Cuando combatir al narco se vuelve delito constitucional: el caso Maru Campos

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, sintetizó con irritación lo que muchos observaron como una paradoja política de proporciones notables: se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes jamás localizados en México y el resultado fue que la gobernadora de Chihuahua quedó citada a comparecer ante el Senado de la República. La frase tiene potencia retórica, pero enmascara una discusión jurídica que merece ser tomada en serio, porque el caso Chihuahua no es un asunto de voluntad política ni de logros en seguridad. Es un asunto de competencias constitucionales, soberanía y el límite preciso que el orden jurídico mexicano traza frente a la colaboración con agencias extranjeras.

Los hechos son los siguientes. En la madrugada del 19 de abril de 2026, un convoy que regresaba de la Sierra Tarahumara sufrió un accidente. Murieron cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, un agente de esa corporación y dos ciudadanos estadounidenses. Estos últimos, identificados por el diario The Washington Post, The New York Times y el periodista Luis Chaparro como agentes de la Agencia Central de Inteligencia, que participaban en el desmantelamiento de un megacomplejo de producción de metanfetaminas y fentanilo de aproximadamente 850 metros cuadrados, distribuidos en cinco áreas de fabricación, vinculado a la organización Los Músicos en el municipio de Morelos, asociada a Aureliano «El Guano» Guzmán Loera. El operativo fue real, el laboratorio existió y el golpe al crimen organizado fue significativo. Nada de eso está en disputa.

Lo que sí está en disputa es el cómo.

Los artículos 69 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional son meridianamente claros: los agentes extranjeros que ingresan a territorio mexicano en el marco de convenios de cooperación solamente pueden desarrollar actividades de enlace e intercambio de información. No pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas. No pueden ejecutar leyes extranjeras en suelo nacional. Lo que se documentó en la Sierra Tarahumara fue distinto: agentes vestidos con uniformes tácticos de la AEI, portando balaclavas para camuflar su identidad, operando drones para definir el desmantelamiento del laboratorio y participando en campo junto a corporaciones estatales. No eran asesores en una sala de análisis. Estaban en el operativo.

El problema para la gobernadora no es haber combatido al narco. El problema es haber autorizado, o al menos permitido, que personal de inteligencia de un gobierno extranjero operara en su territorio sin notificar ni coordinar con el gobierno federal. La presidenta Sheinbaum lo explicó con precisión inusual: la Secretaría de la Defensa Nacional participó en el operativo creyendo que apoyaba a corporaciones locales, ignorando que entre los elementos había agentes de la CIA. El Ejército fue involucrado bajo premisas que no correspondían a la realidad del despliegue. Eso no es una falla menor de coordinación. Es una ruptura en la cadena de mando que afecta la integridad del sistema de seguridad nacional. Para mayor gravedad, el gobierno federal informó que uno de los agentes ingresó al país como turista, sin permiso para realizar actividades remuneradas (como cualquier trabajador ilegal), y el otro con pasaporte diplomático, sin acreditación formal para operaciones de campo.

Aquí es donde el argumento del PAN se vuelve políticamente comprensible pero jurídicamente insuficiente. Romero tiene razón en señalar la selectividad con la que Morena aplica sus criterios de rendición de cuentas: si la métrica es la presencia del crimen organizado o los vínculos sospechosos con grupos delictivos, hay gobernadores de la coalición gobernante que tendrían mucho que explicar. Ricardo Anaya lo dijo en el Senado al exigir también la comparecencia del gobernador de Sinaloa. Pero la inconsistencia política de la mayoría parlamentaria no borra la irregularidad jurídica del operativo. Las dos cosas pueden ser simultáneamente ciertas: Morena instrumentaliza políticamente el caso y Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional.

El debate sobre las facultades del Senado añade otra capa de complejidad que conviene no soslayar. Colosio Riojas y Manlio Fabio Beltrones señalaron que la Cámara alta no cuenta con atribuciones expresas para citar a comparecer a una gobernadora estatal en estos términos; que los gobiernos de los estados rinden cuentas ante sus congresos locales, no ante el Senado. El punto es constitucionalmente sólido y el propio mecanismo empleado, una «invitación respetuosa» a una reunión de trabajo, delata la conciencia de esa limitación formal. El Senado sabe que no puede obligar. Por eso pregunta en lugar de exigir. Pero el hecho de que el citatorio sea jurídicamente cuestionable no convierte en legítima la conducta que lo motivó.

La gobernadora Campos decidió acudir. Esa decisión es inteligente y correcta. Negarse habría convertido un problema jurídico en un escándalo político de dimensiones mayores. Asistir le permite construir la narrativa del éxito operativo y trasladar la discusión al terreno que le conviene: los resultados. Pero los legisladores que la interrogarán no van a preguntarle cuántos kilos de droga se aseguraron. Van a preguntarle cuándo supo que había agentes de la CIA en el operativo, quién autorizó su participación, por qué no se notificó a la SEDENA y si existió o no comunicación previa con el gobierno federal. Esas preguntas tienen respuesta jurídica, no política.

El caso Chihuahua ilustra una tensión estructural del federalismo mexicano que pocas veces se discute con honestidad: el margen real de maniobra de los gobiernos estatales en materia de seguridad, particularmente en la frontera norte, donde la presión de Estados Unidos, con sus agencias o con “ciudades hermanas”es constante y en ocasiones abrumadora. Los acuerdos de cooperación, las plataformas de inteligencia compartida y los apoyos técnicos son parte de una realidad que ningún gobierno estatal ignora. El problema no es que Chihuahua haya buscado apoyo externo para combatir a un cártel que opera en su sierra. El problema es que ese apoyo tomó la forma de operaciones de campo encubiertas que no fueron reportadas a quien constitucionalmente corresponde coordinarlas.

Las fronteras del federalismo no son un obstáculo burocrático. Son el mecanismo que impide que cada entidad conduzca su propia política exterior de facto. Cuando un gobierno estatal permite que agencias de inteligencia extranjeras operen en su territorio sin notificación federal, no está siendo más eficiente en seguridad. Está tomando decisiones que corresponden a otro nivel de gobierno y que tienen consecuencias diplomáticas que ese mismo gobierno estatal no puede gestionar.

Que el Senado use esto para golpear políticamente a una gobernadora de oposición es previsible y reprobable. Que el PAN responda con indignación selectiva también lo es. Pero ninguna de esas maniobras altera el fondo del asunto: hubo una operación con agentes extranjeros en tierra mexicana sin autorización federal, y eso es una violación al marco jurídico de seguridad nacional, independientemente de cuántos laboratorios se hayan desmantelado. El citatorio al Senado es, paradójicamente, tanto un acto de cacería política como el señalamiento de un problema jurídico real. En un Estado de derecho, los fines no validan los medios. Esa es la única discusión que realmente importa.