La Pona, de terreno en disputa a patrimonio de todos

La Pona, de terreno en disputa a patrimonio de todos

El viernes 10 de julio de 2026, miles de familias llegaron a La Pona, en el oriente de la ciudad, para un acto que pocos habrían imaginado hace apenas un año: la entrega formal de las escrituras del predio a la ciudadanía. En el evento «La Pona es de todos», el presidente municipal Leonardo Montañez Castro y la gobernadora Tere Jiménez encabezaron una ceremonia que cerró, al menos en el papel, más de dos décadas de litigios, amparos y movilizaciones por uno de los últimos fragmentos de mezquital urbano del estado.

Montañez entregó los documentos a Gina Ventura Ramírez, presidenta del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado, en representación de la sociedad civil que defendió el sitio durante años. La gobernadora y el alcalde fueron nombrados scouts honorarios por la Asociación de Scouts de México en Aguascalientes, y ambos plantaron árboles como parte del acto simbólico que marcó la fusión de dos polígonos —el parque La Pona y la mezquitera contigua— en un solo espacio.

Qué decisión se anunció

El acto de julio no fue un hecho aislado, sino el corolario de una operación que el Ayuntamiento inició meses antes. El 2 de junio de 2026, en sesión extraordinaria de Cabildo, el municipio aprobó la compra de tres predios ubicados en avenida Aguascalientes Oriente, con avenida Alameda, que suman más de 30 hectáreas de La Pona. Según explicó el propio alcalde, las empresas propietarias pedían inicialmente 105 millones de pesos; tras la negociación, la operación se cerró en 101 millones, a los que se sumaron 4 millones pagados con anterioridad como anticipo.

Con los terrenos ya en manos públicas, el objetivo declarado por el gobierno municipal es consolidar la totalidad de La Pona como Área Natural Protegida en la categoría de Zona de Conservación Ecológica de Centro de Población. Montañez ha sido explícito en que ese último paso —la declaratoria formal sobre el cien por ciento del predio— todavía no se firma: en abril, ante la petición de colectivos ciudadanos de blindar de inmediato la totalidad del área, el alcalde señaló que la prioridad inmediata era cerrar la compra antes de avanzar hacia el decreto, y que la elaboración de un plan de manejo requerirá después la participación de esos mismos grupos.

Ese matiz importa porque explica por qué, aun con la entrega de escrituras ya realizada, el proceso sigue abierto. De acuerdo con reportes posteriores a la firma de compraventa, el municipio y el gobierno estatal trabajan ahora en un Estudio Preventivo Justificativo, documento técnico que definirá las condiciones ecológicas, la biodiversidad presente y las restricciones necesarias antes de que la Federación pueda emitir la declaratoria definitiva de área protegida.

Treinta años de defensa ciudadana

Para entender el peso simbólico del 10 de julio hay que remontarse a los años dos mil, cuando organizaciones como Conciencia Ambiental, encabezada por Enriqueta «Queta» Medellín, y después S.O.S. Mezquitera La Pona comenzaron a documentar el valor ecológico del sitio y a oponerse a los primeros intentos de urbanización. En 2005, el entonces presidente municipal Martín Orozco declaró a La Pona zona de reserva ecológica, y en 2010 el predio obtuvo la declaratoria de Área Natural Protegida con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esa protección resultó frágil. En 2018 se modificó el decreto: la superficie protegida se redujo a 11.4 hectáreas mediante un convenio de donación que, a cambio, permitía la urbanización de buena parte del resto del predio. La amenaza volvió con fuerza en 2022, cuando un nuevo programa de desarrollo urbano pretendió incorporar alrededor de 16.5 hectáreas adicionales al área de expansión de la ciudad, lo que dio origen al colectivo Salvemos La Pona, liderado por Sofía González Ponce.

El punto más crítico llegó en abril de 2025. El día 24, un tribunal colegiado sobreseyó el último amparo colectivo que frenaba las obras en la mezquitera; al día siguiente, maquinaria de la inmobiliaria propietaria llegó al predio para iniciar el desmonte, en fechas que coincidieron con la Feria Nacional de San Marcos. La respuesta ciudadana fue inmediata: manifestaciones en la Plaza de la Patria, un campamento permanente de vigilancia y pronunciamientos de artistas en los foros de la feria lograron detener el avance de las retroexcavadoras. Esa resistencia, más que cualquier decisión de gobierno, es la que Montañez reconoció públicamente en el acto de julio, al señalar que la historia de La Pona no comenzó con la entrega de escrituras, sino que es resultado de tres décadas de trabajo de vecinos, especialistas y organizaciones que no dejaron de insistir.

No todas las voces coinciden en que el proceso haya sido impecable. En mayo de 2026, Salvemos La Pona acusó al Ayuntamiento de opacidad en las negociaciones y rechazó una propuesta municipal de crear un patronato ciudadano, por considerar insuficiente esa figura frente a un consejo con capacidad real de incidencia. El colectivo insiste en que su exigencia histórica ha sido siempre la protección del cien por ciento del territorio, no soluciones parciales como la de 2018.

