Cuatro años de seguridad en Aguascalientes:lo que dicen las cifras oficiales y lo que falta por comprobar

Un análisis crítico y multidimensional sobre la estrategia de seguridad pública, la inversión en tecnología, las corporaciones especializadas y los retos de verificación de resultados.

Hay una escena que se repite todos los días en Aguascalientes, aunque casi nadie la ve: un policía recién egresado de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad se pone el uniforme por primera vez para patrullar una colonia que no conoce. Detrás de él hay una cifra —1,213— que el Gobierno del Estado repite como símbolo de cuatro años de trabajo. Pero esa cifra, por sí sola, no explica si Aguascalientes es hoy un estado más seguro.

El 23 de septiembre de 2026, el Gobierno de Aguascalientes difundió un balance de la administración de la gobernadora Tere Jiménez bajo el título “Cuatro años fortaleciendo la seguridad: más policías, equipamiento y tecnología”. De acuerdo con el boletín oficial, en cuatro años se incorporaron 1,213 nuevos policías, se formaron 10 generaciones en la Unpol, se entregaron 535 patrullas, motocicletas, razers y otros equipos, la inversión en equipamiento policial creció más de 185%, existen ya cinco Puertas de Seguridad con inteligencia artificial y las cámaras de videovigilancia aumentaron 38%.

Son datos concretos. Pero la pregunta que debe hacerse cualquier lector —y cualquier periodista— es otra: ¿qué significa realmente “fortalecer la seguridad” de un estado? La respuesta no cabe en una suma de policías, patrullas y cámaras. Requiere mirar, al menos, cinco dimensiones: las personas, su formación, el equipamiento, la tecnología y las instituciones que los coordinan. Y, sobre todo, exige distinguir entre lo que el gobierno invierte y lo que esa inversión logra demostrar en resultados.

El dato de entrada: 1,213 policías, ¿frente a qué tamaño de estado?

La cifra de 1,213 nuevos elementos suena contundente, pero no dice nada por sí sola si no se compara con el estado de fuerza total, la población del estado y los estándares nacionales de policías por cada 100 mil habitantes. El boletín oficial no reporta cuál es el estado de fuerza actual de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ni su desglose entre personal operativo y administrativo, estatal y municipal. El Segundo Informe de Gobierno de la administración (2024) sí ofrece una pista relevante: menciona que, entre los egresados de la Unpol en 2024, la corporación sumaría “500 policías más” en ese ejercicio, una cifra que ilustra el ritmo de incorporación, pero que tampoco permite reconstruir el estado de fuerza total vigente en 2026.

Esa es una limitación real de este reportaje: sin el dato oficial y actualizado del estado de fuerza —información que debería estar disponible en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del INEGI o en la propia Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes—, no es posible calcular con precisión la tasa de policías por cada 100 mil habitantes para 2026. Lo que sí puede afirmarse es que 1,213 es el número de incorporaciones acumuladas en cuatro años, no el tamaño actual de la corporación.

De la calle al aula: la apuesta por la Unpol

Uno de los ejes que la administración estatal presenta con mayor insistencia es la profesionalización. La Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol) ya ha formado, según el boletín, 10 generaciones de nuevos uniformados, y el último año sumó un edificio de Prácticas Policiales para reforzar la capacitación táctica y operativa.

El Segundo Informe de Gobierno de 2024 detalla que ese año egresaron 100 elementos en julio y se esperaban 200 más en noviembre, lo que —sumado a generaciones anteriores— proyectaba 500 policías adicionales para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en un solo ejercicio. El mismo documento reporta la creación de áreas especializadas como Tiradores Selectos, Explosivistas, Operaciones Aéreas, Tácticas y Rescate, y Paramédicos de Combate, con aval del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo que no puede verificarse con la información pública disponible al cierre de esta nota es el número exacto de egresados acumulados por la Unpol en sus 10 generaciones, el contenido curricular completo (si incluye formación en derechos humanos y perspectiva de género de forma obligatoria), ni la duración exacta de cada programa. Estos son datos que una solicitud de transparencia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o a la propia Unpol podría resolver.

¿Más policías significa más seguridad? La pregunta que el boletín no responde

Aquí aparece una pregunta importante, y la literatura en política de seguridad pública es clara al respecto: la relación entre el número de policías y la reducción del delito no es automática ni lineal. Depende de factores adicionales como la calidad de la investigación criminal, la coordinación con el Ministerio Público, la judicialización efectiva de los casos, la inteligencia policial, las condiciones sociales del territorio y la confianza ciudadana en las instituciones.

