¿URBANISMO SOCIAL PARA CONSTRUIR CIUDADES HUMANAS?

La ciudad como sistema: liderazgo, diversidad y acción colectiva
Normalmente confundimos el crecimiento urbano con el desarrollo de las ciudades. Vemos que construyen fraccionamientos, avenidas, pasos a desnivel, centros comerciales y conjuntos habitacionales, y pensamos en una ciudad que crece necesariamente, y eso lo traducimos en progreso.
Sin embargo, la experiencia en el caso de muchas ciudades en el mundo, demuestra otra cosa, no siempre es así. Una ciudad puede aumentar su infraestructura, atraer inversiones y extender su territorio urbanizado mientras profundiza las desigualdades sociales, multiplica los tiempos de traslado, encarece la vivienda y reduce las oportunidades de convivencia entre sus habitantes.
La pregunta, por tanto, no debería limitarse a cuánto crecerán nuestras ciudades durante los próximos veinte o treinta años, sino qué tipo de ciudades queremos construir, para quiénes y bajo qué principios de justicia territorial.
Esta reflexión nos conduce a un concepto de planeación urbana que busca reconocer que las calles, las viviendas, los parques, los sistemas de transporte y los equipamientos públicos no son simples componentes físicos de una ciudad, sino que son instrumentos capaces de modificar las relaciones sociales, ampliar oportunidades y contribuir a reducir desigualdades.
Por lo tanto, construir ciudades humanas significa colocar a las personas en el centro de las decisiones territoriales y reconocer que la ciudad es, antes que cualquier otra cosa, una construcción colectiva.
I. La ciudad como sistema: mucho más que calles y edificios
La ciudad, hoy, es un sistema complejo de relaciones sociales, económicas, territoriales, ambientales, políticas e institucionales.
Ninguna intervención urbana funciona de manera aislada. Una nueva avenida puede mejorar la circulación vehicular, pero también estimular la expansión periférica. Un desarrollo habitacional puede aumentar la oferta de viviendas, pero generar nuevos problemas cuando se localiza lejos del empleo, las escuelas y los servicios de salud.
De la misma manera, un parque puede recuperar un espacio deteriorado, pero si no cuenta con mecanismos de mantenimiento, seguridad y apropiación comunitaria, su impacto social puede resultar limitado, y muchas de las veces adverso.
Por eso, la planeación urbana necesita abandonar la visión fragmentada de las obras públicas y avanzar hacia un enfoque integral del territorio.
Las ciudades mexicanas enfrentan problemas estructurales que requieren esta nueva lectura: crecimiento disperso, segregación residencial, desigualdad en el acceso a servicios, dependencia del automóvil, encarecimiento del suelo y debilitamiento de los espacios de convivencia.
El problema no es solamente físico. Es también institucional. Cuando las decisiones sobre vivienda, transporte, desarrollo económico, medio ambiente y equipamiento se toman de manera independiente, terminamos construyendo ciudades donde cada dependencia resuelve una parte del problema, pero nadie se hace responsable del funcionamiento del conjunto.
Una ciudad humana requiere una visión compartida, decisiones sustentadas en evidencia y continuidad institucional más allá de los periodos de gobierno.
Esto exige utilizar información territorial: dónde vive la población, dónde trabaja, cuánto tiempo invierte en desplazarse, qué colonias carecen de equipamiento, dónde se concentra el valor del suelo y cuáles son las zonas con mayores necesidades sociales.
Los datos deben permitir identificar desigualdades, pero también orientar la inversión pública hacia los territorios donde puede producir mayores beneficios colectivos.
II. Medellín: cuando la transformación urbana comienza en los territorios olvidados
La experiencia de la ciudad de Medellín, Colombia, constituye una referencia para comprender cómo la intervención pública puede intentar modificar las condiciones de desigualdad territorial.
