Al oriente de la ciudad, donde el asfalto de las avenidas Aguascalientes y Alameda se detiene, todavía hay un bosque de mezquites que no debería existir. No en una capital que en las últimas dos décadas devoró huertas, manantiales y arroyos para levantar fraccionamientos. La Pona sobrevivió a eso. Y este verano, por primera vez en su historia, dejó de vivir bajo amenaza: el Municipio de Aguascalientes es ahora dueño de los tres predios que faltaban para completarla, casi 31 hectáreas que ya no pueden urbanizarse.

Que ese bosque siga en pie no fue un accidente ni, como podría sugerir cualquier boletín oficial, el gesto espontáneo de una administración. Fue el desenlace —al menos por ahora— de una disputa de veinte años entre quienes querían construir ahí y quienes se negaron a permitirlo.

La decisión: 101 millones de pesos y un bosque que no se toca

El 2 de junio de 2026, en sesión extraordinaria, el Cabildo de Aguascalientes aprobó con 12 votos a favor y 4 en contra la compra de 11 predios en la zona de La Pona, con una superficie conjunta de 308,854.28 metros cuadrados —poco más de 30.8 hectáreas—. Las empresas propietarias, Patrimonio S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. e Inmobiliaria Próxima S.A. de C.V., pedían inicialmente 105 millones de pesos; tras la negociación, el Municipio cerró la operación en poco más de 101 millones, a los que se sumaron cerca de 4 millones ya cubiertos por concepto de predial.

El objetivo declarado por el Ayuntamiento fue consolidar el área como Área Natural Protegida bajo la categoría de Zona de Conservación Ecológica de Centro de Población, una figura que —a diferencia de un simple compromiso político— impide legalmente la construcción sobre el terreno.

El anuncio del 26 de agosto, en el marco del segundo informe de actividades del presidente municipal Leo Montañez, no es una noticia nueva: es la confirmación pública, dos meses y medio después, de que aquella compra se concretó. Conviene decirlo con claridad, porque la diferencia importa: lo que Aguascalientes celebra hoy no es un anuncio, es una escritura.

Lo que el dinero no cuenta: veinte años de resistencia

Para entender por qué esta compra es relevante hay que retroceder mucho más de dos meses.

La Pona ha sido amenazada por proyectos inmobiliarios al menos desde 2010, cuando el fraccionamiento “Centenario de la Revolución” pretendió construir hasta 14 mil viviendas sobre la mezquitera; el proyecto fue detenido. En 2012, la entonces alcaldesa Lorena Martínez remitió a la Semarnat argumentos para frenar un nuevo intento habitacional. En 2018, el Ayuntamiento declaró a La Pona la primera Área Natural Protegida dentro de la mancha urbana del estado, resguardando 11.4 hectáreas de bosque, a las que se sumaron el Parque La Pona (5.41 hectáreas) y los Baños de Ojocaliente (3.78 hectáreas).

La amenaza volvió en 2022 y con ella nació el colectivo Salvemos La Pona, que interpuso un amparo contra el Programa de Desarrollo Urbano ZUFO Centro 2040 para impedir que cerca de 16.5 hectáreas adicionales quedaran incluidas en zona de expansión urbana. El amparo se perdió en abril de 2025. Ese mismo mes, maquinaria pesada entró al predio para abrir el trazo de una vialidad que conectaría el Canal Interceptor con el Segundo Anillo de Circunvalación. Activistas —entre ellas la vocera Sofía González Ponce— se plantaron frente a las excavadoras para detener el desmonte. Durante meses, brigadas ciudadanas acamparon dentro del bosque para vigilarlo, mientras colectivos ambientales advertían que la intervención carecía de manifestación de impacto ambiental.

Esa presión sostenida —no un solo anuncio— es la que llevó al gobierno municipal a la mesa de negociación con los propietarios. Es un matiz que una nota institucional puede omitir, pero que un reportaje no debería: La Pona llega protegida en 2026 porque durante dos décadas hubo aguascalentenses dispuestos a plantarse frente a una máquina antes de dejarla pasar.

El agua: lo que sí se puede afirmar y lo que no

La Pona se ubica en la zona de manantiales de Ojocaliente, la fuente que da nombre al estado y a la ciudad; de los trece manantiales que alguna vez brotaron en la región, solo dos siguen activos, y Ojocaliente es el único dentro de la capital. El predio forma parte del acuífero del mismo nombre, considerado la fuente de abastecimiento de agua subterránea más relevante de la capital.

Fuentes oficiales y periodísticas coinciden en que la topografía del oriente de la ciudad concentra ahí el escurrimiento proveniente de las zonas más altas del estado, y que el suelo cubierto de vegetación nativa favorece la infiltración hacia el manto acuífero. Eso es lo que puede sostenerse con evidencia disponible: que La Pona es una zona de recarga e infiltración dentro de un acuífero estratégico. No hay elementos públicos suficientes para afirmar que el bosque por sí solo “garantiza” el abasto de agua de la ciudad, una precisión que vale la pena mantener incluso cuando la buena noticia invita a exagerar.