Por eso, cualquier evaluación seria de una política de seguridad debe separar tres niveles: insumos (policías, patrullas, cámaras, presupuesto), procesos (capacitación, patrullaje, coordinación, atención) y resultados (delitos, tiempos de respuesta, investigaciones resueltas, percepción ciudadana). El boletín oficial se concentra casi exclusivamente en insumos.

Equipamiento: qué son en realidad las “535 unidades”

El boletín agrupa bajo la cifra de 535 “nuevas patrullas, motocicletas, razers y otros equipos”. Es una cifra compuesta, y tratarla como si fueran 535 patrullas —como ocurre a veces en la cobertura mediática de este tipo de balances— sería impreciso. La información oficial disponible no desglosa cuántas unidades corresponden a cada categoría (patrullas, motocicletas, vehículos todo terreno tipo razer u otro equipamiento táctico), por lo que ese desglose queda pendiente de una solicitud de transparencia o de una consulta directa a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Algo similar ocurre con el incremento de “más de 185%” en la inversión destinada a equipamiento policial. El boletín no indica el año base de comparación, el monto exacto en pesos ni si se trata de presupuesto aprobado o ejercido. Para verificar esa cifra sería necesario cruzar el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes de 2022 y 2026, la Cuenta Pública correspondiente y los registros de adquisiciones en la plataforma estatal de compras públicas.

La tecnología: cinco Puertas de Seguridad y más cámaras

El capítulo tecnológico del boletín es el más ambicioso: cinco Puertas de Seguridad —en Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano y la salida a México— equipadas con inteligencia artificial, lectores de placas y reconocimiento facial, además de un incremento de 38% en cámaras de videovigilancia integradas al C5i (Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia).

Reconocimiento facial y protocolos

Conviene ser preciso sobre lo que esta tecnología puede y no puede hacer. Un lector de placas o un sistema de reconocimiento facial detecta coincidencias contra una base de datos; no decide, por sí solo, una detención. Ese paso —la validación de la alerta y la decisión de intervenir— corresponde a un operador humano bajo un protocolo. El boletín oficial no detalla ese protocolo, ni cuántas alertas genera cada Puerta de Seguridad al día, ni cuántas derivan en una detención o en una simple verificación sin consecuencias.

Videovigilancia y protección de datos

Tampoco se especifican los tiempos de conservación de las imágenes captadas por las cámaras, quién tiene acceso a esas bases de datos ni qué marco de protección de datos personales rige su operación, información relevante a la luz de la legislación mexicana en la materia.

¿Más cámaras, menos delito?

Sobre si “más cámaras” se traduce en “menos delito”, la evidencia académica disponible a nivel internacional sugiere que la videovigilancia puede tener un efecto disuasivo focalizado —sobre todo en robos y delitos patrimoniales en espacios específicos— pero su impacto es limitado si no se combina con patrullaje, iluminación y atención social del entorno. No existe evidencia de que la sola instalación de cámaras reduzca de forma generalizada la incidencia delictiva de un estado.

Nuevas corporaciones: ¿coordinación real o superposición de siglas?

En estos cuatro años se crearon la Policía Estatal de Carreteras, la Policía Turística, la Policía Metropolitana, la Comisaría Metropolitana y la Policía Rosa, esta última enfocada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género. La Policía Metropolitana y la Comisaría Metropolitana están orientadas a la zona conurbada de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, donde la movilidad diaria de la población no coincide con los límites administrativos de cada municipio: miles de personas cruzan esa frontera todos los días para trabajar, estudiar o realizar trámites, lo que vuelve razonable —al menos en el diseño— una corporación que opere de forma metropolitana.

El boletín también reporta nueva infraestructura de procuración de justicia: una Agencia Metropolitana del Ministerio Público en la colonia Insurgentes, que se suma a la de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, así como una Fiscalía Regional en Pabellón de Arteaga y una Comisaría Regional en el norte del estado. Aquí conviene una precisión editorial: policía y Ministerio Público no son lo mismo. La policía previene y responde; el Ministerio Público investiga y judicializa. Acercar geográficamente ambas instancias puede facilitar la denuncia y la atención a víctimas, pero no garantiza, por sí mismo, una mayor tasa de resolución de casos.

