La Pona: cuando la ley se ignora y la narrativa se fabrica
El conflicto por La Pona ha entrado en una etapa que no solo pone en peligro el último pulmón natural de la capital de Aguascalientes, sino también la credibilidad de sus autoridades. La ciudadanía organizada ha respondido con valentía ante un intento de ecocidio cometido el pasado 25 de abril, cuando maquinaria pesada ingresó ilegalmente a un terreno forestal y derribó al menos treinta árboles endémicos. En lugar de sancionar a los responsables, las autoridades parecen más preocupadas por defender a la inmobiliaria y criminalizar a quienes se interponen entre las máquinas y la destrucción.
Mónica Cerbón lo documenta con claridad en Proceso: “El pasado 25 de abril […] máquinas excavadoras ingresaron al predio y tumbaron una treintena de árboles endémicos del estado. Entonces, menos de una decena de activistas lograron detenerlas interponiéndose entre las máquinas y los árboles”. En cualquier democracia funcional, esto sería suficiente para iniciar un procedimiento penal contra la empresa, pero en Aguascalientes, el poder ha optado por el camino contrario.
El secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, declaró públicamente que la empresa Próxima S.A. de C.V.amenazó con una demanda por allanamiento, y él mismo reconoció haber recibido una copia. La reacción ciudadana fue inmediata: “Nos sentimos estresadas y preocupadas por esta criminalización que anuncia el secretario de gobierno”, declaró Belinda Camarena, abogada de la organización Salvemos La Pona. El mensaje es claro: si defiendes un bosque, podrías terminar en tribunales.
Sin embargo, hay un elemento que revela el nivel de manipulación con el que operan las autoridades: la existencia de una orden judicial que obliga a detener la obra, hecho que el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, parece ignorar o, peor aún, deliberadamente omite. En declaraciones a El Clarinete, García afirmó que la detención de la obra fue una “decisión voluntaria” de la empresa, y que “no ha sido clausurada por autoridades federales”. Esto contrasta con lo informado por la delegada de SEMARNAT, María de Jesús Rodríguez, quien explicó que la empresa no contaba con autorización federal para intervenir en terrenos forestales.
En otras palabras, sí hay una razón legal para detener la obra, pero el gobierno prefiere presentar el asunto como un “esfuerzo de voluntades” para controlar la narrativa y evitar reconocer su omisión o complicidad. Esta estrategia de simulación también se extiende a las mesas de diálogo, de las que han sido excluidas las propias organizaciones que encabezan la defensa de La Pona. Como advirtió Salvemos La Pona en un comunicado: “No abandonaremos la activación de estrategias legales hasta tener certeza jurídica y un programa de manejo integral a través de un proceso transparente y una consulta pública”.
La amenaza legal contra activistas, la minimización del impacto ecológico, las mesas de negociación sin sociedad civil, y el manejo opaco de una supuesta “permuta” de predios, forman un patrón preocupante: se privilegian los intereses inmobiliarios por encima del interés público, incluso a costa de violar la ley.
¿Puede haber mayor cinismo que declarar que la obra no fue detenida por obligación legal, cuando se sabe que existe al menos un amparo recibido por el Gobierno del Estado? ¿Puede haber mayor insulto a la inteligencia pública que decir que “no hay condiciones sociales” para continuar la obra, como si lo social no estuviera también fundamentado en lo jurídico?
La lucha por La Pona no es un capricho ambientalista, es un acto de defensa de lo común, de lo público, de lo que aún nos pertenece a todos. Como lo señaló Proceso, se trata de 33 hectáreas de un ecosistema con árboles centenarios, en una ciudad que sufre sequía severa y carece de espacios verdes. La mezquitera es más que un símbolo: es una frontera entre la corrupción y la dignidad.
Y en esa frontera, la ciudadanía ha decidido resistir.
