Cuando la congruencia se vuelve argumento político
Las recientes declaraciones de la senadora por Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, han abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre la designación de la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las instituciones clave para la fiscalización del uso de los recursos públicos en México. Desde la tribuna del Senado, la legisladora lanzó una advertencia directa a la Cámara de Diputados al cuestionar la candidatura de María de la Luz Mijangos Borja, actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El señalamiento no se limitó a un cuestionamiento político convencional. Ruvalcaba planteó un criterio que, en su opinión, debería guiar la decisión legislativa: la congruencia entre el discurso y la actuación en el servicio público. “En el servicio público hay una regla básica: la congruencia no se presume, se prueba”, afirmó la senadora al advertir que el proceso de designación no debe centrarse únicamente en revisar trayectorias curriculares, sino en evaluar el desempeño real frente a casos emblemáticos de corrupción.
El punto central de su crítica fue el caso de la empresa Next Energy, relacionado con un contrato de Asociación Público-Privada firmado en 2019 por el municipio de Aguascalientes para la construcción de un parque fotovoltaico. De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, ese proyecto derivó en un presunto desfalco cercano a 28 mil millones de pesos, deuda que comprometería las finanzas municipales hasta el año 2050.
Según recordó Ruvalcaba, en 2022 distintos actores políticos presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República para investigar el caso; sin embargo, durante años no hubo avances públicos ni resultados visibles. Posteriormente, en 2025 —un día antes de la renuncia del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero— la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente y remitió el expediente a la fiscalía estatal de Aguascalientes.
Para la senadora, esa decisión representa una contradicción con el compromiso institucional de combatir la corrupción. “Después de años de silencio, decidieron apartarse. Eso no es imparcialidad. No es autonomía. Es incongruencia”, sostuvo durante su intervención.
La legisladora también subrayó que, aunque el propietario de Next Energy se encuentra presuntamente detenido, los funcionarios públicos señalados continúan en libertad, lo que mantiene abierta la percepción de impunidad en torno al caso.
Más allá del episodio específico, las declaraciones de Ruvalcaba tienen implicaciones políticas más amplias. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano responsable de revisar el ejercicio del gasto federal y detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos. Su titular, por tanto, debe contar con una legitimidad incuestionable para ejercer esa función.
Desde esa perspectiva, la advertencia de la senadora apunta a un tema de fondo: la confianza pública en las instituciones de control. Cuando los procesos de investigación no ofrecen resultados claros o se perciben como inconsistentes, la credibilidad institucional se erosiona, incluso antes de que nuevas designaciones se concreten.
Ruvalcaba lo sintetizó con una reflexión que trasciende el debate coyuntural: en el servicio público, la confianza se construye cuando la palabra y los hechos caminan en la misma dirección. Cuando eso no ocurre —advirtió— la legitimidad institucional se fractura y quien pierde, en última instancia, es la ciudadanía.
En ese contexto, la discusión sobre el perfil que deberá encabezar la Auditoría Superior de la Federación se convierte en algo más que un trámite legislativo. Es, en realidad, una prueba política sobre la capacidad del Estado mexicano para demostrar que el combate a la corrupción no es solo una promesa, sino una práctica sostenida por decisiones congruentes.
