El notariado: área de oportunidad

En días pasados el Secretario General de Gobierno anunció la cancelación del fiat notarial para dos compañeros que ejercían la función en el estado. Informó también que se encuentran sujetos a investigación algunos otros y que se procederá por parte del gobierno a la designación de tres personas para cubrir las vacantes que se generarán más la de un compañero recientemente fallecido. Creo que se presenta una buena oportunidad para revisar los criterios y procedimientos de selección porque como fácilmente puede constatarse de las actuaciones y señalamientos que se han realizado públicamente por la autoridad, por lo menos se han cuestionado actuaciones de la tercera parte de los notarios autorizados en el estado. Muchas de las quejas son infundadas, muchas provienen también de malas interpretaciones y muchas también derivadas de actuaciones incorrectas de las autoridades administrativas que ocasionan retrasos en la prestación de los servicios notariales, que van desde la entrega de folios que no se habían impreso oportunamente, hasta negligencia e impericia en la calificación de los documentos notariales y retardo injustificado en la dictaminación.

Si bien el notariado se preocupa por estar al día con capacitaciones constantes, casi diríamos permanentes, es cierto que que no se ha logrado una integración efectiva con las dependencias con las que se interactúa, y, por las medidas que asume la autoridad, algunas sancionadas por el Congreso del Estado, se vislumbra que no ha habido ni una comprensión ni una comunicación adecuada que redunde en beneficio del solicitante de los servicios. Es cierto también que no existe un organismo que permita una revisión de la función notarial y que los medios jurisdiccionales se vuelven prácticamente inasequibles, por el rezago que tienen derivado, no sólo de la acumulación histórica de expedientes, sino también de la falta de experiencia que redunda en ineficacia. Lo mismo se puede decir de la justicia federal del bienestar, en que lamentablemente se procedió a “elegir” magistrados, jueces y secretarios a través de un procedimiento opaco, que favoreció a algunos grupos políticos y marginó a muchos que o bien tenían derechos adquiridos o bien tenían legítimo derecho a aspirar y que fueron preteridos por el sistema sesgado que se aplicó.

El servicio notarial ameritaría una revisión objetiva y serena, porque las últimas adecuaciones no favorecieron la garantía de un servicio eficiente y plenamente apegado a derecho. La componenda con un ex-gobernador cuando estuvo en funciones implicó el aumento del número de notarios por la reducción del número de pobladores por notaría y el aumento del arancel a cantidades que, en no pocas ocasiones resultan gravosas para el usuario. Ambas cosas han propiciado que se de lugar a competencias desleales, en que algunos para competir abaratan sus servicios y otros para subsistir. De hecho también hay algunas notarías en que dado su volumen de trabajo, no es materialmente posible que el titular atienda personalmente sus asuntos como lo exige la ley. La propia ley prevé la figura de la asociación entre notarios, que sería una buena opción para prestar el servicio con apego a la legalidad.

Al menos desde 1980 en diversas ocasiones se ha planteado la necesidad de que la designación de notarios sea menos discrecional y se atienda más a la preparación, la práctica y a características objetivas que aseguren los más aptos para el desempeño. Los señalamientos que hizo el Secretario de Gobierno pueden devenir de errores más que prácticas ilícitas, aunque hay casos de denuncias que no se han concluido de investigar. Nuestra máxima casa de estudios, el Colegio de Notarios e integrantes del servicio público y del foro hidrocálido debidamente acreditados en su probidad y preparación, podrían participar en los mecanismos de selección de manera que la ciudadanía tenga la certeza de que lleguen los mejores.

Es urgente que se legisle en cuanto a mecanismos de revisión y supervisión que siempre son útiles. Actualmente la Visitaduría está rebasada, no sólo porque su competencia es restringida, sino porque carece de los elementos legales y personales para atender la demanda cada vez más creciente. Pensemos que habemos más de setenta notarios y un sólo visitador. En mi opinión sería necesaria la creación de una Dirección del notariado que atienda cuestiones no sólo de visitaduría, sino de unificación de criterios, discrepancias entre autoridades y notarios no delictivas, planeación y actualización de sistemas y procedimientos, unificación no lograda de los catálogos de bienes, propuestas de adecuaciones administrativas y legales, enlace con las autoridades fiscales federales y con los Poderes del Estado. Sería necesario legislar también respecto del Consejo Auxiliar del Notariado para la representación e interlocución con el notariado, para que el Colegio que es una asociación civil se centre en sus tareas de capacitación, apoyo, fomento de la interacción y mejoramiento profesional y personal.

Merece la pena señalar que algunos señalamientos devienen de prácticas que lamentablemente han proliferado, en buena medida por la intervención de intermediarios sin la capacitación necesaria e incluso de funcionarios municipales como delegados y aún ejidales como comisariados, que se arrogan facultades que no tienen. Es cierto también que no pocas veces, las prácticas viciosas se presentan en notarias: contratos privados, contratos de promesa, declaraciones unilaterales, certificaciones de derechos, cesiones de derechos, depósitos de apartados, deposito en garantía de compra, etc., etc., formas muchas veces viciadas en que se incurre, indebidamente, por la presión de las partes o de los intermediarios.

Conozco que, desde hace muchos meses, se han estado investigando a compañeros, que sin embargo siguen trabajando, volviendo más grande el problema, como en algunos casos recientes de todos conocidos que, pudieron atajarse mucho antes. Conozco también que se ha venido trabajando en la revisión de algunos aspectos de la ley del notariado que no se han socializado. Se han aprobado reformas absurdas como crear en leyes de ingresos nuevas formas impositivas, se ha cuestionado con disposiciones legales la fe pública volviendo más tardados los trámites, se han legislado cargas contributivas adicionales al pago de impuestos por tramitación lo que es evidentemente inconstitucional, no es correcto cobrar un derecho por pagar un impuesto, sin mencionar las disposiciones burocráticas que solicitan validación de documentos públicos o que crean nuevos dispositivos no previstos en ley.

En fin, las circunstancias son propicias para revisar las áreas de oportunidad y asegurar que el notariado siga siendo el servicio necesario, conveniente y confiable para complementar la legalidad, al servicio de los particulares.

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