Justicia, autonomía y confianza: el reconocimiento que Aguascalientes celebra
Tere Jiménez respalda el primer año de la magistrada presidenta María José Ocampo Vázquez al frente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
En el vestíbulo del Palacio Legislativo, entre magistrados, jueces, legisladoras y representantes de los sectores académico y empresarial, Aguascalientes fue testigo de un ejercicio de rendición de cuentas que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel decidió acompañar con un mensaje claro: el fortalecimiento de la justicia es tarea de todos los poderes públicos, y el trabajo realizado durante el primer año de gestión de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), María José Ocampo Vázquez, merece reconocimiento.
La gobernadora felicitó a la magistrada presidenta por el trabajo desarrollado al frente del Poder Judicial y destacó el compromiso y la responsabilidad con que ha desempeñado su encomienda, así como su contribución al fortalecimiento de la justicia y del Estado de Derecho en la entidad. El gesto, sencillo en la forma pero relevante en el fondo, resume una idea que sostiene buena parte de la vida institucional de cualquier democracia: cuando el Poder Judicial hace bien su trabajo, todo el sistema de gobierno se fortalece.
Justicia sólida, instituciones fuertes
El Primer Informe de Labores de Ocampo Vázquez no fue un acto protocolario más. Se trata del mandato constitucional mediante el cual el Poder Judicial rinde cuentas ante el Congreso del Estado, y en esta ocasión los números presentados reflejaron una intensa actividad jurisdiccional durante el periodo 2025-2026, etapa que la propia magistrada presidenta describió como de profunda transformación en la estructura del Poder Judicial estatal.
Durante ese lapso, el STJE recibió más de 636 mil documentos y cerca de 51 mil demandas, actuó en más de 131 mil juicios, dictó más de 728 mil acuerdos y emitió más de 47 mil sentencias y otras resoluciones. Son cifras que, más allá de su magnitud, hablan de un tribunal en operación constante frente a las necesidades de la ciudadanía aguascalentense.
Uno de los datos con mayor peso institucional fue la reducción en los tiempos de respuesta: el promedio para acordar promociones bajó a 6.41 días, y el tiempo promedio para dictar sentencia se redujo a 6.37 días, una disminución del 20 por ciento respecto al periodo anterior. En materia penal, se autorizaron más de 330 cateos -un incremento superior al 91 por ciento- y se emitieron más de 3 mil órdenes de protección, con un aumento cercano al 85 por ciento, cifras que apuntan hacia una respuesta judicial más ágil frente a la seguridad de las personas.
Tere Jiménez reconoce el trabajo de María José Ocampo Vázquez
La presencia de la gobernadora en el informe no fue un simple protocolo. Tere Jiménez utilizó el espacio para reiterar su compromiso de mantener una relación institucional con el Poder Judicial basada en el diálogo y la coordinación, pero sobre todo en el respeto a la autonomía de poderes, con el propósito de fortalecer la justicia, la legalidad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Ese mensaje se inscribe en una postura que la propia gobernadora ha sostenido en distintos momentos de su gestión. Meses antes, con motivo del Día del Abogado, Jiménez había reconocido la labor de la comunidad jurídica aguascalentense, subrayando que su trabajo brinda certeza a las familias, protege derechos y fortalece la actividad económica del estado. La coincidencia de fondo entre ambos mensajes -el de julio y el de agosto- confirma un eje de comunicación institucional: la justicia, para la administración estatal, no es un tema menor, sino una pieza central del desarrollo de Aguascalientes.
Un primer año marcado por el fortalecimiento institucional
En su mensaje, María José Ocampo Vázquez fue enfática al señalar que las cifras presentadas no son solo estadística: «detrás de ellas hay personas atendidas, derechos protegidos y conflictos resueltos», afirmó, al sostener que la confianza ciudadana debe refrendarse todos los días mediante actuaciones profesionales, transparentes y apegadas al marco constitucional y legal.
La magistrada presidenta explicó que el trabajo institucional del primer año se orientó a construir una justicia cercana, digna y respetuosa de los derechos humanos, bajo principios de sensibilidad humana, rectitud, imparcialidad, prudencia jurídica e independencia judicial. Reconoció también la labor cotidiana de magistradas y magistrados, juezas y jueces, así como del personal del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, a quienes atribuyó los resultados alcanzados.
Con la mirada puesta en lo que sigue, subrayó que este primer informe no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa para consolidar los avances logrados, entre ellos seguir agilizando los tiempos de resolución, fortalecer la infraestructura judicial y los servicios digitales, mejorar la atención a la ciudadanía y avanzar en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la reforma procesal que unificará criterios en toda la justicia civil y familiar del país.