Esta ciudad impulsó una estrategia de urbanismo social mediante proyectos urbanos integrales, sistemas de transporte, equipamientos educativos y culturales, y recuperación de espacios públicos en sectores históricamente marginados.
El principio era relevante: dirigir inversiones públicas de calidad hacia comunidades que durante décadas habían experimentado carencias de infraestructura y dificultades de conexión con el resto de la ciudad.
Los Proyectos Urbanos Integrales articularon diferentes intervenciones, entre ellas parques biblioteca, mejoramientos de los barrios, espacios comunitarios y conexiones de transporte como el Metrocable.
La transformación no consistía simplemente en construir edificios o instalar sistemas de movilidad. Se buscaba modificar la relación entre el territorio y sus habitantes, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la presencia institucional.
Sin embargo, Medellín también plantea preguntas que no debemos ignorar. ¿La inversión en infraestructura es suficiente para superar la pobreza? ¿Cómo evitar que la valorización inmobiliaria termine desplazando a los habitantes originales? ¿De qué manera se garantiza el mantenimiento de las intervenciones y la continuidad de los programas sociales?
La transformación física no equivale automáticamente a transformación social. Los resultados deben evaluarse también mediante empleo, educación, seguridad, permanencia residencial y oportunidades económicas.
La enseñanza de la ciudad de Medellín no debería ser copiar sus obras emblemáticas, sino comprender la lógica de intervención territorial: identificar los sectores con mayores rezagos, concentrar esfuerzos institucionales y vincular infraestructura con desarrollo comunitario.
III. Barcelona: recuperar la calle para la vida cotidiana
En el caso de otra ciudad, como es Barcelona, la discusión urbana ha girado en torno a una pregunta distinta, pero complementaria: ¿cuánto espacio de nuestras ciudades debe seguir destinado al automóvil y cuánto debería recuperarse para las personas?
El modelo de las supermanzanas propone reorganizar la circulación vehicular, reducir el tránsito de paso y recuperar calles para peatones, ciclistas, áreas verdes y actividades comunitarias.
La OCDE describe este modelo mediante ámbitos de aproximadamente 400 por 400 metros, en los cuales se reorganiza la prioridad de movilidad y se restringe la circulación vehicular de paso.
Las evaluaciones de las primeras intervenciones encontraron mejoras percibidas en tranquilidad, bienestar, interacción social y calidad del espacio público, aunque también diferencias en los resultados entre las zonas estudiadas.
El significado de esta experiencia trasciende el diseño de las calles.
Barcelona nos invita a cuestionar una idea profundamente arraigada en la planeación: que el espacio público debe organizarse principalmente para facilitar la circulación de vehículos.
Durante décadas hemos diseñado avenidas más anchas, intersecciones de mayor capacidad y estacionamientos más extensos, mientras las banquetas, los árboles y los espacios de convivencia permanecen subordinados.
Pero una ciudad no debería medirse solamente por la velocidad con que circulan sus automóviles. También debería evaluarse por la seguridad con que camina una niña o un niño a la escuela, por la posibilidad de que una persona mayor descanse bajo la sombra de un árbol o por la facilidad con que una persona con discapacidad puede desplazarse sin obstáculos.
La experiencia nos lleva a tener que plantear la redistribución del tránsito, las necesidades logísticas, los costos de intervención y los efectos sobre la actividad económica exigen una evaluación cuidadosa. Para recuperar un espacio para las personas requiere transformar simultáneamente la movilidad, la gestión urbana y la manera en que utilizamos la calle.
IV. San Pedro Garza García: las dificultades de transformar una ciudad existente
En México tenemos como ejemplo: el Centrito Valle que ofrece una experiencia útil para comprender las tensiones que acompañan a los proyectos de regeneración urbana. En este caso la intervención buscó recuperar condiciones de movilidad peatonal, accesibilidad, seguridad vial y convivencia en un sector comercial consolidado.
Para el año 2022, el gobierno municipal realizó ejercicios de urbanismo táctico con modificaciones temporales en banquetas y espacios de circulación, acompañados de talleres y recorridos con vecinos y comerciantes.