La biodiversidad de un bosque urbano

Según información difundida por el propio Ayuntamiento en torno al acuerdo de junio, la mezquitera alberga 72 especies animales y 24 especies vegetales, y el 65% de su superficie está cubierta por vegetación nativa, principalmente mezquite. Entre las especies mencionadas en coberturas periodísticas del proceso figuran el alacrán y el petirrojo. El propio Ayuntamiento la describe como un espacio que aporta regulación de la temperatura local, captura de carbono y generación de oxígeno —beneficios propios de cualquier masa forestal urbana de esta extensión, aunque no existan mediciones públicas específicas para La Pona que cuantifiquen su magnitud.

Vale recordar que el remanente actual —unas 31 hectáreas— es apenas una fracción de lo que fue: el bosque se extendía originalmente varios kilómetros más hacia otras zonas de la ciudad, antes de que distintos desarrollos comerciales derribaran, a lo largo de los años, cientos de mezquites en sus alrededores.

Crecer sin arrasar

Aguascalientes es una ciudad que no ha dejado de crecer, y esa expansión ha tenido, históricamente, un costo forestal. La compra de La Pona no resuelve esa tensión de fondo, pero sí ofrece una respuesta distinta a la habitual: en lugar de autorizar otro fraccionamiento, el Municipio pagó para que uno no se construyera. Es una decisión replicable, aunque no automática: exige negociación, presupuesto y, sobre todo, voluntad política sostenida en el tiempo frente a propietarios con otros intereses.

Esa misma tensión sigue viva en otros puntos de la ciudad. Organizaciones ambientales han documentado en 2026 la pérdida de cobertura arbolada en desarrollos como Vista Serena, en la zona del río San Pedro, y han pedido al Municipio crear un registro público de arbolado urbano para transparentar podas, trasplantes y derribos autorizados. Es un recordatorio de que proteger un bosque no vuelve automáticamente coherente toda la política ambiental de una ciudad; vuelve exigible que lo sea.

Leo Montañez: la firma, no el origen

Como presidente municipal, Leo Montañez encabezó la negociación que llevó al Cabildo a votar la compra y calificó la operación como una decisión que “prioriza la vida y el medio ambiente” y que impedirá construir sobre el predio de forma definitiva. Es, en ese sentido, el responsable político de que la adquisición se concretara: fue su administración la que puso el dinero sobre la mesa y llevó el acuerdo a Cabildo.

Pero atribuirle en solitario el rescate de La Pona sería una simplificación que ni el propio proceso sostiene. Gilberto Carlos Ornelas, columnista de LJA.MX, lo planteó sin rodeos semanas después del anuncio: La Pona es, ante todo, un logro de la sociedad civil. Reconocer esa autoría compartida no le resta mérito a la decisión de comprar los predios; la vuelve, si acaso, más sólida, porque muestra que el gobierno respondió a una exigencia ciudadana sostenida en lugar de imponer una narrativa desde arriba.

La ciudadanía: de guardiana informal a corresponsable con título

Durante años, la protección de La Pona dependió de que activistas acamparan dentro del bosque, monitorearan la deforestación con imágenes satelitales y llegaran primero que nadie a apagar los incendios que, según reportes periodísticos, se repitieron más de diez veces en un solo año dentro de la mezquitera. Esa vigilancia ciudadana no desaparece con la escritura pública: al contrario, la figura de Área Natural Protegida necesitará, para funcionar, un plan de manejo, presupuesto de mantenimiento y la misma atención sostenida que la sociedad civil ya venía ejerciendo de manera informal.

La diferencia es que ahora esa responsabilidad tiene respaldo legal. Lo que antes era resistencia frente a una amenaza inminente puede convertirse en participación dentro de un esquema de conservación formal, con mesas de diálogo y vigilancia compartida entre autoridad y comunidad.

Lo que se decide hoy, lo que se hereda después

Hay decisiones de gobierno que se miden en el corto plazo —una calle repavimentada, un trámite simplificado— y otras cuyo beneficio principal recaerá en personas que todavía no nacen. Comprar 31 hectáreas para que nunca se construya sobre ellas pertenece a la segunda categoría. Nadie que camine hoy por La Pona sabrá, dentro de cuarenta años, cuántas reuniones de Cabildo, cuántas noches de campamento o cuántas negociaciones inmobiliarias hicieron falta para que ese mezquital siguiera ahí. Solo sabrá que, en algún momento, alguien decidió que valía la pena conservarlo.

Esa es, en el fondo, la pregunta que atraviesa todo este proceso: qué recibe una ciudad cuando decide no construir donde podría. Aguascalientes, después de dos décadas de disputa, respondió con una escritura pública. La respuesta no cierra el tema —la ciudad seguirá creciendo, y en algún otro punto del mapa esa misma tensión volverá a plantearse—, pero por primera vez en la historia reciente de La Pona, la respuesta fue conservar.