Cuando un trámite consume el día

Una persona pide permiso en su trabajo para renovar una licencia, hace fila, descubre que le falta una copia y tiene que volver otro día. La escena es ilustrativa, no un testimonio, pero resulta familiar: detrás de cada trámite hay tiempo, traslados, requisitos y, a veces, costos que pesan en una familia o en un negocio pequeño.

Ese es el terreno donde cae la firma del 27 de octubre de 2026. Según el boletín municipal, el presidente Leo Montañez firmó la carta de adhesión al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con Laura Jiménez Castro, secretaria de Administración; María Araceli Rosales Saracco, jefa del Departamento de Mejora Regulatoria, y Gustavo Segura Avelar, jefe de Enlaces Municipales de la Secretaría estatal de Innovación y Gobierno Digital. La pregunta es qué significa y cómo sabremos si funciona.

¿Qué es el pacto y qué dice la ley?

La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, obliga a los tres órdenes de gobierno a simplificar, homologar y digitalizar trámites. El pacto es el instrumento con que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) busca aterrizarla: según la propia Agencia, los estados lo firmaron a mediados de agosto de 2026 y los municipios comenzaron a hacerlo al día siguiente. Incluye diez compromisos y un Catálogo Único de 300 trámites estatales y 100 municipales.

El boletín de Aguascalientes no precisa cuáles de esos compromisos asumió el Municipio ni menciona el catálogo. Tampoco localicé la carta de adhesión ni un convenio.

Cinco ideas para entenderlo

• Simplificación: reducir trámites, requisitos y tiempos. No implica suprimir todo requisito legal: la ley pide que sean proporcionales al riesgo (art. 6).
• Homologación: que un mismo trámite pida lo mismo en distintos lugares (art. 19, fr. XIII).
• Digitalización: solo de trámites previamente simplificados y sin trasladar costos a las personas (arts. 19, fr. XI, y 58).
• Coordinación: la ATDT afirma que la estrategia no modifica las competencias de estados y municipios.
• Transparencia: el Portal Ciudadano Único concentra los trámites y ninguna autoridad debería exigir requisitos no registrados allí (art. 51 de la ley; art. 129 de los Lineamientos).

Adherirse no equivale a eliminar trámites de inmediato ni garantiza que todo pueda hacerse desde el celular.

Qué compromete al Municipio y qué falta por saber

Lo documentado es lo que dice el boletín: impulsar acciones para simplificar requisitos y reducir tiempos, integrar modelos de homologación alineados al marco nacional y poner “la tecnología y la eficiencia al servicio de la ciudadanía”, con transparencia, resguardo de datos y rendición de cuentas. No hay lista de trámites, plazos, metas ni responsables.

La ley sí marca dónde deberían aparecer. Cada sujeto obligado debe presentar en enero y julio una Agenda de Simplificación y Digitalización con calendario, metas e indicadores (arts. 21 y 22; Lineamientos, art. 29), abierta a consulta pública durante 20 días, y reportar sus avances con evidencia. Los municipios debían crear su autoridad de simplificación en 180 días desde la entrada en vigor (transitorio 14), plazo vencido a inicios de 2026. No hallé publicadas la Agenda municipal ni esa autoridad.

Hay antecedentes: reportes previos mencionan un reglamento y un consejo de mejora regulatoria, un centro de pagos en línea y trámites de construcción con firma electrónica. Son bases útiles, no resultados del pacto. En competencias, al Municipio le corresponden sus trámites; la ATDT define lineamientos y administra el Portal, y los municipios con pocas capacidades técnicas pueden apoyarse en la ATDT o en el Estado (art. 25).

¿Cómo podría cambiar la vida de las personas?

La ley busca que no se pidan documentos que la propia autoridad expide ni copias simples, que se fusionen trámites relacionados y que existan opciones de pago digital (art. 19). Si se aplica, podría evitar presentar varias veces el mismo papel, conocer los requisitos antes de salir de casa y reducir visitas presenciales. Para quien trabaja por su cuenta, tiene un comercio pequeño o hace gestiones familiares con poco tiempo, el beneficio dependerá de la implementación. El punto de partida pesa: según la exposición de motivos de la iniciativa de ley, 52 % de las personas hacía trámites en oficinas y 16 % por medios digitales.

Digitalizar no significa excluir

Una plataforma puede ahorrar traslados, pero también convertirse en barrera para quien no tiene internet estable, vive con una discapacidad o tiene pocas habilidades digitales. La ley prevé accesibilidad, usabilidad y multicanalidad (plataformas, teléfono, ventanillas) y canales de asistencia (arts. 6 y 13, fr. XVIII). Mantener atención presencial o asistida, lenguaje claro y vías para corregir errores es condición de igualdad de trato, no un lujo.

Datos personales, seguridad y rendición de cuentas

Más trámites en línea significa más datos circulando. La ley exige seguridad de la información, consentimiento para usar documentos del Expediente Digital y responsabilidad de cada autoridad sobre los datos que recaba (arts. 25, 76 y 82); aplica además la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de marzo de 2025. No encontré documentos que acrediten una infraestructura específica de ciberseguridad municipal, por lo que conviene preguntar por avisos de privacidad, controles de acceso y protocolos ante incidentes. La eficiencia no se mide por cuántos formularios están en línea, sino por si funcionan, son confiables y resuelven.

¿Cómo se podrá medir el cumplimiento?

Indicadores que convendría consultar o implementar (no hay datos oficiales publicados):

• Trámites revisados, simplificados o eliminados.
• Requisitos suprimidos o unificados.
• Tiempo promedio de resolución antes y después.
• Porcentaje de gestiones completamente en línea.
• Trámites con requisitos y plazos publicados con claridad.
• Disponibilidad y accesibilidad de los canales digitales.
• Quejas, errores y solicitudes de apoyo por las plataformas.
• Satisfacción de las personas usuarias, con instrumentos transparentes.

Hay dos cortes verificables: la Agenda con su informe semestral y el informe anual que las autoridades locales deben enviar a la ATDT antes del 31 de enero (Lineamientos, art. 16).

Del compromiso al servicio público

El valor de la adhesión se medirá en la ventanilla, no en la fotografía. Existe la oportunidad de convertir la simplificación en una mejora cotidiana, pero la ciudadanía necesita saber qué trámites, en qué plazos y a cargo de quién. Modernizar el gobierno no consiste en trasladar formularios a una pantalla: es revisar procedimientos para que las personas ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con menos obstáculos, sin perder protección jurídica ni acceso a la atención pública.

Fuentes consultadas

1. “Firma Leo Montañez carta de adhesión al Pacto Nacional para eliminar trámites burocráticos”. Sala de Prensa Aguascalientes (Municipio). 27 oct. 2026. https://saladeprensags.com/2026/10/27/firma-leo-montanez-carta-de-adhesion-al-pacto-nacional-para-eliminar-tramites-burocraticos/