Sin embargo, la implementación enfrentó dificultades contractuales, retrasos y cuestionamientos sobre la ejecución de las obras. También se reportaron observaciones de auditoría relacionadas con diversos proyectos de infraestructura, incluido Centrito Valle. Estas observaciones deben distinguirse de cualquier determinación definitiva de responsabilidad.
Ya para julio de este año 2026, el municipio presentó la estrategia VUELVE A CENTRITO, orientada a recuperar la actividad comercial, cultural y comunitaria del sector, con participación de vecinos y comerciantes. Este caso permite formular una reflexión importante: una intervención puede perseguir objetivos urbanos legítimos y, al mismo tiempo, enfrentar problemas de implementación que comprometan sus beneficios.
Se tiene que enfrentar a las molestias durante las obras, las pérdidas temporales de accesibilidad, la incertidumbre comercial y las dificultades de comunicación que en momentos afectan la confianza de la ciudadanía. De ahí que mi razonamiento sea que: la legitimidad de un proyecto no depende exclusivamente de la calidad de su diseño, sino depende también pde la transparencia presupuestal, la planeación de las etapas constructivas, el cumplimiento de los contratos, la participación efectiva de los afectados y la capacidad de corregir errores.
La participación ciudadana no debe reducirse a presentar proyectos terminados. Debe comenzar desde el diagnóstico y mantenerse durante su ejecución y evaluación. En si los ciudadanos deben involucrarse en todas las etapas del desarrollo.
V. La ciudad de los cuidados: una nueva dimensión de la justicia urbana
Uno de los cambios conceptuales más importantes del urbanismo contemporáneo consiste en reconocer que las ciudades no son utilizadas de la misma manera por todas las personas. La experiencia cotidiana de una mujer que combina trabajo remunerado y responsabilidades familiares puede ser distinta a la de quien realiza un solo trayecto entre su vivienda y su empleo. Una persona mayor, alguien que utiliza silla de ruedas, una madre con carriola o un niño que camina hacia la escuela enfrentan necesidades específicas que frecuentemente no son consideradas por los modelos tradicionales de movilidad.
De ahí surge la importancia de construir una ciudad de los cuidados.
Este enfoque propone organizar los barrios y los servicios para facilitar las actividades indispensables de la vida cotidiana: estudiar, trabajar, comprar alimentos, recibir atención médica, cuidar familiares, descansar y convivir.
Su aplicación exige analizar los recorridos cotidianos y no únicamente los desplazamientos laborales. También requiere banquetas accesibles, cruces seguros, iluminación, transporte público, equipamientos próximos y espacios donde las personas puedan permanecer sin necesidad de consumir.
La perspectiva de género hoy adquiere relevancia, no porque exista una única manera de habitar la ciudad según el género, sino porque las responsabilidades de cuidado y las condiciones de seguridad presentan desigualdades que deben hacerse visibles.
Una ciudad diseñada para los cuidados beneficia a toda la población. Y nos obliga a reconocer una cuestión fundamental: el tiempo de las personas también es un recurso urbano que las políticas públicas deben proteger.
Cuando una familia necesita recorrer grandes distancias para llegar a una escuela, un hospital o un centro de trabajo, la ciudad le impone costos económicos, ambientales y personales que rara vez aparecen en los presupuestos de infraestructura.
VI. Acción colectiva: el ciudadano como protagonista de la transformación
La transformación urbana no puede depender exclusivamente de los gobiernos, aprovechemos las universidades, los colegios de profesionistas, las organizaciones vecinales, los colectivos culturales, las empresas y los ciudadanos deben participar en la construcción de una visión compartida de ciudad, participar no significa necesariamente estar de acuerdo, pero si puede construir consensos y acuerdos.
Los conflictos por el uso del espacio público, la densificación, la movilidad o la construcción de nuevas infraestructuras forman parte de la vida democrática.
