Lo que no se mide no se gobierna: el tablero completo del desarrollo estatal

En las dos entregas anteriores de esta serie sostuve dos argumentos que se encadenan. Primero: que los estados mexicanos simulan el desarrollo porque sus indicadores miden el tamaño de la economía pero no su capacidad de transformar vidas. Segundo: que el desarrollo humano no es una meta declaratoria sino un criterio operativo que debería guiar las decisiones de asignación en las instituciones de fomento. Esta tercera entrega lleva esos argumentos a su conclusión practica: si lo que se quiere producir es bienestar sostenible y no solo crecimiento del producto, el tablero de indicadores tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de manera especifica, no retórica. 

La frase que estructura este ensayo es de una sencillez que puede pasar inadvertida: lo que no se mide no se gobierna. No es un aforismo motivacional. Es una descripción técnica de cómo funcionan las instituciones publicas. Un gobierno que solo mide PIB, inversión y empleo formal tiene mandato institucional para gestionar exactamente eso: PIB, inversión y empleo formal. Todo lo demás demas –la calidad de ese empleo, la movilidad social que genera, la salud de las comunidades próximas al corredor industrial, la educación a la que acceden los hijos de esos trabajadores– queda fuera del tablero y por tanto fuera del mandato. No porque a nadie le importe, sino porque el sistema de información no lo registra y la institucionalidad no sabe cómo responder a lo que no registra.

La primera idea: ampliar los indicadores es una corrección técnica, no una concesión ideológica

Hay una resistencia común en los equipos de gestión económica frente a la propuesta de incorporar indicadores de desarrollo humano: se percibe como una demanda del discurso social progresista que entra en tensión con la lógica de eficiencia y resultados. Esa resistencia malentiende el argumento. Incorporar indicadores de bienestar, de calidad del empleo y de cohesión social no debilita la evaluación económica. La completa.

El razonamiento es el siguiente. Si el objetivo de una política de desarrollo regional es que el territorio crezca de manera sostenible –que atraiga inversión, que retenga talento, que genere ecosistema productivo estable–, entonces las variables que determinan si ese objetivo se alcanza no son sólo las variables de producción. Son también las variables que determinan si los trabajadores se quedan o se van, si las familias pueden educarse y atenderse en el propio estado o si tienen que salir para hacerlo, si las comunidades tienen condiciones para reproducirse o si se vacían. Un territorio que crece en producción pero pierde población joven, que tiene plantas activas pero familias en pobreza, que reporta empleo formal pero con rotación del cuarenta por ciento, no está en camino de desarrollo sostenible. Está consumiendo su propio capital humano.

Medir eso no es hacer concesiones al discurso de la inclusión social. Es reconocer que las economías regionales son sistemas donde lo social y lo productivo están articulados, no separados. Y que un sistema de información que solo registra la mitad de esa articulación produce decisiones con la mitad de la información disponible.

Los tres niveles donde el tablero tiene que ampliarse

Propongo organizar en tres niveles que van de lo más cercano a las personas hacia lo más cercano al territorio como unidad económica. No son niveles jerárquicos –los tres importan– sino analíticos, para clarificar qué tipo de decisión informa cada conjunto de indicadores.

El primer nivel es el de las personas. Aquí los indicadores que faltan son los que capturan lo que efectivamente puede hacer alguien con el empleo que tiene. El ingreso promedio no sirve: sirve el ingreso mediano por decil y por municipio, porque el promedio puede ser razonable mientras la mediana del decil inferior está en el salario mínimo. La esperanza de vida al hacer desagregada por municipio, porque puede haber diez años de diferencia entre el municipio con corredor industrial y el municipio rural del mismo estado. Los años de escolaridad efectiva –no de inscripción formal– de la población entre quince y veintinueve años, porque un joven que está inscrito pero no aprende no está acumulando capital humano. Y el acceso real a servicios de salud más allá de la afiliacion: si una persona tiene número de seguro social pero el centro de salud más cercano está a dos horas de camino y no tiene especialistas, la afiliación no le da salud.

El segundo nivel es el del empleo como trayectoria, no como snapshot. Los indicadores actuales miden cuantos trabajan en un momento dado. Lo que no miden es si ese trabajo construye algo para quien lo hace. La tasa de rotación laboral por sector y por corredor industrial es el indicador más revelador que casi nadie publica: una empresa con rotación del cuarenta por ciento anual no está generando clase trabajadora, está procesando fuerza de trabajo de paso. El porcentaje de trabajadores que recibió capacitación certificable en los últimos doce meses. La diferencia salarial entre quien lleva menos de un año en una empresa y quien lleva cinco: si no hay diferencia apreciable, no hay trayectoria. Y el porcentaje de trabajadores que ascendió de categoría en los últimos tres años dentro de la misma empresa o sector.

El tercer nivel es el del tejido productivo como ecosistema social. Aquí los indicadores miden si el crecimiento de las empresas está construyendo o no un entorno económico que sostenga a las familias y comunidades del territorio. El porcentaje de insumos de origen local en las empresas instaladas: si una planta importa todo, su multiplicador económico local es mínimo independientemente de su volumen de producción. El número de proveedores locales generados por empresa ancla en los últimos tres años. La tasa de supervivencia de las Pymes a tres y cinco años en el municipio, porque un ecosistema que genera empresas que no duran no está construyendo tejido sino rotando fracasos. Y la cobertura de servicios educativos técnicos y vocacionales en los municipios donde se concentra el empleo industrial, porque si los hijos de los trabajadores de la planta no tienen donde formarse técnicamente en su propio municipio, la siguiente generación tendrá que irse o conformarse con el mismo nivel de entrada que sus padres.

