Descontento social
La Presidenta Claudia Sheinbaum atraviesa una de sus crisis políticas más importantes. La crispación social se encuentra en punto crítico. Los bloqueos de agricultores y campesinos en todo el país han puesto en jaque al gobierno federal, que pretende sacar adelante la Ley de Aguas Nacionales antes del 15 de diciembre.
Sin embargo, el malestar está aderezado por la falta de precios justos, de seguridad carretera y en general, de apoyos al campo.
Pero la tensión que hoy se vive no es casualidad. El campo mexicano ha sido presa de las extorsiones de la delincuencia organizada desde hace varios años, lo cual ha provocado un incremento de los costos finales de las mercancías, hasta en un veinte por ciento ( en algunos casos). Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas son algunas de las entidades más afectadas.
A ello hay que sumar los casi ochenta robos diarios que sufren los transportistas, de acuerdo con la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), en las diferentes carreteras del país. La situación es crítica, pero, como ya es costumbre; el gobierno de Sheinbaum parece empeñado en su discurso oficial: estamos bien, no hay de qué preocuparse.
El descontento del sector agrícola, sucede a escasas semanas del caso del Alcalde Carlos Manzo, ejecutado en la plaza principal de Uruapan, a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un municipio aguacatero asediado día y noche por las extorsiones de los criminales.
Tras el terrible asesinato, que puso en evidencia el abandono de un Alcalde que denunció y enfrentó al narcotráfico, con los pocos recursos a su alcance; la indignación social estalló y la tensión para el gobierno de la 4T aumentó.
Ahora bien, si nos vamos a otro terreno, el económico; las cosas están igual de complicadas. El tercer trimestre cerró con una contracción de 0.3%, respecto al trimestre anterior. Y aunque muchos sectores experimentaron caídas significativas, fueron la industria y la manufactura (dos de los más importantes) los más golpeados.
Con todo ello, las principales instituciones financieras han ajustado sus pronósticos de crecimiento a la baja, estimando que la economía nacional crecerá apenas entre un 0.4% (OCDE) y un 0.7% (BBVA).
¿Por qué es relevante esto?, porque lo anterior se traduce automáticamente en un detrimento en el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Imaginemos este cóctel: precios más altos, producto de las extorsiones al sector agroalimentario y menos ingresos para la gente, producto del estancamiento económico.
Este panorama antecede a un año que será determinante en muchos sentidos. El proceso electoral del 2027 iniciará en septiembre del 2026. Será también en junio del próximo año, cuando tenga lugar el Mundial de fútbol en Canadá, México y Estados Unidos.
Por ello, la convulsión social que se vive amenaza la posibilidad de transitar, de manera pacífica y bajo márgenes mínimos de gobernabilidad, hacia ambos escenarios. Lo que está en juego es mucho y el partido en el gobierno lo sabe.
