Un asiento en la mesa: cómo funciona el Consejo de la Ciudad y qué revela sobre la apertura institucional en Aguascalientes

Un reglamento, una convocatoria abierta y una agenda concreta —el Premio Enriqueta Medellín y los nombres de diez fundadoras en Plaza Fundadores— permiten ver cómo opera el órgano de participación del Municipio de Aguascalientes, qué está documentado y qué falta por demostrar.

Gobernar una ciudad no consiste solo en reparar calles, recoger la basura o patrullar colonias. También exige crear lugares donde la gente pueda decir qué necesita, discutirlo con otros y ver qué ocurre con lo que propone. Esos lugares no resuelven por sí solos los problemas, pero sí determinan quién tiene voz cuando se decide.

En Aguascalientes, uno de esos lugares tiene nombre y reglamento: el Consejo de la Ciudad. El 7 de octubre de 2026, el Municipio informó de su más reciente sesión ordinaria, encabezada por el presidente municipal, Leo Montañez. Se habló de más de 35 organizaciones de la sociedad civil que participan en el Premio Enriqueta Medellín 2026 y de las modificaciones en Plaza Fundadores, donde se inscribirán los nombres de diez mujeres vinculadas con la fundación de la ciudad. La pregunta de fondo es otra: ¿qué significa que la participación ciudadana tenga un espacio institucional dentro del gobierno municipal y qué evidencia hay de que ese espacio se traduce en propuestas, acuerdos o decisiones?

1. Un Consejo que busca convertirse en espacio de diálogo

Según el comunicado del Municipio, en la sesión se dio a conocer la participación de las organizaciones en el premio y los cambios en Plaza Fundadores. La titular del Secretariado de Enlace Ciudadano, Sylvia Garfias Cedillo, agradeció la asistencia de los integrantes, y el secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique García López, subrayó la colaboración de las regidoras Karla Espinoza, Cindy Ruvalcaba, Alejandra Orozco y Leslie Atilano en distintas mesas de trabajo, con el propósito de crear consensos. El comunicado no detalla qué se acordó en esas mesas.

Para medir el alcance de la sesión conviene saber qué es el Consejo. El Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana del Municipio lo define como la «máxima instancia pública de representación, consulta y participación ciudadana». Sus integrantes se eligen mediante convocatoria pública dirigida a instituciones, asociaciones, organismos formalmente constituidos y ciudadanos a título personal; los cargos son honoríficos; y, en la versión consultada del reglamento (con reformas publicadas hasta 2014), la renovación es cada tres años, un ritmo que coincide con el periodo 2026-2029 del Consejo actual. Forman parte del órgano, como representantes del gobierno, la presidencia municipal, una regidora o regidor por cada partido representado en el Cabildo y funcionarios como el titular del IMPLAN.

Sus atribuciones son amplias en el papel: debatir y proponer sobre planes estratégicos, proyectos de ciudad, crecimiento urbano y presupuestos; conocer los grandes rubros del presupuesto y los indicadores de gestión; opinar sobre los proyectos especiales relevantes del Ayuntamiento; impulsar iniciativas ciudadanas y proponer consultas, plebiscitos o referéndums conforme a la ley estatal. Hay que notar el tipo de verbos que domina la lista: proponer, opinar, asesorar, conocer. En el texto consultado no aparece una cláusula que obligue al Cabildo a adoptar lo que el Consejo plantee. Es un órgano de incidencia por deliberación y persuasión, no de decisión vinculante; por eso el seguimiento de sus propuestas es lo que da la medida de su peso.

2. Más de 35 organizaciones en el proceso

La cifra de «más de 35» requiere una precisión: según el comunicado, se refiere a organizaciones que participan en el Premio Enriqueta Medellín 2026, no a integrantes del Consejo ni a un grupo de trabajo. De acuerdo con la convocatoria publicada el 9 de septiembre, el Ayuntamiento emite el premio a través del Consejo de la Ciudad y del Secretariado de Enlace Ciudadano para reconocer la labor de organizaciones civiles.