El Estado de Derecho como base de la vida pública
Hablar de Estado de Derecho puede sonar abstracto, pero su significado es cotidiano: implica que autoridades y ciudadanos actúan conforme a la Constitución y a la ley, que existen instituciones capaces de resolver los conflictos que surgen entre las personas, y que cualquiera que necesite hacer valer un derecho cuenta con mecanismos claros para lograrlo.
Un Poder Judicial que funciona -que resuelve en tiempos razonables, que documenta sus resultados y que rinde cuentas ante el Congreso es, en ese sentido, una de las piezas más visibles del Estado de Derecho. No se trata solamente de un asunto para especialistas en leyes: se trata de la certeza que necesita una familia para resolver una herencia, una empresa para hacer valer un contrato, o una víctima para obtener una orden de protección.
Coordinación sí, autonomía también
Uno de los puntos que con mayor claridad emergió del acto fue la manera en que ambos poderes describieron su relación. Ni la gobernadora ni la magistrada presidenta hablaron de subordinación ni de alineación política: ambas se refirieron a coordinación institucional dentro del respeto a la autonomía de cada poder.
Ese matiz es jurídicamente relevante. La colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no anula la independencia de ninguno de ellos; por el contrario, cuando se desarrolla dentro del marco constitucional, permite que cada poder cumpla mejor su función porque existen canales de diálogo y no de conflicto permanente. Así lo planteó también la propia magistrada presidenta al agradecer, al cierre de su mensaje, a la Legislatura y a la gobernadora por sostener una relación de coordinación y respeto entre poderes, «siempre desde el respeto a la autonomía de cada uno».
En el mismo acto, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Alma Hilda Medina Macías, coincidió en que la buena coordinación entre los tres Poderes del Estado permite a Aguascalientes seguirse consolidando como un polo de desarrollo institucional. La legisladora destacó, además, un dato simbólico del momento político local: actualmente son mujeres quienes encabezan los tres Poderes del Estado, circunstancia que atribuyó a la capacidad, el talento y la dedicación con que se desempeñan en el servicio público.
La certeza jurídica como valor para Aguascalientes
La certeza jurídica no se decreta: se construye con resultados sostenidos en el tiempo. Una reducción del 20 por ciento en los tiempos para dictar sentencia, sostenida durante un año completo de operación, es el tipo de dato que contribuye a esa construcción, porque permite a las personas anticipar con mayor precisión cuánto tiempo tomará resolver un conflicto.
Esa previsibilidad importa para cualquier actor de la vida económica y social de la entidad: familias que buscan resolver disputas patrimoniales, empresas que requieren certeza sobre sus contratos, e inversionistas que evalúan, entre otros factores, la solidez de las instituciones de justicia de un estado antes de decidir dónde invertir. Ninguna institución garantiza por sí sola la certeza jurídica de manera absoluta, pero un Poder Judicial que reduce tiempos, documenta resultados y rinde cuentas favorece, sin duda, las condiciones para que esa certeza exista.
Cuando la justicia se traduce en confianza ciudadana
Detrás de cada una de las cifras del informe hay historias concretas: una orden de protección que llegó a tiempo, un juicio que se resolvió antes de lo esperado, una sentencia dictada con mayor celeridad. La relación entre justicia, legalidad y confianza institucional no es una fórmula abstracta: se mide en la experiencia cotidiana de quienes acuden a un juzgado a resolver un problema real.
Ese fue, en el fondo, el mensaje que unió el discurso de la magistrada presidenta con el reconocimiento de la gobernadora: la fortaleza del Poder Judicial no es un tema exclusivo de abogados, jueces o funcionarios. Es, ante todo, un asunto que afecta directamente la vida de las familias aguascalentenses.
Tres poderes, una responsabilidad institucional
El acto en el Palacio Legislativo reunió, en un mismo espacio, a representantes de los tres poderes del Estado, de organismos autónomos, del sector académico y del sector empresarial. Esa concurrencia no es casual: refleja que el fortalecimiento de la justicia es, en última instancia, una responsabilidad compartida entre instituciones que, aunque autónomas entre sí, entienden que su buen funcionamiento conjunto beneficia a toda la sociedad.
El mensaje de cierre de María José Ocampo Vázquez resumió ese espíritu: su compromiso de continuar construyendo un Poder Judicial cercano, independiente, profesional, transparente y humano, capaz de responder a la confianza que la ciudadanía ha depositado en él y de contribuir a una justicia de calidad para Aguascalientes.
El reconocimiento de Tere Jiménez a ese primer año de trabajo no es, entonces, un simple gesto protocolario. Es la expresión pública de un principio que sostiene la vida institucional de cualquier estado democrático: una justicia sólida, profesional y autónoma fortalece el Estado de Derecho, genera certeza jurídica y contribuye a construir instituciones capaces de responder a las necesidades de la sociedad aguascalentense.
