El costo de la ilusión: megaproyectos y opacidad presupuestal

El ejercicio del gasto público en infraestructura suele venderse como la piedra angular del desarrollo regional. Sin embargo, cuando los proyectos prioritarios de una administración responden más a la prisa política que a una rigurosa planeación técnica y financiera, la consecuencia directa no es el bienestar social, sino una severa erosión de las finanzas públicas.

Al realizar un análisis detenido sobre el saldo financiero de las grandes obras de la llamada Cuarta Transformación revela una constante alarmante: sobrecostos exorbitantes, opacidad administrativa y retornos de inversión que, hasta el momento, resultan mínimos o derechamente negativos.

El primer caso al que me referiré es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual fue presentado originalmente con un presupuesto estimado de 75,000 millones de pesos, no obstante la obra terminó superando los 100,000 millones de pesos. Sin embargo, el costo real para el erario de esta decisión aeroportuaria no se detiene en la cifra de construcción.

Para dar paso al AIFA, el Gobierno Federal tuvo que liquidar a los tenedores de bonos, contratistas e inversionistas del cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, un proyecto diseñado para ser uno de los nodos logísticos más avanzados del mundo. El costo oficial reconocido por el propio gobierno para finiquitar dichos compromisos superó los 300,000 millones de pesos, convirtiendo la cancelación en una de las decisiones financieras más costosas y menos justificables en la historia moderna del país.

Una dinámica similar se observa con el Tren Maya; y es que la promesa inicial fijaba su costo en alrededor de 150,000 millones de pesos; no obstante, el gasto real se disparó por encima de los 500,000 millones de pesos. Este desproporcionado incremento no vino acompañado de una rentabilidad demostrada ni de la detonación económica prometida para el sureste, por el contrario, los cuestionamientos sobre el verdadero impacto distributivo del gasto se intensifican al examinar la red de contratos adjudicados, donde la constante parece ser el beneficio de círculos de influencia cercanos al poder y intermediarios privilegiados, en detrimento del interés público.

En el sector energético, la refinería de Dos Bocas encarna el mismo patrón de sobrecostos e ineficiencia, y es que, si recordamos fue anunciada con un techo presupuestal de 8,000 millones de dólares y la promesa de alcanzar una producción de 300,000 barriles diarios de combustibles para garantizar la soberanía energética, la infraestructura requirió más de 21,000 millones de dólares para completarse. 

A pesar de este colosal gasto, en su pico operacional registrado apenas logró procesar cerca de 190,000 barriles diarios, evidencia clara de una brecha profunda entre el discurso triunfalista y la realidad operativa.

También es necesario hablar del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, concebido para competir comercialmente con el Canal de Panamá y que proyectó inicialmente una inversión de 20,000 millones de pesos. Al final, la cifra superó los 60,000 millones de pesos.

Lamentablemente al encarecimiento de las obras antes citadas se le suman fallas operativas y tragedias de infraestructura, como son: incidentes viales con saldos mortales que han obligado a inyectar aún más recursos públicos para corregir el trazo de las vías y reacondicionar la obra. A este panorama se suma el constante déficit de Mexicana de Aviación, un proyecto estatal que ha arrojado pérdidas financieras desde su primer día de operaciones.

En los tiempos estelares de la autodenominada 4T, la administración de los recursos de los contribuyentes ha quedado marcada por el derroche, con obras faraónicas que, lejos de detonar un desarrollo sostenible, han consumido un capital valioso que pudo destinarse a salud, educación y seguridad, cuyo saldo final no es la autosuficiencia ni la modernidad, sino una factura histórica que terminarán pagando las futuras generaciones.