C5i de Aguascalientes: más tecnología, más preguntas públicas
Una visita de trabajo no es una compra, pero sí abre una conversación pública. El 27 de octubre de 2026, el Gobierno de Aguascalientes informó que el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, participó en una reunión en Winston-Salem, Carolina del Norte, para identificar alternativas que fortalezcan la infraestructura tecnológica del C5i.
La pregunta de fondo no es si la tecnología es buena o mala. Es bajo qué condiciones puede mejorar la respuesta ante delitos y emergencias sin producir errores, abusos o intromisiones injustificadas en la privacidad. Hoy se trata de una decisión en evaluación, no de una modernización concretada.
Lo que se sabe y lo que no
Según el boletín, el funcionario conoció los sistemas de monitoreo en tiempo real y de reconocimiento de matrículas (LPR) del Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC) del Departamento de Policía de Winston-Salem. Las soluciones son ofrecidas por Verkada e incluyen cámaras multisensores en intersecciones y semáforos. Asistieron más de 20 delegados de México, Colombia y Panamá.
El texto no menciona adquisición, contrato, presupuesto ni instalación en Aguascalientes. Tampoco localizamos documentos públicos que los acrediten, ni deficiencias del C5i descritas por las autoridades. Lo que existe es una evaluación de alternativas.
¿Qué hacen estas herramientas?
El monitoreo en tiempo real permite ver incidentes mientras ocurren. Su valor depende de la cantidad de cámaras, de la conectividad y de operadores capacitados. El LPR lee placas y las compara con listas de vehículos robados o de interés. Las cámaras multisensores combinan varios lentes para cubrir un cruce desde distintos ángulos. La inteligencia artificial ayuda a buscar y clasificar video, por ejemplo por color o tipo de vehículo.
Conviene separar lo que el proveedor describe de lo que habría que demostrar en Aguascalientes, con otra iluminación, otros formatos de placa y otra infraestructura. Casi toda la documentación pública sobre Winston-Salem proviene de Verkada, y el teniente que dirigió ese RTCC trabaja hoy como asesor de seguridad pública de la empresa. Ninguna de estas herramientas identifica culpables ni predice delitos con certeza. Generan pistas que alguien debe verificar.
De la alerta a la respuesta
Detectar no es resolver. Entre una alerta y un resultado intervienen operadores que validan, policías que llegan, servicios de emergencia que coordinan y fiscales que integran una investigación. Un centro con buena tecnología puede fallar si la información llega tarde o mal.
Por eso caben preguntas verificables:
- ¿Qué necesidades concretas del C5i se pretende resolver?
- ¿Qué limitaciones actuales se han identificado públicamente?
- ¿Cómo se sabrá si mejoran los tiempos de respuesta?
- ¿Qué protocolo validará una alerta antes de una intervención?
- ¿Cómo se documentarán los errores y las decisiones derivadas de ellos?
Matrículas e IA: utilidad y límites
El LPR puede apoyar la localización de vehículos con reporte de robo o ligados a investigaciones. Pero una coincidencia automática no prueba una conducta delictiva. Puede haber lecturas erróneas, placas parecidas o datos desactualizados.
La evidencia independiente invita a la cautela, aunque no se refiere a Verkada. En Roseville, California, la policía revisó 1,427 alertas de cámaras de Flock Safety, otra empresa, y encontró lecturas erróneas de placas en el 71 %. Según el reporte, ninguna alerta incorrecta derivó en detención porque los agentes deben verificar antes de actuar. Otro análisis, en Piedmont, California, publicado por el Independent Institute (un centro de análisis con postura crítica), halló que menos del 0.3 % de las coincidencias generó pistas. Son casos locales y no se pueden extrapolar. Verkada sostiene que asociar contexto de video a cada placa reduce las identificaciones erróneas, pero es una afirmación del proveedor y no encontramos una evaluación independiente que la confirme.
