La coordinación que no se ve, pero que sostiene a un estado
Cuando una gobernadora viaja a la Ciudad de México para asistir a un informe presidencial, la imagen que suele quedar es protocolaria: un salón, un discurso, un aplauso. Pero detrás de ese tipo de actos hay algo menos visible y más relevante: la gestión constante de la relación entre un estado y la Federación, que determina si los proyectos que una entidad necesita -agua, carreteras, seguridad, salud- avanzan o se quedan detenidos por falta de interlocución.
Eso fue, en el fondo, lo que ocurrió cuando la gobernadora Tere Jiménez asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. No fue solo una asistencia: fue la reafirmación pública de que Aguascalientes quiere mantener abierta la vía de coordinación con el Gobierno de México.
Por qué esto merece explicarse, no solo reportarse
La frase de la gobernadora -«seguiremos trabajando de la mano con la Federación para sumar esfuerzos, fortalecer los proyectos estratégicos que tenemos para Aguascalientes y concretar más y mejores beneficios para las familias del estado»- podría leerse como una declaración de cortesía política. Pero vista con más atención, describe un mecanismo de gobierno real.
Ningún estado del país resuelve solo, con recursos propios, los grandes retos de infraestructura, agua o seguridad. La Constitución mexicana reparte competencias entre Federación, estados y municipios; buena parte de las obras que cambian la vida cotidiana de una familia -una carretera, un hospital de alta especialidad, una planta de tratamiento de agua- dependen de que esos tres niveles se pongan de acuerdo, coordinen presupuestos y ejecuten en conjunto. Cuando esa coordinación no existe, los proyectos se estancan, sin importar cuánto los necesite la población.
Por eso la insistencia de Tere Jiménez en mantener «una relación institucional, respetuosa y de coordinación permanente» con el Gobierno de México no debería leerse como una simple frase protocolaria. Es, en términos prácticos, una condición para que Aguascalientes pueda gestionar lo que necesita.
Coordinarse no es lo mismo que alinearse políticamente
Vale la pena decirlo con claridad: Tere Jiménez y Claudia Sheinbaum representan proyectos políticos distintos. En un sistema donde la polarización partidista suele convertirse en pretexto para el bloqueo mutuo, que una gobernadora de oposición decida priorizar el diálogo institucional sobre la confrontación es, cuando menos, una decisión de gestión inteligente.
Esto no es ingenuidad política ni renuncia a las diferencias. Es reconocer que las familias de Aguascalientes no reciben agua potable, seguridad o mejores carreteras en función del partido que gobierna, sino en función de si las instituciones -estatales y federales- logran ponerse de acuerdo para ejecutar.
El federalismo funcional, cuando existe, suele parecerse más a esto que a los grandes acuerdos declarados en cadena nacional: es trabajo continuo, de bajo perfil, sostenido en el tiempo.
Lo que todavía no se puede afirmar
Aquí es necesario ser honesto sobre los límites de lo que se sabe: lo que la gobernadora expresó fue una disposición a coordinarse y una intención de fortalecer proyectos estratégicos, no un acuerdo firmado, ni recursos federales comprometidos, ni una lista de obras garantizadas. Quien quiera evaluar si esta coordinación efectivamente se traduce en resultados concretos -inversión ejercida, obras entregadas, programas ampliados- tendrá que observar los próximos meses, no dar por hecho que la buena disposición ya es un logro.
Esa distinción no le resta valor al gesto; lo hace más creíble. Las declaraciones de intención son el primer paso necesario para cualquier gestión de gobierno, pero no sustituyen a los resultados.
El argumento de fondo
La razón para valorar positivamente este tipo de coordinación no es partidista, sino práctica: un estado que mantiene canales abiertos con la Federación -sin importar quién gobierne en cada nivel- tiene más posibilidades de gestionar recursos, resolver cuellos de botella burocráticos y sostener proyectos de largo plazo que trascienden un solo periodo de gobierno. Un estado que decide romper esos canales por diferencia partidista, en cambio, arriesga que sus proyectos queden atrapados en la desconfianza institucional, independientemente de cuánto los necesite su población.
Visto así, la presencia de Tere Jiménez en el Segundo Informe no es una nota protocolaria menor. Es una muestra de que, al menos en el discurso y en la intención declarada, Aguascalientes ha optado por la vía de la gestión sobre la vía del conflicto. Falta ver si esa intención se traduce en resultados tangibles para las familias del estado -eso solo lo dirán los próximos proyectos que se anuncien y ejecuten-, pero como punto de partida, es la decisión correcta.
