Campañas adelantadas
En medios nacionales ha sido difundido ampliamente que el hijo del ex Presidente López Obrador, ha iniciado una campaña en Tabasco, disfrazada de jornadas informativas, para buscar una Diputación Federal en 2027.
Las críticas han sido abiertas, directas y han venido tanto de comunicadores, como opositores al partido que hoy despacha en Palacio Nacional, quienes atinadamente exhiben lo ventajoso del asunto.
Meses antes, el nombre que estuvo en boca de la opinión pública y que prácticamente fue obligada a ponerle un alto a la promoción personalizada de su imagen en Chihuahua, fue el de la entonces Senadora Andrea Chávez, quien ha manifestado públicamente su intención por buscar la gubernatura de esa entidad.
En este último caso, el panismo nacional prácticamente linchó a la legisladora de Morena, en diferentes espacios, incluido el propio Senado de la República; por lo que a todas luces era una campaña disfrazada de actos de beneficencia, con recursos de origen desconocido.
Sin embargo, los casos de Andrés Manuel López Beltrán y Andrea Chávez, no son los únicos en el país y parece haber un doble rasero en el tratamiento de las campañas adelantadas. Al menos, eso parece cuando hablamos del caso de Aguascalientes.
Y es que prácticamente desde hace un año, diferentes actores políticos en la entidad, han incurrido en una abierta promoción personalizada, ocupando todavía cargos públicos y sin transparentar los recursos que han venido invirtiendo en entrevistas exclusivas, pero sobre todo en espacios como espectaculares, vallas publicitarias, paradas de autobús y calcas en autos particulares.
En ese supuesto han caído desde Diputadas y Diputados locales, principalmente del Partido Acción Nacional; hasta funcionarios del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado que hoy encabeza Tere Jiménez. El mecanismo de promoción ha sido similar en muchos de estos casos: utilizar medios de comunicación para disfrazar la promoción de su imagen.
La legislación electoral es muy clara cuando señala que la propaganda político-electoral es ilegal cuando viola los principios de equidad, imparcialidad y tiempos oficiales. El proceso electoral 2027, por ejemplo, inicia oficialmente en septiembre de este año. Sin embargo, la promoción de estos actores lleva cuando menos un año en las principales calles y avenidas de la ciudad.
Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los plazos y contextos en los cuales puede hacerse un informe de actividades y por ende, la promoción de éste; en Aguascalientes hemos atestiguado una profusa e ilegal difusión de nombres, imágenes e incluso programas de gobierno; fuera de tiempo, con el claro objetivo de incrementar los niveles de conocimiento de cara a la definición de las candidaturas.
En este contexto, esos mismos opositores y esos críticos que han fustigado con dureza la ilegalidad y las argucias de los personajes que han aprovechado los vacíos en la ley, como ha ocurrido en Chihuahua y Tabasco; permanecen callados ante lo que ocurre en nuestro estado y que a todas luces es una flagrante burla del marco electoral y de la competencia justa rumbo al 2027.
Bien dicen que el buen juez por su casa empieza y haría bien el panismo nacional en poner orden y cartas en el asunto, ante lo que viene aconteciendo en Aguascalientes desde hace un año. Falta que muchos de estos actores nos expliquen, por cierto, de dónde han salido los recursos para financiar estas campañas anticipadas, que en nada abonan a la legalidad que urge al México de hoy.
