Chocan cifras de desaparecidos en Aguascalientes

Chocan cifras de desaparecidos en Aguascalientes

El Observatorio de Seguridad Ciudadana reporta 479 personas desaparecidas con corte histórico al 16 de mayo de 2025. La Fiscalía del Estado solo reconoce 266 en 19 años. La Comisión Estatal de Búsqueda habla de cientos de reportes anuales. Tres fuentes, tres números distintos. Mientras funcionarios que debieran ser responsables guardan silencio Aguascalientes registra ya un aumento del 20% respecto a 2024.

Hay tres versiones oficiales o cuasi-oficiales sobre cuántas personas han desaparecido en Aguascalientes, y ninguna coincide con las otras dos. El Observatorio de Seguridad Ciudadana citó el martes 29 de abril, apoyándose en datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a través de su plataforma Red Lupa, que el estado acumula 479 personas desaparecidas y no localizadas, cifra con corte al 16 de mayo de 2025. Red Lupa asigna a Aguascalientes una calificación de nivel medio superior de gravedad, la misma que aplica a entidades como San Luis Potosí o Durango. No es un elogio.

La Fiscalía General del Estado tiene un número distinto. Vía solicitud de información con folio 010054825000152, respondió que desde 2006 hasta el 10 de abril de 2025 registró 266 personas desaparecidas en carpetas de investigación formalmente abiertas. Ese número equivale a poco más de la mitad de lo que indica Red Lupa para el mismo período histórico. La diferencia no es un error de captura: obedece a dos metodologías incompatibles. La Fiscalía solo contabiliza casos que cumplen el Protocolo Homologado de Búsqueda, es decir, personas menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, o aquellas cuya desaparición se presume delictiva o lleva más de 72 horas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del que se nutre Red Lupa, incorpora todo reporte recibido por las comisiones de búsqueda, con o sin carpeta de investigación.

Hay una tercera versión. La Comisión Estatal de Búsqueda estima que el promedio anual de reportes en la entidad ronda entre 600 y 700 casos, de los cuales cerca del 80% termina con la persona localizada. Eso sitúa el universo real de personas efectivamente desaparecidas en una escala distinta a las anteriores dos, y evidencia que el grueso de los reportes nunca llega a convertirse en carpeta de investigación ante la Fiscalía. Lo que no se investiga, no se cuenta. Lo que no se cuenta, no existe en los registros.

El problema de fondo no es solo local. El Registro Nacional ha estado bajo escrutinio intenso en 2026. En marzo, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum presentó una revisión que redujo drásticamente el universo de desaparecidos reconocidos: de más de 132 mil casos históricos, solo 43 mil se consideraron vinculados a un delito, y de esos únicamente 3 mil 869 tenían carpeta de investigación en alguna fiscalía estatal. La organización Fundar lo resumió sin rodeos: pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda. Amnistía Internacional y decenas de colectivos de buscadoras rechazaron las conclusiones del informe federal por la misma razón. El número que importa políticamente siempre tiende a ser el más pequeño.

Aguascalientes reproduce ese patrón en escala local. El Estado figura entre los cinco con menor número absoluto de desaparecidos en el país, junto a Campeche, Tlaxcala, Yucatán y Querétaro. Ese ranking puede tranquilizar a quien lo necesite tranquilizar. Pero Red Lupa advierte que Aguascalientes fue uno de los siete estados con un incremento igual o superior al 20% entre 2024 y 2025. El municipio capital pasó de 262 a 278 casos en un año. San Francisco de los Romos duplicó sus números. Rincón de Romos, donde el Ejército desarticuló en julio de 2025 un campamento del CJNG con cuatro detenidos que tenían ficha de desaparición activa, presentó incremento sostenido. El dato más duro: el 50% de los casos se concentra en personas de entre 15 y 34 años. El 26.7% de las mujeres desaparecidas tenía entre 15 y 19 años cuando fue reportada.

En los informes de gobierno nunca han mencionado la desaparición de personas, ni en ninguna conferencia de prensa documentada. En la actual administración no existe programa específico alguno para atender la problemática, según señala Claudia de la Torre, integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda y hermana de un desaparecido desde 2018. Ese Consejo lleva más de tres años sin poder sesionar formalmente porque la Secretaría de Gobierno no ha aprobado su reglamento. Un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía lleva pendiente de firma desde mayo de 2024. El tortugismo burocrático de la Secretaria General de Gobierno del Estado, deja claro lo que le importa a su titular Antonio Arámbula López el tema. Hay fosas clandestinas documentadas en zonas colindantes con Zacatecas. Hay una ruta migratoria activa desde el sur del estado con personas de Haití y otras nacionalidades centroamericanas. Hay, en palabras de quienes buscan, convoyes del crimen organizado que bajan a los pueblos. Todo eso existe y no genera respuesta institucional visible. Incluso se podría pensar que Antonio Arámbula López, el fiscal y el secretario de seguridad del Estado se pusieron de acuerdo para no informar no solo a la ciudadanía de lo que está ocurriendo con este tema.

La pregunta que el choque de cifras plantea no es cuál número es el correcto. Es por qué el gobierno estatal no tiene urgencia de saberlo. Mientras la Fiscalía atiende solo los casos que llegan por su ventanilla formal, y la Comisión de Búsqueda opera sin reglamento, sin convenio firmado y con un Consejo Ciudadano inoperante, las familias hacen el trabajo que las instituciones eluden. Javier Espinoza, del Colectivo Caso Maverick, lleva meses señalando que Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en desapariciones de mujeres por proporción y el segundo en hombres. No hay un solo funcionario de primer nivel que haya respondido a ese dato públicamente.

El contraste entre cifras no es un tecnicismo estadístico. Es la fotografía de un estado que contabiliza según le conviene, que coordina lo mínimo indispensable, y cuya titular del ejecutivo ha optado por no pronunciar en voz alta la palabra desaparición. Cuando las instituciones no cuentan bien, las familias cargan solas con el número real. Ese número, sea 266, 479 o más, tiene nombre y apellido en cada caso. El gobierno de Aguascalientes no los ha dicho.

Fuentes

Fuentes: Red Lupa / IMDHD (informe estatal Aguascalientes, mayo 2025); Fiscalía General del Estado (solicitud folio 010054825000152); Pie de Página (julio 2024); Proceso (julio 2025); CNN en Español (marzo 2026); BI Noticias (mayo 2025); Plano Informativo (marzo 2025).

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

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