El estado mexicano y nuestra oligarquía realmente existente
En febrero de este año, Oxfam, una organización “de la sociedad civil integrada a una red global cuya labor se centra en la promoción de la igualdad, la erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos”, dio a conocer un documento titulado “Oligarquía o democracia”. Se trata de un estudio acerca de la desigualdad y la concentración de la riqueza en México. Dicho informe ha sido comentado ya, varias veces, en la prensa nacional.
Sin embargo, recientemente, el 14 de abril, la presidenta Shienbaum, durante la conferencia matutina, “descartó, por el momento, impulsar un nuevo impuesto a las grandes fortunas en México, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar una mayor contribución de quienes perciben más ingresos”.
La pregunta que dio lugar al comentario de la mandataria sebasó en un informe, también de Oxfam, publicado unos días antes, el cual señalaba que la riqueza del 0.1% más rico del mundo que se oculta en paraísos fiscales es mayor que la que posee la mitad más pobre de la humanidad. De esta manera, ocultan sus activos y evaden y eluden al fisco, todo lo cual afecta los ingresos de las arcas públicas
En el caso de México, el 0.1% más rico posee una riquezainmensa en los paraísos fiscales. Las 132 mil personas más ricas del país poseen 47.6 mil millones de dólares en activos en el exterior que no pagan impuestos.
El informe de febrero, por su parte, describía el fenómeno de la concentración de la riqueza, con más detalle: el 1% más rico de la población mexicana, apenas 1.3 millones de personas percibe el 35% del ingreso total, acapara el 40% de la riqueza privada nacional y es responsable del 23% de las emisiones contaminantes.
Agrega que esta concentración de la riqueza se ha consolidado en los últimos treinta años en una oligarquía: los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tan ricos como hoy. Hay 22 milmillonarios con una fortuna calculada en 219 mil millones de dólares. Para ser más precisos, Carlos Slim ha multiplicado su fortuna 8.6 veces entre 1996 y 2024: los otros milmillonarios (principalmente Larrea y Bailleres), 4.2 veces; y el 1% más rico, 2.38 veces. Sin embargo, la economía mexicana apenas ha crecido 1.76 veces.
Todas estas cifras marean y son difíciles de imaginar. No obstante, es innegable que la desigualdad y la concentración de la riqueza han sido resultado de decisiones políticas, en primer lugar, se propició un modelo económico “injusto” desde la puesta en marcha del TLCAN y una ola de privatización de empresas públicas. Pero también ha otorgado, en los últimos años, “concesiones, licencias y permisos para explotar bienes públicos en sectores estratégicos”.
Oxfam considera que, a pesar del poder de la oligarquía, “el cambio es posible” como lo demuestran los aumentos a los salarios mínimo ocurridos en los últimos años. No obstante, la inversión pública como proporción del PIB sigue siendo muy reducida y ha venido disminuyendo. Representaba en 2024 menos de la mitad de la que teníamos hace 45 años. En 2025 cayó todavía más.
De ahí la necesidad de “fortalecer el papel del estado como garante de derechos e impulsor de la igualdad”. Para ello, Oxfam propone diferentes medidas. Una de ellas, precisamente, un impuesto progresivo a la extrema riqueza y las ganancias del capital, especialmente al 1% más rico, o bien un gravamen mínimo de 2% a las fortunas superiores a mil millones de dólares.
Estos gravámenes ayudarían a corregir lo que Oxfam llama “la irresponsabilidad fiscal de los milmillonarios”. Con los datos disponibles, calcula que las personas con ingresos anuales mayores a 500 millones de pesos contribuyen solo el0.21 % del total recaudado por impuestos federales. Se trata, agrega, de un sistema tributario que “favorece la acumulación de riqueza en lugar de distribuirla”.
Las sugerencias de Oxfam incluyen, además, eliminar las exenciones a las grandes herencias, donaciones y sucesiones superiores a un millón de dólares; corregir la disparidad entre la tasa que se paga por dividendos y acciones, y la que se recauda por sueldos y salarios; y una Ley General de Predial progresiva enfocada las personas y familias queconcentran gran parte de las propiedades inmuebles.
Un mayor y mejor recaudación fiscal serviría para aumentar la inversión pública y generar un mayor crecimiento, el cual ha sido muy escaso desde 1981. Igualmente, para fortalecer las instituciones que garantizan los derechos de los mexicanos. Por ejemplo, en los asuntos laborales, al mismo tiempo que se han aprobado varias leyes protectoras de los trabajadores, los recursos destinados a la inspección laboral, el Centro Federal de Conciliación o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo han venido disminuyendorelativamente, incluso en términos absolutos como en los últimos dos años. Es decir, agregamos, se ha ampliado la brecha entre la ley y la realidad, debido a la mayor incapacidad de las instituciones para hacer cumplir los ordenamientos jurídicos.
Oxfam señala, además, la necesidad de impulsar una banca de desarrollo que fortalezca la infraestructura social y productiva y apoye a las pequeñas empresas; desarrollar la infraestructura social para los cuidados; impulsar una nueva gobernanza democrática del agua; revisar los subsidios a la electricidad; y financiar más decididamente el transportepúblico masivo eléctrico (como el Metro de la Ciudad de México).
Oxfam afirma con razón que “la democracia y la economía no son esferas separadas: se sostienen o erosionan mutuamente”. Y agrega que “cuando las decisiones económicas se concentran en pocas manos la democracia política se vacía de contenido”.
En conclusión, el mundo padece de una desigualdad y una concentración de la riqueza monstruosa que se mantiene protegida por los paraísos fiscales. En el caso de México, además, por un régimen tributario que los beneficia desproporcionadamente y una política económica que ha potenciado su riqueza. A pesar de los cambios ocurridos en los últimos años, la economía mexicana sigue atrapada en una dinámica de bajo crecimiento y una caída de la inversión. Para empezar a remediar esta situación, se requiere, un impuesto mínimo a la extrema riqueza y otras leyes y políticas fiscales que proporcionen más recursos al estado. Un fortalecimiento de las finanzas estatales serviríapara aumentar la inversión pública y las capacidades de las instituciones que garantizan los derechos de los mexicanos.
El gobierno mexicano ha negado, más de una vez, desde el sexenio pasado, la necesidad de una reforma fiscal progresiva alegando que otras medidas han incrementado la recaudación. Sin embargo, nuestra oligarquía sigue amasando su riqueza a un ritmo cada vez más rápido, mientras que las finanzas públicas sufren aprietos cada vez más severos. La contradicción entre, de un lado, la política social que ha mejorado los salarios mínimos, la legislación laboral y las transferencias monetarias, mientras del otro, la política fiscal disminuye el gasto para la inversión productiva, la infraestructura social y debilita las instituciones públicas, está llegando a un límite. No soloporque afecta el ejercicio real de los derechos de la población. También, porque la creación de empleos estádecayendo y se han incrementado las ocupaciones informales.
La revisión del TMEC no va a remediar, fundamentalmente, esta situación e incluso puede agravarla. Se requiere entonces tomar decisiones políticas. Mantener las prebendas y privilegios de nuestra oligarquía, o cambiar hacia un nuevo curso de desarrollo. Profundizar lo que ya se ha avanzado, o quedarnos conformes con lo hecho. La experiencia histórica ha demostrado que, en momentos críticos como las que se viven hoy en el entorno mundial y en el país, se pueden reformular los vínculos entre el poder económico y el estado. Hay que tomarle la palabra a la presidenta y hacer, pronto, una revisión de los gravámenes a las personas y familias más acaudaladas.
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