Los 600 millones y la aritmética de la opacidad
El caso Next Energy no es una victoria municipal. Es una factura parcial de una deuda pública que nadie ha terminado de contabilizar.
Cuando el alcalde Leo Montañez anunció que los 600 millones de pesos habían vuelto a las arcas municipales, lo primero que debíamos preguntar —y lo que cualquier ciudadano informado debería preguntarse— es: ¿dónde está el comprobante? No el comunicado de prensa. No la conferencia de medios. El asiento contable, el número de cuenta, el comprobante de transferencia o la constancia de liberación de las providencias precautorias que el juez decretó durante el proceso mercantil.
Esa pregunta no es retórica ni opositora por definición. Es la pregunta que obliga el artículo 6° constitucional y la Ley General de Transparencia. Los recursos públicos no se recuperan mediante declaraciones: se recuperan cuando el dinero llega a una cuenta pública verificable y la administración lo incorpora al presupuesto con la documentación de respaldo que exige la normativa contable gubernamental.
La sentencia fija un piso de 602 millones, no un techo. El monto definitivo depende de peritajes que aún no concluyen. Anunciar el dinero como «ya en caja» es, en términos jurídicos, prematuro.
El Juzgado Sexto Mercantil emitió una sentencia contundente: rescisión total del contrato, nulidad del adendum de 2020 y condena a Next Energy a restituir 426 millones por contraprestaciones más 175 millones por pagos de energía eléctrica. Suma mínima: 602 millones 512 mil pesos. Pero la misma sentencia establece que esa cantidad debe actualizarse en la etapa de ejecución, que los pagos posteriores a la demanda se liquidarán también en ejecución y que los intereses del 6% anual corren sobre los montos condenados. El propio Secretario del Ayuntamiento reconoció que determinar la cifra exacta requiere peritajes. ¿Cómo entonces el alcalde habla de que el dinero ya está en caja?
Hay dos respuestas posibles. La primera, generosa: que los recursos liberados como providencias precautorias durante el juicio ya fueron devueltos al municipio, lo que técnicamente sería correcto y sería un avance real, pero que el alcalde utilizó un lenguaje impreciso al hablar de la totalidad de los 600 millones cuando en realidad solo una parte de esa cifra ha sido transferida. La segunda respuesta, menos generosa pero igualmente válida desde el punto de vista jurídico: que se adelantó un anuncio político antes de que el proceso de ejecución hubiera concluido, con el propósito de capitalizar electoralmente un fallo que fue favorable pero que aún no produce su efecto pleno.
Ninguna de las dos lecturas exonera a la administración de su obligación de transparentar el proceso. Si el dinero ya está en caja, que se muestre el recibo. Si está en proceso de transferencia, que se informe al Cabildo con el detalle de los tiempos y los montos parciales. Y si Next Energy interpone amparo directo ante un Tribunal Colegiado, lo que le es legalmente posible, entonces una parte de esos recursos podría quedar en suspenso por meses adicionales.
La pregunta que nadie ha contestado
Pero hay una dimensión del caso que el debate sobre los 600 millones opaca con su propia espectacularidad. La sentencia condena la restitución de pagos realizados a partir de febrero de 2022. Solo eso. ¿Y los pagos anteriores? ¿Y los 120.9 millones de pesos que se pagaron durante 2021? ¿Y los pagos de 2019 y 2020? La regidora Márquez lo planteó con precisión: el municipio erogó alrededor de mil 500 millones de pesos durante años de contrato sin recibir a cambio un solo watt de energía eléctrica. La sentencia recupera una parte. La otra parte —quizá 900 millones de pesos o más— sigue sin aparecer en ningún informe de recuperación.
Esta asimetría no es un detalle menor. Es la diferencia entre una victoria judicial parcial y la rendición de cuentas real que la ciudadanía merece. El Ayuntamiento firmó un contrato en 2019 bajo condiciones que la ASF cuestionó, la oposición denunció y que resultaron en un fraude documentado. El empresario dueño de la empresa está en el Cereso de Aguascalientes. Hay dos carpetas de investigación abiertas. Y el fideicomiso de Banca AFIRME sigue bajo escrutinio penal. Celebrar la sentencia mercantil como el cierre del caso es, en el mejor de los casos, un error de encuadre.
El municipio pagó cerca de mil 500 millones de pesos por un parque solar que nunca operó. La sentencia recupera 602 millones. Los restantes 900 millones no están en ninguna hoja de ruta de recuperación conocida.
El deber de transparencia presupuestaria
La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los entes públicos deben registrar y transparentar cualquier ingreso de recursos, independientemente de su origen. Si el municipio recupera dinero producto de una sentencia judicial, ese monto debe quedar reflejado en los registros contables con la fecha exacta de ingreso, el concepto y el número de cuenta receptora. Esa información no es confidencial ni está sujeta a reserva: es información de ejercicio presupuestal que cualquier ciudadano puede solicitar al amparo de la Ley de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
La exigencia de la regidora Márquez no es, en este contexto, una postura política de oposición. Es el recordatorio de una obligación legal que la administración municipal tiene frente al Cabildo y frente a la ciudadanía. El Cabildo es el órgano colegiado de gobierno municipal; ignorarlo en la rendición de cuentas de una sentencia de este calibre no solo es una omisión política: es una irregularidad en el ejercicio de la función pública.
Una reflexión final
El caso Next Energy es, en términos estructurales, una historia sobre cómo los contratos de Asociación Público-Privada pueden convertirse en instrumentos de extracción de recursos públicos cuando los mecanismos de control fallan. Falló la licitación en 2019. Falló la supervisión durante años de pagos sin servicio. Falló, o se omitió deliberadamente, la rescisión oportuna del contrato antes de acumular 20 mil millones en compromisos. El juicio mercantil es la corrección tardía de un error que nunca debió llegar a esa magnitud.
Que hoy se celebre la sentencia como un triunfo de la administración municipal es comprensible. Que se utilice para cerrar el debate sobre la totalidad del daño al erario, no lo es. Los 600 millones importan. Los otros 900 también.
Referencias
Sentencia expediente 0218/2023, Juzgado Quinto Mercantil / Juzgado Sexto Mercantil, STJEA; Auditoría Superior de la Federación, Informe de Cumplimiento núm. 406, ejercicio 2021; Ley General de Contabilidad Gubernamental, arts. 17-18; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes; reportes de El Heraldo de Aguascalientes, LJA.mx, BI Noticias, Aristegui Noticias y Expansión Política, consultados en abril de 2026.
