El factor Trump y su posible impacto en materia laboral
Desde que se confirmó la victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, han corrido ríos de tinta tanto en publicaciones nacionales como extranjeras acerca de las medidas que tomará Trump una vez que tome posesión.
Hay, sin embargo, una amplia coincidencia en que podría ocurrir un viraje radical en tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. Quizás habría que agregar otro más: un cambio drástico en materia de política laboral.
Una de las amenazas más ominosas del próximo mandatario de la Casa Blanca se refiere a la expulsión inmediata de millones de trabajadores indocumentados. Fue, además, según se ha analizado, una promesa de campaña que le acarreó muchos votantes.
No hay claridad acerca de la magnitud y los criterios para llevar a cabo esta deleznable tarea. Es dudoso que logre cumplir su amenaza de afectar a millones de trabajadores,pero es muy probable que se incline por imponer un conjunto de leyes y acciones que tengan como resultado expulsar a cientos de miles de ellos. Como quiera que sea, México podría recibir, contra su voluntad, un flujoconsiderable de personas expulsadas y verse obligado a frenar el tránsito de aquellas que desean llegar a Estados Unidos por nuestro territorio. También se afectarían las remesas de los trabajadores mexicanos las cuales representan alrededor del 3.5% del PIB mexicano.
El comercio bilateral está, Igualmente, bajo amenaza. Los discursos de Trump antes de las elecciones insistieron en aplicar un arancel indiscriminado a las importaciones mexicanas si no se frena el flujo de personas y drogas. Muchos especialistas han señalado el daño que causaría una medida como ésta a la economía de los dos países. Por ello, es probable que más bien la utilizaría, como sucedió en su primer mandato, en mayo de 2019, como un mecanismo de negociación para obligar a que el gobierno mexicano tome ciertas medidas que en estos momentos es difícil precisar.
Sin embargo, parece indudable que esas presiones existirán. Además, su doctrina basada en el nacionalismo económico,su marcada oposición a los acuerdos comerciales, y sus alianzas con magnates como Musk, se reflejarán en una reducción de impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos; y en medidas que alienten la inversión en ese país y desalienten las que se pretenden dirigir a México.
También habrá probablemente severos cambios en la política de protección al medio ambiente y el impulso a las energías limpias. Lo cual afectará las ya alicaídas negociaciones y políticas concertadas a nivel mundial para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que podría alterar los proyectos del gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Igualmente, se ha asegurado que las políticas de Trump podrían alentar la inflación en EU lo que motivaría un incremento en las tasas de interés que a su vez provocaría un menor flujo de dólares hacia como México.
Todas estas medidas, de un modo u otro afectarán la economía mexicana. El llamado nearshoring es decir la relocalización de inversiones y empresas desde China hacia México, encontrarán obstáculos políticos que probablemente modificarán las decisiones de los inversionistas. No obstante, una vez más, es imposible saber la magnitud de este fenómeno.
Ahora bien, en materia laboral, el TMEC, propuesto por Trump en su primer mandato incluía principalmente una serie de previsiones, sobre todo en las reglas de origen, para tratar de frenar, según el magnate, la fuga de empleos hacia México. Sin embargo, los demócratas, cuando ganaron la Cámara de Representantes en 2018, fortalecieron el TMEC con medidas más explícitas y severas en materia laboral lo que se reflejó en la creación de un nuevo instrumento, el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM por sus siglas en inglés) el cual fue aprobado por el Congreso en 2019. El Mecanismo permite al gobierno emprender acciones en México si considera que se están violando los derechos de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores en nuestro territorio. De esta manera se le pusieron dientes al TMEC para que las reformas laborales se aplicaranefectivamente en nuestro país.
Así, con el apoyo de los dos partidos, el TMEC fue formalmente aprobado legalmente y el presidente Trumpfirmó el decreto en enero de 2020. No obstante, como sabemos, a fines de ese mismo año perdió su reelección y el presidente Biden tomo posesión en enero de 2021. Consecuente con las posiciones de su partido, en mayo, su gobierno presentó la primera queja por medio del RRM para que se examinara si en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato se habían violado los derechos a la libre sindicalización y contratación colectiva. La queja fue aceptada y se repusieron los procedimientos. La CTM perdió la votación y nació un nuevo sindicato y una representación legítima de los trabajadores. Desde entonces y hasta ahora, se han presentado treinta quejas en este sentido en diversas empresas instaladas en México.
De ahí que, resultado de una peculiar coincidencia, los cambios políticos en ambos países en 2016,2018 y 2020 se tradujeron en el establecimiento de un mecanismo especial para vigilar la aplicación de las normas laborales en México, el RRM. El propósito, hay que subrayarlo, es que los sindicatos mexicanos sean más activos en la defensa de los intereses de los trabajadores y se mejoren los salarios y lasprestaciones contractuales. Todo ello pretendía demostrar que la nueva administración sería favorable para los trabajadores y los sindicatos en ambos lados de la frontera y, de esta manera, ganar la adhesión de la clase obrera de EU y sus organizaciones laborales. Con estas medidas, los demócratas intentaron establecer una política laboral pactada binacionalmente para proteger a los trabajadores mexicanos y también a los estadounidenses. No habría ya perdedores y surgiría una “prosperidad compartida” a nivel regional.
El balance del TMEC está por hacerse; sin embargo, en lo que toca a la materia laboral, creo que tuvo algunos efectos positivos gracias a las quejas presentadas por el gobierno de Washington y aceptadas por México, lo cual ayudó a remediar las violaciones cometidas por algunas empresas en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior ayudó a crear un ambiente más propicio para las reivindicaciones obreras.
Así pues, es importante distinguir la política de Trump y lade Biden en esta materia. El primero buscó y seguramente intentará cuando asuma el cargo, frenar el comercio y la inversión de EU a México haciendo uso de diversosmecanismos, pero sin afectar los intereses de los grandes consorcios industriales.
Por lo tanto, es probable que en los próximos meses yespecialmente en 2026 cuando se revise formalmente el TMEC, los mecanismos laborales previstos en ese tratado, particularmente el RRM, dejen de operar o se congelen. Algunos empresarios ya han declarado que este mecanismo“es un mecanismo de extorsión para las empresas”. SiTrump decide eliminar esas medidas, los inversionistasestadounidenses ya no tendrán ninguna obligación laboral ni tendrán que rendir cuentas a Washington.
Si a lo anterior agregamos que la evolución de la economía mexicana encontrará dificultades por razones internas, el panorama se vuelve sombrío para los trabajadores mexicanos o, por lo menos, más complicado. La creación de empleos será más lenta y los aumentos salariales menos cuantiosos.
Desde luego, este panorama puede cambiar, lo que dependerá de la dinámica que adquieran los fenómenos mundiales y domésticos en los próximos meses. En cualquier caso, como afirmó un alto funcionario del gobierno chino recientemente, “siempre es mejor prepararse para lo peor”. Para ello, el gobierno de México requerirá, entre otras, cosas unificar a la nación bajo una estrategia común, la cual tendría que ser resultado del consenso, el diálogo y la inclusión social, especialmente con las organizaciones de los trabajadores.
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