A lista negra: ¿Análisis digital o estigmatizacion?
Frente al reciente debate nacional generado por los diagnósticos oficiales y la exposición pública de voces críticas desde las más altas esferas del poder público, resulta indispensable fijar una postura clara, firme y sin ambigüedades en defensa de las instituciones, el estado de derecho y las libertades democráticas fundamentales de nuestra sociedad.
En la actualidad, las redes sociales y los espacios digitales constituyen, por su propia naturaleza, arenas dinámicas y plurales donde convergen de manera natural el debate público, la crítica legítima, la fiscalización ciudadana y las inevitables tensiones políticas cotidianas.
Sin embargo, cuando el aparato del Estado decide destinar tiempo, cuantiosos recursos públicos y tribunas oficiales a elaborar diagnósticos con dedicatoria específica para clasificar, señalar, fichar y etiquetar a quienes piensan distinto, se cruza una línea sumamente peligrosa para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.
En fechas recientes fue presentado un “ejercicio” del gobierno federal que buscó catalogar flujos de información y poner rostro, fotografía, nombres y filiación a legisladoras, legisladores, periodistas, activistas sociales y voces opositoras bajo el pretexto técnico de analizar ecosistemas de amplificación digital.
Esto, lejos de constituir un ejercicio neutral de transparencia institucional, ha mandado un mensaje inequívoco de intimidación política, pues cuando desde el poder se confeccionan listas negras y se estigmatiza sistemáticamente a la voz crítica, se debilita el pacto social y se vulnera la garantía elemental de disentir libremente sin el temor constante a la persecución gubernamental.
Ante esto, diversos liderazgos políticos, colectivos ciudadanos y voces plurales en todo el país han alzado la voz con absoluta razón y congruencia. El disenso político nunca será una amenaza que deba neutralizarse ni un fenómeno que deba combatirse desde el púlpito oficial; es, por el contrario, la esencia misma, el termómetro indispensable y el motor de transformación de cualquier República que se jacte de ser verdaderamente democrática.
Frente a este escenario, es imperativo hacer un alto reflexivo y replantear las verdaderas prioridades que demanda nuestra sociedad en su día a día. Mientras los recursos gubernamentales se concentran en debatir quién critica la gestión oficial en internet, las familias mexicanas enfrentan cotidianamente retos profundos, complejos y urgentes en materia de seguridad, economía y bienestar social que no admiten distracciones institucionales de ninguna índole.
Hoy, quienes somos parte del servicio público, debemos tener muy claro que la ciudadanía no nos busca para presenciar pleitos digitales, presuntas listas de señalamientos o estrategias de propaganda partidista; nos exige resultados tangibles, cuentas claras, seguridad efectiva y oportunidades reales de desarrollo colectivo. En mi caso, tengo claro que la política verdaderamente útil es aquella que concentra su energía y talento en resolver los problemas reales de la gente, no en fiscalizar ni coartar la libertad de expresión ciudadana.
Desde nuestra trinchera institucional en lo local, debemos mantenernos firmes en la defensa inclaudicable de los derechos fundamentales y de la apertura al diálogo plural. En Aguascalientes estamos acostumbrados a trabajar privilegiando el respeto mutuo, la concordia social y el esfuerzo diario por encima de la polarización estéril.
El llamado a quienes somos parte de la administración pública es a demostrar con hechos contundentes que la mejor respuesta ante la tentación autoritaria del control y la estigmatización es un gobierno cercano, transparente y dedicado de tiempo completo a servir a su comunidad, tal como aquí lo hacen la gobernadora Tere Jiménez y en la Capital, Leo Montañez, sabiendo que la libertad de pensamiento y la pluralidad no se persiguen ni se hostigan; se garantizan, se protegen y se respetan todos los días.