Las reglas son verificables. Pueden concursar organizaciones con domicilio en el municipio que acrediten al menos dos años de trabajo previo y se registren en una sola de ocho categorías: Medio Ambiente; Artes; Mujeres; Salud; Inclusión y Diversidad; Niñas, Niños, Adolescentes y Juventud; Deportes; y Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. Existe además el reconocimiento «Trayectoria de Vida» para personas con 15 años o más de aportes a causas sociales. La recepción de postulaciones cerró el 2 de octubre de 2026. El galardón honra a la doctora Enriqueta Medellín Legorreta, activista ambiental que, según la convocatoria, promovió la participación ciudadana.

El Municipio informó que en ediciones anteriores han participado más de 140 organizaciones y que en 2025 fueron reconocidas ocho, entre ellas Ángeles de Mascotas, Sala de Lectura Buenavida, CECADEC y Fundación Pinita más que sonrisas. Para 2026, García López anunció una exposición que dará a conocer el trabajo de las asociaciones participantes.

¿Qué demuestra esto? Un mecanismo de reconocimiento con reglas públicas, registro y visibilidad para el tejido asociativo del municipio. No demuestra, por sí mismo, incidencia en políticas públicas, y no conviene presentarlo así. En las fuentes consultadas no se publicó la lista de organizaciones de 2026 ni los resultados del premio; ese será el dato por revisar cuando se anuncien.

3. De la participación a la incidencia

Para distinguir presencia de influencia sirve una escalera de seis peldaños: participación → propuesta → deliberación → acuerdo → decisión → resultado. Aplicada a cuatro asuntos recientes, la evidencia pública se ve así:

Dos conclusiones se desprenden sin forzar los datos. La primera: el Ayuntamiento sí ha tomado decisiones recientes que coinciden con demandas de la sociedad civil —en La Pona y en el reconocimiento a las fundadoras—, y eso es verificable. La segunda: las fuentes públicas no permiten todavía atribuir esas decisiones al Consejo como órgano.

El presidente municipal sostuvo en la sesión que las voces de la población son escuchadas y citó la compra de La Pona como prueba. Los documentos confirman la adquisición y una reunión de trabajo posterior con Profepa, colectivos como Salvemos La Pona y Guardianes del Mezquite, colegios de biólogos y universidades, que acordaron continuar el trabajo una vez que se tengan los resultados de un Estudio Previo Justificativo. También muestran que el documento de la compra recoge, entre sus propósitos, garantizar a la población el acceso a un espacio natural, una de las exigencias de los activistas. En una entrevista con la revista Alcaldes de México, Montañez describió mesas de diálogo con autoridades estatales, ambientalistas y propietarios; es una declaración, no un documento. Publicar actas, acuerdos y seguimiento sería la forma más directa de cerrar la brecha entre lo que se afirma y lo que puede comprobarse.

4. La continuidad del Consejo 2026-2029

A inicios de junio de 2026, Montañez tomó protesta a las personas electas para integrar el Consejo en el periodo 2026-2029, durante la sesión ordinaria de ese mes. El presidente municipal dijo que el relevo reconoce el compromiso del Consejo anterior durante el 450 aniversario y que la participación ciudadana es uno de los pilares de la política de «puertas abiertas» de su administración. El Consejo presentó un plan de trabajo de cinco ejes, entre ellos el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal; las fuentes consultadas no enumeran los otros cuatro. Estuvieron presentes regidores y la directora del IMPLAN, Austria Gabriela Dávila de la Llave.

La continuidad también se rastrea en los documentos de planeación. El Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, de la administración anterior que encabezó el mismo alcalde, señala que se solicitó al Consejo colaborar en la integración, el análisis y la presentación de las propuestas ciudadanas, y consigna 2,456 propuestas y 38 mesas de trabajo agrupadas en cinco ejes. El PDM 2024-2027, aprobado por el Cabildo en sesión ordinaria abierta en febrero de 2025 y publicado en el Periódico Oficial el 10 de marzo de 2025, incluye entre sus líneas de acción el seguimiento de propuestas del Consejo al propio plan.

