reparto —Rappi, Uber Eats, DiDi Food—, reconociendo en su propio dictamen lo que varios analistas y su servidor habíamos advertido desde el primer día: que la medida carecía de sustento técnico, ignoraba el contexto económico del estado y trasladaría su costo real a los actores más vulnerables del ecosistema.

No fue una derrota ordinaria. Fue una autoflagelación institucional.

La misma Comisión de Vigilancia que apenas dos semanas antes había dado el visto bueno a la iniciativa, firmó ahora un dictamen que documentaba —con sus propias palabras— la ausencia total de estudios técnicos que respaldaran la propuesta. Claro porque desde el principio era una idea atractiva para recaudar pero que nunca consideró las problemática actual por la que pasa el estado, que se encuentra en medio de  una inflación del costo de la vida con una burbuja especulativa de bienes inmuebles, a la que se le suma la crisis económica de generada por la dependencia con Nissan. En pocas palabras y a pesar de los discursos oficiales la crisis económica está aquí y no se observan estrategias políticas y menos aún estímulos para el mercado para controlar las escaladas de precios y la especulación en los bienes raíces.

La gobernadora Tere Jiménez ante estos hechos tomó la decisión de usar su derecho constitucional de vetó contra el decreto, señalando falta de análisis y de diálogo con el sector empresarial. El Congreso aceptó las observaciones en su totalidad. La diputada coordinadora panista, Alma Hilda Medina, cerró la discusión con un epitafio político: el tema no será retomado. 

Lo que el análisis propio anticipó

El 18 de febrero, diecisiete días antes del entierro legislativo, este espacio publicó un análisis que argumentaba exactamente lo que el Congreso terminaría confesando.

El texto —titulado ‘El 2% a plataformas digitales: un gravamen popular que llega en el peor momento’— sostenía que la medida era jurídicamente sólida pero económicamente imprudente, y que su verdadero riesgo no estaba en el porcentaje sino en el momento y en el diseño.

Los tres argumentos centrales de aquel análisis merecen revisarse ahora que los hechos los han validado:

Primero, la ausencia de estudios de impacto. El texto señalaba que la norma prohibía trasladar el costo al usuario o al repartidor, pero que ninguna ley controla la economía. Las plataformas ajustarían comisiones a restaurantes, recortarían incentivos a repartidores y el precio del pedido subiría de facto. El Congreso no había modelado ninguno de esos mecanismos de traslación. En su dictamen de retractación, la Comisión de Vigilancia reconoció exactamente eso: nunca realizaron un estudio técnico que sustentara el impacto económico de la medida.

Segundo, el contexto macroeconómico de Aguascalientes. El análisis documentaba que el estado tenía la mayor inflación inmobiliaria en 16 años —12.1% anual según la Sociedad Hipotecaria Federal—, rentas que subieron hasta 50% en un solo año, e inflación local superior a la media nacional. En ese escenario, gravar el ecosistema de la economía gig no era fiscalmente neutral: era cargar sobre el único colchón de ingresos de miles de familias que ya no podían costear su renta con el salario formal.

Tercero, la trampa de la popularidad gremial. La iniciativa era impulsada por la presión organizada de los concesionarios de transporte, quienes tienen razón en señalar la asimetría fiscal con las plataformas digitales. Pero un argumento sectorial no es política pública. Los repartidores —dispersos, no sindicalizados, sin estructura de cabildeo— no tenían voz en el debate. Los consumidores que pagarían el alza tampoco sabían que la legislatura estaba tomando esa decisión. (Hay que advertirles a los Taxistas, la modernidad los alcanzó y no hay razón válida en el siglo XXI de seguir conservando el sistema de consecuciones de Taxis). 

El problema estructural que persiste

El cierre de este episodio no resuelve ninguno de los problemas que lo originaron. La asimetría fiscal entre plataformas digitales y transporte concesionado es real. La infraestructura vial de Aguascalientes se desgasta y alguien debe contribuir a su mantenimiento. Y la economía gig opera en un vacío regulatorio que perjudica tanto a trabajadores como al fisco.

Lo que el episodio demostró es que el Congreso del Estado no tiene —o no utilizó— la capacidad técnica para legislar en materia fiscal compleja con efectos sistémicos. Aprobó una medida sin modelar sus consecuencias, sin consultar al sector afectado, sin establecer mecanismos de verificación del traslado y sin considerar el contexto inflacionario del estado que regula. Cuando el Ejecutivo vetó y pidió cuentas, el Congreso no pudo defenderla porque no existía defensa posible: nunca hubo análisis.

La pregunta que Aguascalientes debería estar haciéndose no es si el 2% era justo o injusto. Es si su Congreso está legislando con rigor o con urgencia política.

Una lección de economía política

Este ciclo —iniciativa apresurada, presión de un gremio organizado, aprobación sin estudios, veto ejecutivo, retractación unánime— es el retrato de un proceso legislativo que opera con lógica electoral, no con lógica de política pública. Los concesionarios de transporte tienen votos, presencia y capacidad de presión. Los repartidores de Rappi son invisibles en los pasillos del Congreso. Los consumidores nunca supieron lo que estaba pasando.

El resultado fue predecible desde el inicio, y de hecho fue predicho. Pero el Congreso necesitó el veto de la gobernadora —no el análisis disponible públicamente— para reconocer lo que ya estaba escrito.

Cuando las instituciones solo aprenden por la fuerza del veto y no por la fuerza del argumento, el costo no lo paga la institución. Lo pagan quienes dependen de que esas instituciones funcionen bien. En esta ocasión bien por la gobernadora y su equipo que frenaron una iniciativa que dañaba más el tejido social que lo que pretendía arreglar. 

Cronología de un error anunciado

Lo que sigue

El debate de fondo no ha desaparecido. Las plataformas digitales seguirán usando la infraestructura urbana sin contribuir al mismo nivel que el transporte concesionado, y lo que no han considerado es que en cada viaje en plataforma genera impuestos a diferencia de los viajes en el transporte concecionado, por lo que a largo plazo, es claro que la plataformas recaudan y pagan más al erario que los Taxis. 

La burbuja inmobiliaria de Aguascalientes seguirá presionando a las familias que dependen de la economía gig. Y la brecha entre el crecimiento económico del estado y la capacidad de sus trabajadores para pagar donde vivir seguirá ensanchándose.

Pero si el Congreso quiere legislar sobre este ecosistema con legitimidad, el primer requisito no es un porcentaje diferente ni un mejor momento político. Es hacer el trabajo. Estudios de impacto serios, mecanismos reales de verificación del traslado, compensaciones para los repartidores, extensión del gravamen a la logística tradicional para sobrevivir la prueba del T-MEC, y una cláusula de revisión que responda al comportamiento de la inflación local.

Sin eso, cualquier versión futura de esta iniciativa llegará al mismo destino que la de hoy. La diferencia es que la siguiente vez ya no podrá decirse que nadie lo avisó.