La Pona y el derecho a decidir la ciudad

Aguascalientes enfrenta una disyuntiva que marcará su historia urbana y ecológica: optar por el negocio disfrazado de desarrollo o proteger, de una vez por todas, su patrimonio natural. La reciente declaración de la gobernadora Teresa Jiménez, en la que anunció negociaciones con empresarios para frenar la urbanización de La Pona y explorar mecanismos de compra o permuta de las 33 hectáreas que conforman esta reserva ecológica, marca un punto de inflexión. Pero también exige una mirada crítica: ¿realmente estamos ante una decisión que responde a las demandas sociales o sólo ante una negociación más para salvaguardar intereses privados?

Henri Lefebvre, en su formulación del derecho a la ciudad, advertía que no basta con vivir en los márgenes del proceso urbano. Los ciudadanos deben tener la capacidad de decidir qué tipo de ciudad quieren habitar. La lucha por La Pona no es solo ambiental: es profundamente política y simbólica. Es la disputa por un modelo de ciudad inclusivo, sustentable y socialmente justo, frente al urbanismo mercantilizado que convierte el suelo en un producto más del capital.

David Harvey profundiza esta crítica al señalar que el espacio urbano bajo el neoliberalismo se convierte en un mecanismo de acumulación por desposesión. La venta de La Pona hace 33 años a particulares, con el aval institucional de entonces, es un ejemplo claro de cómo se privatizan los bienes comunes bajo la lógica del lucro. Hoy, la ciudad paga las consecuencias de esa decisión: contaminación, pérdida de biodiversidad, saturación urbana y desplazamiento del sentido común hacia intereses empresariales.

La gobernadora planteó el pasado 30 de abril de 2025 (ver: Da Teresa Jiménez solución al Problema de la Pona. Permutar los terrenos), en conferencia de prensa en el patio de Palacio del Estado, que los empresarios tienen «derechos» que deben ser respetados. Pero ¿qué pasa con los derechos colectivos? ¿Con el derecho a un ambiente sano, a espacios públicos, al legado ambiental para las futuras generaciones? Como bien lo ha señalado Ana Esther Ceceña, el territorio no puede seguir pensándose como una simple mercancía: es un espacio de vida, tejido por relaciones ecológicas, culturales y comunitarias que trascienden el título de propiedad. En ese sentido, la afirmación de que “La Pona es propiedad privada” no puede ser el argumento central para justificar su urbanización. El interés público, y más aún el interés ecológico, debe prevalecer.

Aún que muchos lo piensan y pocos lo dicen: con este posible rescate, el Alcalde Leonardo Montañez también puede salir favorecido al ser socorrido por la gobernadora, ya que a todas luces perdió el control de la narrativa y con ello perdiendo el control político que puede suplirse cualquier aspiración política futura.

Celebramos que el gobierno estatal esté dispuesto a detener las obras y declarar el área como protegida. Pero no podemos dejar de señalar que esta postura llega tarde y responde, sobre todo, a la presión ciudadana que durante años ha luchado por preservar este pulmón natural. ¿Cuándo habrá una solución similar para el BOSQUE DE LOS COBOS y otros espacios en riesgo?. El valor ecológico y social de La Pona no puede medirse en pesos ni en metros cuadrados. No son 500 millones de pesos lo que cuesta: es la posibilidad de que Aguascalientes conserve una de sus últimas reservas ecológicas dentro del entorno urbano. Y eso no tiene precio.

Hay que tener cuidado, porque una cosa es el valor que quieren fijar los propietarios de La Pona y otra el valor real, recordemos que en términos generales, un terreno no aumenta su precio comercial cuando ha sido declarado reserva ecológica. De hecho, suele disminuir su valor en el mercado inmobiliario tradicional.

Índice de contenido

1. Restricciones de uso

Una reserva ecológica está sujeta a normas estrictas:

No se puede urbanizar ni construir libremente.
Está prohibido o muy restringido cualquier uso que altere el ecosistema.
Solo se permiten actividades compatibles con la conservación (investigación científica, ecoturismo regulado, etc.).

Estas restricciones disminuyen el atractivo comercial del terreno para desarrolladores o compradores comunes.

2. Limitaciones legales y administrativas

El terreno puede quedar sujeto a zonificación ambiental, lo cual impide cambios de uso de suelo.
Sujeta a vigilancia por parte de autoridades ambientales (SEMARNAT, PROFEPA, gobiernos locales).

3. Compensaciones posibles, pero no garantizadas

En algunos casos, el Estado puede ofrecer compensaciones a los propietarios (permuta, pago, incentivos fiscales), pero:
- No siempre se hacen efectivas.
- No elevan el valor de mercado del terreno, solo lo hacen menos oneroso para el propietario.

¿Cuándo podría aumentar su valor?

En nichos muy específicos (proyectos de conservación, turismo ecológico, fondos verdes), un terreno protegido puede tener un valor estratégico.
Pero no en el mercado inmobiliario convencional (residencial, comercial o industrial).

Ser declarado reserva ecológica por ende disminuye el valor comercial, aunque aumenta su valor ecológico, social o cultural.

Por los puntos anteriores pretender comprar, expropiar o permutar las hectáreas que integran La Pona a precios fijados por los especuladores e inmobiliarios es irreal, y posiblemente un acto de corrupción en puerta, ya que estos terrenos al estar dentro de un polígono declarado reserva ecológica, al seguir la lógica del mercado del capitalismo sin intervención del Estado, debieron de haber bajado de valor comercial hace mucho, por lo que se debe investigar que no estemos ante una posible complacencia entre los gobernantes y un grupo de empresarios que buscan hacer negocios particulares a nombre de una supuesta salvación.

La autoridad deberá presentar un correcto avalúo de los terrenos y no favorecer la especulación. Y siguiendo la lógica del mercado, estos inmobiliarios compraron algo que sabían que tenía el riesgo, como cualquier transacción, de perder el valor de su inversión, ¿porque ahora se les tendría que pagar a precio comercial?, cuando estos terrenos claramente poseen otro tipo de valores que disminuyen su valor comercial.

Finalmente, la verdadera “huella verde” no se deja con discursos, sino con decisiones firmes y estructurales. Aguascalientes necesita una política urbana que supere el chantaje entre vivienda o naturaleza, crecimiento o sustentabilidad. La ciudad no puede seguir siendo rehén del capital inmobiliario.

Ojalá surja una iniciativa de ley que obligue a los especuladores de terrenos baldíos ubicados entre el primero y segundo anillo a construir en ellos ya, desarrollos arquitectónicos de vanguardia y no los basureros que ahorita son. Y más aún, si estos lotes baldíos no son usados o aprovechados en desarrollos arquitectónicos que la ciudad en un tiempo mínimo pueda expropiarlos para dedicarlos a reservas ecológicas, parques y jardines, en lugar de autorizar nuevos desarrollos inmobiliarios en una Ciudad que desde hace varios años atrás presenta una sobre oferta de viviendas.

Hoy más que nunca, el caso de La Pona debe servir como catalizador de un nuevo pacto social y ecológico por el derecho a habitar dignamente un territorio que nos pertenece a todas y todos.