Universidad Autónoma de Aguascalientes: proyectarse en tinieblas
“Conflagración de relámpagos, acometer las tinieblas para transfigurarlas en luz, hasta que ya no sea posible precisar desde los ojos de quién amanece.”
— Desiderio Macías Silva
En octubre de 2023, por el diario El País, nos enteramos de que en México se había hecho un fraude a gran escala, pues un grupo de personas se había robado más de 6,000 millones de pesos en varias instituciones federales y estatales. En esa publicación, el diario documentó que autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) habían invertido 213 millones de pesos en la compra de certificados bursátiles, un tipo de inversión riesgosa y prohibida por las leyes mexicanas.
No fueron las nuevas autoridades universitarias quienes informaron sobre el grave problema, sino este periódico de prestigio nacional, lo cual levantó una ola de comentarios, especulaciones y acusaciones. La rectora, la Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, recién incorporada a su nuevo cargo, dijo que investigaría el caso y tomó la decisión de quitar de su puesto a un posible responsable financiero de lo ocurrido, cercano a la rectoría, pero no acusó al rector Francisco Javier Avelar González.
Se sabe que en esta estafa –se lee en el diario- “participa una red de testaferros, brokers, banqueros y servidores públicos”. El boquete financiero en la UAA no se recuperará, dicen lo que saben. Lejos de atemperar las inquietudes dentro y fuera de la institución, otra noticia nos volvió a sacudir a muchos. Ocho meses después, el 30 de junio de este 2024, el mismo diario El País publicó resultados de una nueva investigación que mostraban que la UAA había usado 138 millones de pesos adicionales para hacer otra operación, y mostró el documento institucional con la firma de la actual rectora que comprobaba la compra de “bonos basura”. Lo publicado es relevante porque allí se enfatiza que esos recursos “fueron pagados por instrucción de la rectora de la casa de estudios”.
Ese mismo día, apareció un oficio de la UAA (sin firma del o la responsable del texto), señalando tres puntos clave, que tienden a aminar el problema y acusar a los verdaderos responsables. El documento menciona: 1. que de esta “detección del daño al patrimonio” (fraude) ya se había informado a la comunidad universitaria y a la sociedad, 2. que el fideicomiso de pensiones y jubilaciones “nunca ha estado en riesgo”, y 3. que “la proyección y preparación de las inversiones se hicieron en la anterior administración rectoral”.
Tanto las autoridades universitarias del pasado como las actuales han procurado deslindarse del problema, a pesar de que allí están sus firmas. Podemos darles el beneficio de la duda y decir que el anterior rector y la rectora en funciones fueron engañados por uno o varios intermediarios corruptos, o por un hombre de confianza que los traicionó. Esto es posible; sin embargo, no los exime de responsabilidad.
Por primera vez, para defenderse de las acusaciones y escándalos, las actuales autoridades de la universidad culparon a “la anterior administración rectoral”, porque fue entonces cuando se proyectó y prepararon las dos inversiones que resultaron fraudulentas. Ahora bien, si ya se conoce al o a los responsables del fraude, ¿por qué no se toman las medidas legales e institucionales correspondientes, basadas en nuestra autonomía y con el conocimiento que ya se tiene de los hechos ocurridos, sin esperar resultados de los otros juicios externos, los cuales determinarán responsabilidades y, en su caso, los castigos correspondientes?
Sigo sin entender por qué teniendo tantos millones invertidos, éstos no se destinaron a mejorar el trabajo de la institución. Por qué no comprar el material que tanto hace falta en los laboratorios, en atender mejor la Unidad Médico Didáctica, en apoyar las investigaciones en marcha y tener más patentes, en incrementar las becas para jóvenes vulnerables y con necesidades especiales, en actualizar el equipo en la Posta Zootécnica, en fortalecer el campus Sur, en impulsar más aún las actividades deportivas y a los deportistas sobresalientes, en incrementar las actividades artísticas, en ofrecer estímulos a estudiantes y docentes emprendedores, en realizar eventos con invitados de vanguardia en sus disciplinas, en apoyar el programa de salud mental que tanto hace falta, en incrementar la movilidad de estudiantes y docentes, en impulsar un programa ambicioso de vinculación con los sectores social y productivo, en publicar más y mejores libros, en incrementar el pago a los maestros de hora clase y en tantas otras áreas que siguen demandando especial atención.
La UAA no es una empresa que requiera buscar inversiones para obtener mayores ganancias, sino una institución que busca la excelencia en sus funciones sustantivas en la docencia, la investigación y la extensión. 351 millones de pesos no es poca cosa y ya no los tenemos. La institución, como lo dijo una directora de la institución, seguirá estirando la cobija para cubrir a todos.
Extraña cierto silencio e inmovilidad ante el desvío de los recursos millonarios, por un lado; pero, paradójicamente, por el otro, de manera ruidosa se manifiestan dentro y fuera de la institución las posturas defensivas de las personas que estuvieron en la administración pasada y en las de ahora. Después de la primera publicación del País, aparecieron escritos sobre todo anónimos para acusar directamente a personas, y ocurrió lo mismo en la publicación del 30 de junio. El ruido y la mentira vienen de personas cuyos propósitos no pretenden aclarar y argumentar, sino a enrarecer el ambiente que de por sí ya está oscurecido.
Como ha ocurrido en la historia de la universidad, nuevamente vemos una disputa de quien salió de rectoría y quien ahora la tiene, no obstante que al anterior se le deba el lugar que ahora esta persona ocupa. La pugna continuará al igual que los texto acusatorios y mal intencionados si no se toman las medidas institucionales debidas. Lo que vemos y escuchamos son manifestaciones defensivas en la UAA y no posturas proactivas. ¿Dónde están la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, la Contraloría Universitaria y los exrectores?, ¿dónde está la comunidad universitaria? En otras palabras, lo que presenciamos todos los días es que hacia adentro y hacia afuera, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lastimosamente, no proyecta la luz suficiente que necesitan y merecen los universitarios y la sociedad a la que se debe.
Nota final
El 21 de mayo de 1974, el consejo directivo en funciones de Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aprobó por unanimidad la propuesta del lema del poeta y médico Desiderio Macías Silva “Se lumen proferre”, que significa “proyectarse en luz”. Este lema implica, según la justificación de doctor Desiderio Macías presentada al Consejo Universitario, una ontología, una axiología y una ética. De esta última, dijo que era una “luz que contamina a la no luz, no para destruirla, sino para asimilársela, es decir, para salvarla en perfección y esplendor”.
Deseamos que esa luz, que de hecho existe en el trabajo cotidiano de cientos de personas que conformamos la comunidad universitaria, se recupere públicamente. Las y los docentes, investigadores y todo un gran equipo de personas administrativas y manuales seguimos preocupados por lo que está ocurriendo, y seguimos trabajando, sobre todo ahora con el ingreso de nuevas generaciones de estudiantes que merecen un ambiente propicio y digno para formarse como profesionistas capaces y personas solidarias y éticamente responsables.
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Salvador Camacho Sandoval es Consejero Universitario del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Egresó de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación de esta universidad; es Maestro en Ciencias con Especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN y Doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y de varias agrupaciones nacionales e internacionales.