También hay que distinguir entre matrículas, análisis de imágenes y biometría. El boletín no confirma reconocimiento facial. Sin embargo, la página de Verkada para centros de crimen en tiempo real promociona la búsqueda de personas a partir de una fotografía. Si Aguascalientes considerara una función así, requeriría un análisis jurídico distinto y más estricto.
Seguridad pública y datos personales
Las cámaras registran también a quienes no son objeto de investigación: peatones, conductores, vecinos. Registrar, almacenar, consultar y compartir esas imágenes y datos vehiculares es tratamiento de datos personales y debe ajustarse a finalidades legalmente autorizadas.
El marco mexicano cambió hace poco. El 20 de diciembre de 2024 una reforma constitucional extinguió el INAI y los organismos garantes estatales. El 20 de marzo de 2025 se publicó el decreto con la nueva Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la nueva ley para particulares. A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumió la mayoría de las funciones del INAI. No pudimos confirmar cómo quedó la autoridad garante local en Aguascalientes, y debe verificarse en la legislación estatal.
Además, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025, plantea la interconexión de bases de datos públicas y privadas. Si el C5i compartiera información con ese sistema, habría que saber bajo qué reglas.
Usar cámaras o IA no es ilegal por sí mismo. Lo que debe verificarse es qué faculta la ley para cada herramienta y finalidad, cuánto tiempo se conservan las imágenes, quién las consulta y con qué registro, dónde se almacenan los datos, qué avisos de privacidad y evaluaciones de impacto proceden y qué sanciones existen por uso indebido.
Transparencia, proveedores y costos
No localizamos información pública sobre presupuesto, licitación, licencias, mantenimiento o almacenamiento vinculados con esta evaluación. No hay evidencia de contrato con Verkada. Si el proceso avanzara, la ciudadanía tendría derecho a preguntar:
- ¿Qué criterios técnicos y jurídicos compararán las alternativas?
- ¿Cómo se probará su eficacia antes de una implementación amplia?
- ¿Qué costos recurrentes tendrá?
- ¿Qué cláusulas regularán el acceso a los datos y la responsabilidad del proveedor?
- ¿Cómo se auditarán las fallas?
Este último punto no es abstracto. En 2024 la FTC de Estados Unidos propuso un acuerdo con Verkada por presuntas fallas de seguridad de datos que permitieron accesos no autorizados a cámaras de clientes. La empresa dijo no estar de acuerdo con las acusaciones, pero aceptó los términos. Es un antecedente relevante para cualquier cláusula de seguridad, no una conclusión sobre el producto actual.
¿Cómo medir si mejora la seguridad?
Contar cámaras o consultas no basta. Estos son indicadores propuestos para una eventual evaluación pública, que requerirían metodologías claras y datos comparables:
- Tiempo entre la detección y la respuesta institucional.
- Precisión de las alertas y falsos positivos.
- Coincidencias verificadas que aportan a investigaciones.
- Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas.
- Incidentes de acceso indebido a datos.
- Costos de adquisición, operación y actualización.
- Resultados de auditorías técnicas y jurídicas.
- Mecanismos para atender quejas y revisar decisiones derivadas de alertas.
La tecnología debe rendir cuentas
Evaluar lo que hacen otras ciudades es legítimo y puede ser útil. Pero cualquier adopción debería responder a necesidades identificadas, pruebas de funcionamiento, costos transparentes y reglas claras para el manejo de la información.
La pregunta queda abierta: ¿cómo garantizará Aguascalientes que estas herramientas, si llegan a incorporarse, demuestren su utilidad y operen bajo controles legales y supervisión efectiva?
Fuentes consultadas
Boletín oficial del Gobierno de Aguascalientes (27/10/2026):
Verkada, caso Winston-Salem (proveedor):
https://www.verkada.com/customers/winston-salem-police-department
Verkada, centros de crimen en tiempo real (proveedor):