Lo que dicen las encuestas: una fotografía más favorable que la del promedio nacional

Aquí es donde el boletín oficial puede contrastarse con fuentes externas, y el contraste —hay que decirlo con honestidad periodística— resulta relativamente favorable a Aguascalientes en materia de percepción ciudadana, aunque con matices metodológicos importantes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en marzo de 2026 el 34.0% de la población adulta de la ciudad de Aguascalientes consideró insegura su ciudad, y en junio de 2026 esa cifra subió a 39.8%. En ambos casos, la percepción de inseguridad en Aguascalientes se ubicó muy por debajo del promedio nacional, que fue de 61.5% en marzo y 59.8% en junio de 2026, calculado sobre 91 áreas urbanas del país.

En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026 del INEGI ubicó a Aguascalientes entre los estados con menor percepción de inseguridad del país, con 41.0%, y —de acuerdo con una nota basada en esos resultados— el estado avanzó al tercer lugar nacional en percepción de seguridad, con una mejora de 7.4 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Es importante distinguir estos dos conceptos: la ENSU y la Envipe miden percepción ciudadana, no incidencia delictiva registrada. Son indicadores valiosos —reflejan cómo vive la población la seguridad en su entorno cotidiano— pero no sustituyen a las cifras de carpetas de investigación que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que este reportaje no pudo desagregar con precisión para Aguascalientes en el cierre de esta edición y que queda pendiente de verificación directa en el portal de “Datos Abiertos” del SESNSP.

También existe un ranking privado —el “Ranking de Gobernadores de México”, elaborado por una consultora especializada en encuestas de opinión— que en marzo de 2026 ubicó a la gobernadora Tere Jiménez en segundo lugar nacional en aprobación sobre seguridad, con 61%, solo detrás de Coahuila. Se trata de una medición de opinión pública elaborada por una firma privada, no de un dato oficial de gobierno, y debe leerse con esa salvedad.

Ningún dato de percepción, por favorable que sea, permite por sí solo afirmar que la incidencia delictiva real del estado bajó en la misma proporción. Y viceversa: una buena percepción no invalida la necesidad de exigir datos duros sobre homicidios, robos, extorsión y violencia familiar, además de indicadores de cifra negra —los delitos que nunca se denuncian y que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) permite estimar—.

Condiciones laborales: salarios, bonos y becas

El boletín reporta homologación salarial, bonos mensuales por actuaciones destacadas, beneficios de vivienda y un incremento superior al 677% en becas educativas y de idiomas para policías y sus familias. Ese último porcentaje es llamativo, pero el comunicado no precisa el monto inicial ni el final, el número de beneficiarios, el tipo de becas ni el periodo exacto sobre el que se calculó el incremento. Un aumento porcentual tan alto puede explicarse, por ejemplo, por partir de una base muy pequeña —una práctica común en comunicación gubernamental que no necesariamente implica manipulación, pero que sí exige contexto para no sobredimensionar el logro—. Ese contexto no está disponible públicamente al cierre de esta nota.

El hilo conductor: de los recursos a los resultados

Cuatro años de la administración de Tere Jiménez han dejado, de acuerdo con la información oficial, más policías, más equipamiento, más tecnología y nuevas instituciones especializadas. Las encuestas de percepción ciudadana disponibles —ENSU y Envipe, ambas del INEGI— respaldan, con matices, la idea de que Aguascalientes se percibe como un estado comparativamente seguro frente al resto del país.

Pero un balance de gobierno no debería medirse solo por lo que se invierte, sino por lo que esa inversión permite demostrar: menos homicidios y robos con cifras verificables del SESNSP, más denuncias resueltas, menor cifra negra, mejores tiempos de respuesta y mayor confianza institucional sostenida en el tiempo.

Varias de esas piezas —el estado de fuerza actual, el desglose del equipamiento, el monto exacto de la inversión, la incidencia delictiva estatal reciente y el detalle de los protocolos tecnológicos— no están disponibles en el boletín oficial ni pudieron confirmarse de forma independiente en esta investigación, y quedan señaladas como pendientes de verificación mediante solicitudes de transparencia y consulta directa a las dependencias correspondientes.

La idea que debería guiar la lectura de cualquier balance de seguridad —en Aguascalientes o en cualquier estado— es sencilla: una política de seguridad no se mide solamente por cuántos policías, patrullas o cámaras tiene un estado, sino por lo que esas capacidades permiten hacer y por los resultados que pueden demostrarse con datos.