Hoy, además, el Consejo opera por mesas. Una nota de El Clarinete sobre una sesión del Consejo describe comisiones de Observatorio Ciudadano, Banco de Proyectos, Eventos, Plan de Trabajo, Normatividad y Protocolo, y Vocería y Comunicación Social, además de la línea de acción «Ser Ciudad». En la presentación de la convocatoria del premio participaron el vicepresidente del Consejo, Netzahualcóyotl López Flores, y el coordinador de la Mesa de Vocería, Rodolfo Franco Ramírez, lo que indica que esa estructura ya funciona. Garfias Cedillo ha señalado que las sesiones ordinarias son bimestrales y, durante la convocatoria de renovación, que el Consejo reunía 63 integrantes, incluidos los gubernamentales.

Un observatorio y un banco de proyectos son, en principio, herramientas para medir y archivar propuestas. Aún no se localizaron productos públicos de esas mesas.

5. Plaza Fundadores y la memoria de la ciudad

El segundo asunto de la sesión es simbólico, pero con un trámite muy concreto. El Cabildo aprobó, en una sesión extraordinaria reportada el 14 de septiembre, modificar la inscripción de la leyenda e insertar en letras doradas, en el Salón de Cabildo y en Plaza Fundadores, los nombres de diez mujeres que dejaron legado desde la fundación de la ciudad: Juana de la Cruz, Leonor Lozano, Mariana Suárez, María González, Bernabela González, Francisca de Castro, María Rodríguez, Francisca de Gabay, Ángela de Velasco y María de Isla. El comunicado de la sesión del Consejo señala que los nombres se colocarán «en próximos días», como parte del cierre de la conmemoración del 450 aniversario. La sesión solemne por el 451 aniversario será el 22 de octubre, a las 10:00 horas, en el Teatro Morelos.

La ruta institucional tiene un origen verificable. En mayo de 2026, la regidora Leslie Atilano propuso en el Ayuntamiento rebautizar el espacio como «Plaza Fundadoras y Fundadores» y modificar la inscripción del Salón de Cabildo, con el argumento de que las mujeres habían quedado fuera de la narrativa histórica tradicional. Las notas sobre el acuerdo de septiembre hablan de la inscripción de los nombres, no de un cambio de denominación.

El tema, además, no es nuevo. Una columna publicada por LJA en 2022 recordaba que la plaza solo incluía nombres masculinos y que desde 2019 existía un punto de acuerdo de una regidora para reconocer a las fundadoras, con una placa o una plaza. Durante la conmemoración del 450 aniversario, en 2025, tanto el presidente municipal, en la Cámara de Diputados, como la regidora Cindy Ruvalcaba, en la sesión solemne, mencionaron a fundadoras como Francisca de Castro, Ángela de Velasco, María Rodríguez y María Islas. La discusión llevaba años; la decisión de 2026 la formaliza.

¿Dónde entra el Consejo? El comunicado presenta la inscripción como una parte de la contribución del órgano ciudadano. Reglamentariamente, al Consejo le corresponde conocer y opinar sobre proyectos especiales relevantes del Ayuntamiento, pero las fuentes públicas no incluyen el acta o dictamen donde se haya deliberado este caso. Lo comprobable es la decisión del Cabildo y su origen en una iniciativa edilicia; lo atribuible al Consejo es, por ahora, lo que afirma el Municipio.

Una discusión sobre la memoria

Que una ciudad revise sus nombres tiene un sentido que va más allá de la placa. Maurice Halbwachs sostuvo que la memoria colectiva no es un archivo neutro: se construye socialmente, desde los grupos del presente, y por eso puede revisarse. Dolores Hayden ha planteado que el paisaje urbano es una forma de historia pública: quién aparece inscrito en un espacio común y quién no ayuda a definir qué pasado se considera compartido. Con ese lente, incorporar diez nombres de mujeres a un espacio cuyo listado original recogía solo nombres de hombres es una decisión sobre identidad urbana, no un adorno. Ninguna fuente indica que los participantes la interpreten en estos términos; la lectura es de esta redacción y se apoya en la bibliografía citada.

