La negligencia federal frente a la visión de altura en Aguascalientes
Conforme transcurre el tiempo, se confirma el peor golpe al sistema de salud en la historia de nuestro país. En su primer año, la actual administración federal recortó 113,000 millones de pesos al sector salud. ¿Cuáles fueron los resultados? Todas y todos los vimos: mínimos históricos en vacunación y 44.5 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a servicios médicos esenciales.
Todo indica que lo peor está por venir. La Secretaría de Hacienda adelantó que este año eliminarán programas históricos con el pretexto de una falsa austeridad que solo busca el aplauso fácil. Van a desmantelar la Secretaría de Salud federal ya que pasará de tener 27 programas a tan solo 16, desapareciendo 11 esquemas fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud humana.
Entre las afectaciones más graves se encuentran la eliminación del programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, así como de la vigilancia epidemiológica, lo cual es clave ante crisis sanitarias como el COVID-19, así como la atención específica de VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Todo será absorbido por una bolsa única genérica, ignorando las particularidades de cada padecimiento.
Información que se ha dado a conocer en el ámbito federal, deja ver que las y los pacientes quedan diluidos en una burocracia ciega, en tanto el Estado debilita su capacidad de respuesta ante epidemias de dengue, sarampión o nuevas pandemias.
En los hechos, siguen desmantelando las instituciones para destinar miles de millones de pesos a programas clientelares operados por la Secretaría del Bienestar, precarizando al personal médico y de enfermería. Queda claro que al parecer el gobierno federal no busca salvar vidas, sino asegurar su permanencia en el poder a costa de la salud de la ciudadanía.
Vale la pena recordar que, en el 2022, la Secretaría de Salud federal contaba con 193,000 millones de pesos; para 2025 cayó a 66,000 millones, y en 2026 el desmantelamiento será total; esto no es austeridad, es negligencia criminal pagada con vidas humanas.
Frente a esta tragedia nacional impulsada desde el nivel central, la diferencia se nota claramente desde las trincheras estatales. Un ejemplo contundente es lo que se ha hecho en Aguascalientes, donde el gobierno estatal, encabezado con sensibilidad social y determinación por la gobernadora Tere Jiménez, decidió blindar a la población destinando recursos propios históricos y un presupuesto prioritario para la salud.
Entonces, mientras la federación recorta y centraliza bajo intereses político-electorales, Aguascalientes ha rechazado someterse al ineficiente modelo federal y consolidó el Seguro Popular. Aquí se tiene un programa único y referente nacional que garantiza atención médica gratuita, consultas ilimitadas, medicamentos, estudios de laboratorio, mastografías y lentes a quienes no cuentan con seguridad social. Asimismo, se han construido y equipado clínicas especializadas y se prioriza la prevención de primer nivel.
Esto demuestra que cuando existe verdadera voluntad política, empatía y visión de Estado, los recursos no se usan para inflar clientelas, sino para proteger la vida, la salud y la dignidad de las familias.
No podemos permitir que el gobierno continúe con esta embestida; su agenda de desmantelar sistemáticamente a nuestras instituciones es una estrategia clásica del populismo y las dictaduras. Debemos alzar la voz, porque las consecuencias catastróficas de este abandono institucional nos tocará verlas desafortunadamente.