La fricción entre intereses puede convertirse en una oportunidad para mejorar los proyectos, siempre que existan mecanismos transparentes de deliberación y negociación.
Una asociación de comerciantes puede advertir problemas que los proyectistas no identificaron. Un colectivo de personas con discapacidad puede revelar barreras de accesibilidad. Los habitantes de una colonia pueden aportar información sobre inundaciones, inseguridad o movilidad que no aparece en los registros oficiales.
El conocimiento técnico es indispensable, pero no sustituye el conocimiento cotidiano del territorio.
Tampoco toda oposición ciudadana representa necesariamente el interés colectivo. Las decisiones públicas deben conciliar derechos, evidencia, impactos distributivos y obligaciones legales.
El desafío consiste en construir instituciones capaces de escuchar, decidir, explicar y rendir cuentas.
El arte público, las intervenciones culturales, los proyectos comunitarios y el urbanismo táctico pueden contribuir a activar espacios y fortalecer identidades barriales. Sin embargo, su permanencia depende de que existan recursos, corresponsabilidad y mecanismos de mantenimiento.
Una ciudad verdaderamente participativa no es aquella donde todas las decisiones se someten indefinidamente a discusión, sino aquella donde las personas tienen oportunidades reales de intervenir, conocer las razones de las decisiones y evaluar sus resultados.
VII. Aguascalientes: de la expansión territorial a la construcción de una ciudad humana
Las experiencias internacionales y nacionales que he citado, adquieren verdadero significado para este artículo, cuando nos permitimos revisar críticamente nuestra propia realidad.
Aguascalientes cuenta con una tradición de planeación urbana y con instrumentos como el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2040 y el sistema municipal de información territorial. El IMPLAN dispone de herramientas cartográficas para consultar zonificación, ordenamiento territorial y programas de desarrollo urbano. Sin embargo, contar con instrumentos de planeación no garantiza por sí mismo una ciudad integrada, accesible y socialmente equilibrada.
La pregunta es si estamos utilizando esas herramientas para anticipar las necesidades de la población o si continuamos reaccionando a las consecuencias del crecimiento.
La expansión habitacional, la movilidad metropolitana, el costo del suelo, la disponibilidad de agua y la distribución de equipamientos deben analizarse como partes de un mismo sistema.
Aguascalientes tiene la oportunidad de incorporar el urbanismo social como un principio rector de sus políticas de desarrollo territorial. Y dejo claro, el objetivo de este texto no es para reproducir el Metrocable de Medellín, las supermanzanas de Barcelona o la regeneración comercial de San Pedro Garza García. Tiene por objetivo alentar el diseño de un modelo propio, adaptado a nuestras condiciones geográficas, económicas, institucionales y culturales.
Ese modelo debería apoyarse en seis transformaciones fundamentales.
Primera: pasar de la planeación de fraccionamientos a la planeación integral de barrios.
Los nuevos desarrollos habitacionales deben concebirse como comunidades completas, con escuelas, parques, comercio de proximidad, equipamientos, transporte público y espacios de convivencia.
La vivienda no puede seguir evaluándose únicamente por su precio o por el número de unidades construidas. También debe considerarse su localización, conectividad, acceso a servicios y capacidad de integrarse a la vida urbana.
Segunda: recuperar la proximidad como principio de organización territorial.
Aguascalientes podría desarrollar una red de barrios de proximidad donde una parte importante de las necesidades cotidianas pueda satisfacerse mediante recorridos peatonales o ciclistas de entre diez y quince minutos.
Esto no significa que todas las actividades deban encontrarse dentro de cada colonia, sino que los servicios esenciales estén razonablemente distribuidos y conectados.
Tercera: transformar la movilidad en una política de inclusión social.
La ciudad necesita fortalecer su transporte público y evaluar corredores de alta capacidad, incluidos sistemas BRT donde los estudios de demanda y factibilidad lo justifiquen.