6. La participación como mecanismo de gobernanza

Participar en los asuntos públicos significa algo más que asistir. Sherry Arnstein propuso en 1969 una «escalera» que va de la manipulación al control ciudadano, con peldaños intermedios —informar, consultar, conciliar, asociarse— que pueden ser genuinos o simbólicos según tengan o no efecto real. Archon Fung sugiere mirar tres preguntas: quién participa, cómo se comunican y deciden los participantes y qué conexión tiene la discusión con la acción pública.

Bajo esos criterios, el diseño del Consejo tiene rasgos favorables: integración plural (sociedad civil, instituciones, ciudadanos a título personal y gobierno), convocatoria pública, cargos honoríficos, sesiones periódicas y mesas de trabajo. La tercera pregunta, la de la conexión con las decisiones, depende del uso: de que las propuestas se registren, se respondan y se evalúen. Fung y Erik Olin Wright describen la gobernanza participativa empoderada como un esquema orientado a problemas concretos, deliberativo y ligado a la acción del Estado; Chris Ansell y Alison Gash añaden que la colaboración entre gobierno y actores no estatales funciona cuando hay reglas transparentes, liderazgo que facilite el diálogo y responsabilidad compartida.

La legitimidad, en esta visión, no proviene solo de las urnas, sino también de que quienes resultan afectados por una decisión puedan expresarse y conocer las razones por las que se adoptó o no. Un consejo que registra propuestas y explica sus resultados fortalece la confianza en el gobierno incluso cuando la respuesta es negativa. De ahí el valor de que las organizaciones civiles, que acumulan conocimiento de terreno en medio ambiente, salud, inclusión o cultura, estén dentro del circuito y no solo en el acto de reconocimiento.

El Municipio ha dado pasos institucionales en esa dirección: un órgano con reglamento, un Secretariado de Enlace Ciudadano que lo coordina, un plan que incluye evaluar el PDM y una convocatoria de premio con reglas públicas. Lo que consolidaría ese avance es lo que el propio reglamento prevé: informes en los que el Consejo defina su postura, líneas de acción y medición del progreso de la ciudad. Si se publican, la ciudadanía podrá comprobar, con documentos, qué se propuso y qué se hizo.

7. Qué sigue

Estos son los pasos documentados; son calendario, no resultados:

• 22 de octubre de 2026: sesión solemne por el 451 aniversario de la fundación, a las 10:00 horas, en el Teatro Morelos. El Municipio indicó que los nombres de las diez fundadoras se colocarán en los días próximos.
• Premio Enriqueta Medellín 2026: la recepción cerró el 2 de octubre; está anunciada una exposición sobre las organizaciones participantes. No se localizó la fecha de resultados.
• La Pona: un Estudio Previo Justificativo definirá el modelo de protección; los participantes acordaron analizar sus resultados con la comunidad. El Municipio ha dicho que, tras la compra, se trabajará en la declaratoria de Área Natural Protegida.
• Consejo 2026-2029: ejecución del plan de trabajo de cinco ejes y seguimiento del PDM 2024-2027, cuyo periodo concluye en 2027.

El valor de un consejo ciudadano no está solo en que se reúna. Está en que las voces que lo integran se vuelvan propuestas, que esas propuestas se deliberen, que se les dé seguimiento y que, cuando corresponda, terminen en decisiones públicas que la ciudadanía pueda reconocer. El Consejo de la Ciudad de Aguascalientes ya tiene lo primero que se necesita —reglamento, integración plural, mesas de trabajo y una agenda con casos concretos— y el Ayuntamiento ha tomado decisiones recientes que responden a demandas sociales. La siguiente evidencia por esperar es la que convierte un buen diseño en una práctica comprobable: acuerdos publicados, propuestas con respuesta y resultados medibles. Ahí se verá, con hechos, cuánto pesa cada voz en la mesa.