La segunda idea: la diferencia entre crecer como empresa y crecer como sociedad

Esta distinción es el núcleo de todo el argumento de la serie. Y vale la pena hacerla con precisión porque en el debate público se confunde con frecuencia.

Una empresa crece cuando aumenta su producción, sus ventas, su rentabilidad o su participación de mercado. Ese crecimiento puede ocurrir –y frecuentemente ocurre– reduciendo costos laborales, sustituyendo empleo local por automatización, relocalizando operaciones hacia territorios de menor costo, o externalizando funciones que antes generaban empleo formal. Todo eso es crecimiento empresarial legítimo desde la lógica del mercado. Ninguno de esos mecanismos produce automáticamente desarrollo social.

Una sociedad crece cuando sus miembros amplían sus capacidades reales: cuando mas personas pueden acceder a educación de calidad, cuando el ingreso de los estratos medios y bajos se eleva en términos reales, cuando la esperanza de vida sube porque mejora el acceso a salud, cuando la movilidad intergeneracional –la posibilidad de que los hijos vivan mejor que los padres– se mantiene o aumenta. Ese crecimiento requiere condiciones que el mercado no produce espontáneamente: requiere instituciones, infraestructura, política pública deliberada y sistemas de medición que permitan saber si se está avanzando o no.

La trampa en que caen muchas políticas de desarrollo estatal es asumir que el crecimiento empresarial produce automáticamente crecimiento social. En algunos contextos y con las condiciones adecuadas, puede haber una correlación positiva. Pero no es automática ni garantizada. Un corredor industrial puede triplicar su producción en cinco anos mientras la desigualdad interna del municipio donde opera aumenta, mientras los servicios públicos siguen deteriorados porque la recaudación local no crece al mismo ritmo que la producción, y mientras los jóvenes del municipio siguen migrando porque el empleo disponible no requiere ni paga las calificaciones que podrían adquirir si se quedaran.

Medir ambos tipos de crecimiento de manera separada y sistemática es lo que permite identificar cuando están alineados y cuando no. Cuando no lo están, la política pública puede intervenir para cerrar la brecha: vinculando apoyos institucionales a compromisos de encadenamiento local, condicionando beneficios fiscales a indicadores de calidad del empleo, priorizando infraestructura en los municipios donde la brecha entre producción y bienestar es mayor. Pero nada de eso es posible si el sistema de información no registra la brecha.

Por qué esto importa desde la institución de fomento

Desde mi posición como director de una institución de desarrollo industrial, este argumento no es teórico. Tiene consecuencias directas en cómo se evalúan los proyectos, cómo se diseña el acompañamiento a empresas y como se rinde cuentas del trabajo institucional.

Si el único criterio de evaluación del fideicomiso es cuanta inversión atrajimos, cuantas empresas instalamos y cuantos metros cuadrados de nave industrial están ocupados, el incentivo institucional apunta en una dirección: maximizar esas cifras. Eso puede llevar a aprobar proyectos que generan números favorables en esos indicadores pero que no construyen ecosistema, no desarrollan proveedores locales y no mejoran las condiciones de los trabajadores de la región.

Si en cambio el sistema de evaluación incluye indicadores de encadenamiento productivo, de calidad del empleo generado, de formación de capital humano en el territorio y de impacto en el ingreso real de los estratos trabajadores de los municipios de influencia, el incentivo institucional cambia. No porque cambie la misión formal de la institución, sino porque cambia lo que se mide como éxito. Y lo que se mide como éxito determina, a mediano plazo, las decisiones que se toman.

Eso es exactamente lo que propone esta serie desde su primera entrega: que el problema de la simulación del desarrollo no se resuelve solo con más honestidad ni con más voluntad política. Se resuelve con mejores sistemas de medición que capturen lo que realmente importa producir, y con instituciones que tengan la capacidad técnica y el mandato explícito de actuar sobre lo que esos sistemas revelan.

Una propuesta concreta para cerrar

Si tuviera que reducir esta tercera entrega a una propuesta operativa, sería la siguiente: cada institución de fomento económico estatal debería publicar anualmente, junto a sus indicadores de produccion e inversion, un reporte de desarrollo territorial que incluya al menos cinco variables del nivel de las personas, cinco del nivel del empleo como trayectoria y cinco del nivel del tejido productivo como ecosistema social. No como apéndice ni como sección de responsabilidad social corporativa. Como parte central del balance institucional, con la misma jerarquía que los indicadores de inversión.

Ese reporté no tendría que ser perfecto desde el primer año. Podría comenzar con datos imperfectos, con brechas de información reconocidas explícitamente, con metodologías en construcción. Lo que importa no es la perfección técnica inicial sino la decisión de medir, porque la decisión de medir es ya una decisión de gobernar. Es la declaración institucional de que lo que le pasa a la gente importa tanto como lo que produce la economía. Y que ambas cosas, aunque distintas, están irreversiblemente conectadas.

Una sociedad que crece sólo en sus empresas sin crecer en sus personas no está desarrollándose. Está acumulando producción sin acumular futuro. El tablero tiene que decirlo. Y alguien tiene que estar dispuesto a leerlo