Por qué La Pona importa para el agua de la ciudad

El nombre mismo de Aguascalientes remite a los manantiales que brotaban en la zona de Ojocaliente, contigua a la mezquitera. De los trece manantiales que llegó a haber, para 2022 sólo quedaban dos, y el de Ojocaliente es hoy el único activo dentro de la mancha urbana. La vegetación de mezquite que cubre el predio —según cifras citadas por el propio gobierno municipal, alrededor del 65 por ciento de la superficie— cumple una función de infiltración que alimenta al acuífero Ojocaliente, la principal fuente de abastecimiento subterráneo de la capital.

Organizaciones ambientalistas y fuentes especializadas han estimado que el mezquital aporta decenas de millones de litros de recarga al año y captura una cantidad relevante de dióxido de carbono, aunque estas cifras específicas provienen de estudios independientes y todavía no han sido validadas mediante el Estudio Preventivo Justificativo que el municipio tiene pendiente. Lo que sí han confirmado tanto autoridades como especialistas es la función del predio en tres frentes: regula la temperatura del oriente de la ciudad, reduce el riesgo de inundaciones en una zona históricamente vulnerable a encharcamientos y sostiene una diversidad biológica que incluye mezquites, huizaches y fauna asociada a matorral espinoso, uno de los ecosistemas más escasos dentro del área urbana del estado.

El papel de Leo Montañez en el desenlace

A diferencia de administraciones anteriores, que negociaron reducciones de la superficie protegida o enfrentaron los amparos ciudadanos como parte contraria, el gobierno de Leo Montañez optó por la compra directa de los predios en disputa. Es una diferencia de fondo: mientras el acuerdo de 2018 dejaba la conservación sujeta a la voluntad de las inmobiliarias, la adquisición de 2026 traslada la propiedad al municipio y, con ella, la decisión final sobre el destino del suelo.

El propio alcalde ha evitado presentar el proceso como una victoria unilateral. En el acto de entrega de escrituras insistió en que las mejores decisiones nunca pertenecen a una sola persona, sino que son resultado de una comunidad que decide no rendirse, y atribuyó el logro al trabajo conjunto entre el gobierno estatal y el municipal. Ese reconocimiento explícito a las organizaciones ciudadanas —muchas de las cuales, como Salvemos La Pona, mantienen una postura crítica hacia el propio Ayuntamiento— es parte de lo que distingue el tono de este episodio frente a conflictos ambientales previos en la ciudad.

Aun así, quedan pendientes que definirán si la operación se convierte en un legado ambiental duradero o en un episodio más de protección parcial: la declaratoria federal de Área Natural Protegida sobre la totalidad del predio, la elaboración del plan de manejo con participación ciudadana real y la vigilancia permanente frente a incendios, tiraderos clandestinos y accesos irregulares que han dañado el sitio en el pasado. El municipio ha reforzado en los últimos meses las labores de desmalezado, apertura de brechas cortafuego y rondines con la Policía Montada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, medidas que buscan sostener la conservación mientras avanza el proceso legal.

Beneficios esperados para la ciudad

Si el proceso llega a buen puerto, los beneficios que citan tanto el municipio como los propios colectivos ambientalistas apuntan en la misma dirección: un pulmón urbano de más de 30 hectáreas que ya no podrá convertirse en fraccionamientos ni desarrollos comerciales, protección directa de la principal zona de recarga del acuífero que abastece a buena parte de la capital, un refugio de biodiversidad dentro de la mancha urbana y un espacio de convivencia familiar que, según el propio Ayuntamiento, ya reciben cientos de familias los fines de semana.

Hay también un componente de salud pública poco discutido: los espacios verdes urbanos reducen la exposición a islas de calor y ofrecen a la población zonas de esparcimiento gratuito, algo particularmente relevante para las colonias del oriente de la ciudad, entre ellas Colonia del Trabajo y Lomas de Santa Anita, que rodean el predio y que durante años vieron cómo el sitio se deterioraba por incendios recurrentes y falta de vigilancia.

Un proceso que sigue abierto

La entrega de escrituras del 10 de julio marca un cambio de propietario, no el cierre definitivo del expediente. Falta la declaratoria federal, falta el plan de manejo y falta resolver la relación entre el municipio y los colectivos que durante años defendieron el predio sin el respaldo del gobierno en turno. Es en esa siguiente etapa —más técnica, menos protocolaria— donde se sabrá si la decisión de comprar La Pona se convierte en la política ambiental más duradera de la administración de Leo Montañez o si, como ha ocurrido antes en la historia del predio, la protección vuelve a quedar a medio camino.

Lo que sí cambió el viernes 10 de julio es la naturaleza del conflicto: por primera vez en más de veinte años, la disputa por La Pona no enfrenta a la ciudadanía contra el propietario del terreno, porque ese propietario, ahora, es la propia ciudad.