Justicia ambiental, derechos fundamentales y maíz transgénico
Hablar de justicia ambiental implica necesariamente la idea de equidad en el reparto de las cargas ambientales entre las poblaciones y comunidades de una sociedad. A propósito, ya dura años el debate sobre la conveniencia de usar y permitir el maíz transgénico en México, por sus múltiples implicaciones comerciales, sanitarias y ambientales. Pero lo cierto es que la soberanía alimentaria está prevista en el catálogo de derechos fundamentales de nuestra Constitución Política cuando se habla de alimentación sana, nutritiva y suficiente, pero más allá, es un concepto clave para garantizar la seguridad y la equidad en el acceso a los alimentos dentro de México. La idea está profundamente ligada a la preservación de los recursos naturales, el mantenimiento de la agricultura tradicional y la protección del patrimonio cultural. En este contexto, el maíz, símbolo de identidad nacional, se encuentra en el centro de un debate complejo debido al uso comercial e industrial del maíz transgénico. Sabemos que la soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a establecer sus propias políticas y estrategias en materia agrícola, pesquera y alimentaria, sin depender de sistemas globales que prioricen la comercialización de los alimentos. Este concepto es más amplio que el de seguridad alimentaria, el cual se enfoca en la disponibilidad de productos. La soberanía alimentaria implica, además, la capacidad de los países para producir de manera sustentable, garantizando el bienestar de la población y la conservación del medio ambiente.
México es el lugar de origen del maíz, un cultivo esencial tanto en la dieta como en la cultura del país. Desde la época precolombina ha sido la base de la alimentación y forma parte de numerosas tradiciones y rituales. Además de su importancia cultural, el maíz es un pilar fundamental de la economía agrícola, ya que su producción genera miles de empleos en el campo. Sin embargo, esta dependencia también hace que el país sea vulnerable ante los efectos de la globalización y la modificación genética de los cultivos.
Sabemos que el maíz transgénico ha sido modificado genéticamente para resistir plagas, enfermedades y herbicidas específicos, pero su introducción en México ha generado una fuerte controversia, pues mientras que las empresas biotecnológicas sostienen que este tipo de cultivo mejora el rendimiento agrícola y reduce el uso de agroquímicos, sus detractores advierten sobre los riesgos que representa para la biodiversidad, la salud y la soberanía alimentaria. Entre los principales problemas se encuentran: riesgo para la biodiversidad, dada la contaminación genética del maíz nativo por el transgénico podría afectar la diversidad agrícola del país, poniendo en peligro variedades locales que han sido adaptadas al entorno durante miles de años. Dependencia de corporaciones extranjeras, con empresas como Monsanto (ahora parte de Bayer) que poseen “los derechos” sobre las semillas transgénicas y la tecnología para su cultivo, lo que podría hacer que los productores mexicanos dependan cada vez más de estas compañías para adquirir insumos agrícolas. Impactos en la salud y el medio ambiente, puesto que diversos estudios advierten sobre los efectos a largo plazo del maíz transgénico en la salud humana y en los ecosistemas. Además, los pesticidas utilizados en estos cultivos pueden contaminar suelos y cuerpos de agua, afectando tanto a la fauna local como a las comunidades rurales.
El debate sobre el maíz transgénico en México también ha tenido implicaciones legales. Desde 2013, el gobierno permitió la siembra experimental de estas semillas, lo que generó una fuerte oposición de agricultores, activistas y expertos en medio ambiente. En 2020, la Suprema Corte determinó que el gobierno debía suspender las autorizaciones para la siembra de maíz transgénico debido a los riesgos que representa. Aunque este fallo representó un avance para la protección de la soberanía alimentaria y el maíz nativo, la discusión sigue vigente con una nueva reforma constitucional en trámite. Existen alternativas viables para fortalecer la soberanía alimentaria sin recurrir a cultivos modificados genéticamente. Algunas de estas opciones incluyen el fomento de la agricultura sostenible y la agroecología, la conservación y promoción de las semillas nativas, que poseen un gran valor en términos de biodiversidad, sabor, nutrición y resistencia ante el cambio climático. La educación y concienciación sobre los riesgos de los transgénicos y la importancia del consumo de alimentos locales, lo que permitiría incentivar una demanda por productos agrícolas más sanos y sostenibles y cadenas productivas locales.
En conclusión, la introducción del maíz transgénico representa una amenaza para los derechos fundamentales y la soberanía alimentaria en México, dado su papel histórico y cultural en la sociedad. En un contexto de globalización y transformación agrícola, es fundamental que el país proteja su biodiversidad y garantice una producción de alimentos autónoma, segura y sustentable, porque la defensa de la soberanía alimentaria no solo implica la lucha por la seguridad alimentaria, sino también la preservación de la identidad cultural y el derecho de las comunidades a decidir el futuro del campo y su patrimonio agrícola.
El autor es jurista. Investigador Nacional, Secretaría de Ciencia y Tecnología.
