Nissan no reparte utilidades: el aviso que Aguascalientes no quiso escuchar
La empresa informó a sus trabajadores que no generó utilidades repartibles en 2025 por haber cerrado con pérdida fiscal. El comunicado llegó el 21 de abril. La noticia no sorprende a quienes llevan meses advirtiendo sobre la fragilidad del modelo económico aguascalentense.
Nissan Mexicana notificó a su personal que en el ejercicio fiscal 2025 registró una pérdida, y que por tanto no hay utilidades que distribuir. Lo confirmaron auditorías externas. Lo ratificó la declaración anual de marzo. Firmado, sellado, enviado al correo corporativo de miles de trabajadores en Aguascalientes.
El Reparto de Utilidades, la PTU no es un beneficio discrecional. Es un derecho constitucional. Artículo 123. Lo que Nissan comunica, entonces, no es una mala noticia empresarial pasajera: es la materialización de un riesgo estructural que varios análisis económicos venían documentando desde 2024.
«Si Nissan estornuda, Aguascalientes se resfría.» El resfriado ya llegó. La pregunta es cuánto va a durar.
El contexto que no cabe en el comunicado interno
Al tercer trimestre de 2025, el 31.7% de la población ocupada en Aguascalientes se encontraba en pobreza laboral, según datos del INEGI y el CONEVAL. Casi uno de cada tres trabajadores. En un estado que presume de ser paradigma industrial, esa cifra no es un tropiezo: es el resultado predecible de décadas de apostar todo a la manufactura transnacional sin construir piso salarial.
La informalidad laboral rozó el 42% en el mismo periodo. Nissan y las armadoras asociadas al clúster automotriz aguascalentense representan empleo formal, sí, pero empleo cuyo precio y condiciones lo fija una corporación con sede en Japón, decisiones en Tokio y vulnerabilidades globales que ningún gobernador local puede amortiguar.
Karl Polanyi lo explicó hace ochenta años: tratar el trabajo como mercancía ficticia, comprable y descartable según las condiciones del mercado internacional, destruye el tejido social de las comunidades que lo producen. Aguascalientes no inventó este modelo. Pero lo abrazó sin reservas.
Hay trabajo. Hay mucho trabajo. Pero pides permiso
Eso es lo que ilustra la reacción de los trabajadores ante el comunicado de Nissan: hay mucho trabajo en Aguascalientes, sí. Las plantas operan. Los turnos se cubren. La tasa de desempleo abierto es baja. Pero para cobrar lo que legalmente te corresponde, pides permiso. Y la empresa te dice que no.
La PTU no es un bono de productividad. No es una gratificación. Es la parte de la riqueza generada que la Constitución reconoce como derecho del trabajador. Cuando una empresa de esta dimensión reporta pérdida fiscal en un año en que sus plantas siguieron produciendo y que presumían incrementos y nuevas líneas de producción en boletines de prensa, y luego no hay PTU es que algo en la ecuación merece escrutinio público, no sólo corporativo.
El problema no es que Nissan pierda dinero. El problema es que Aguascalientes no tiene plan B.
Lo que el estado no ha querido ver
Las autoridades estatales han celebrado el crecimiento económico sin preguntarse a quién beneficia. La inversión extranjera directa es bienvenida cuando llega, pero también se va cuando los números no cierran en Tokio o en Detroit. El trabajador de la planta en Aguascalientes no vota en esas juntas de consejo.
Desde el año pasado, los indicadores de la crisis global de Nissan son públicos. Las pérdidas consolidadas, los planes de reestructura, los recortes en otras plantas del mundo. La información no estaba oculta. Lo que faltó fue voluntad institucional para anticipar las consecuencias locales y construir una respuesta.
No se trata de demonizar a la empresa. Se trata de reconocer que un modelo de desarrollo basado en una sola industria, en una sola corporación transnacional, en una sola lógica de mercado, es un modelo frágil por diseño. El comunicado del 21 de abril no es el principio del problema. Es el síntoma más reciente de uno que lleva décadas incubándose.
La pregunta que sigue
Los trabajadores de Nissan en Aguascalientes no recibirán PTU este año. Eso es concreto, inmediato, doloroso. Pero la pregunta de fondo es qué hace el Estado, el Congreso o los Ayuntamientos cuando la empresa que sostiene buena parte de su economía entra en crisis sostenida.
¿Hay diversificación productiva real? ¿Hay fondos de contingencia para trabajadores formales que pierden prestaciones? ¿Hay política industrial que no dependa de la benevolencia de una junta directiva extranjera? La respuesta honesta, por ahora, es que no.
Hay trabajo. Hay mucho trabajo. Pero pides permiso. Y eso, en una economía que se presenta como exitosa, debería incomodar más de lo que incomoda.
