Seguridad en Aguascalientes: entre la coordinación institucional y los resultados que exige la ciudadanía
El 6 de noviembre, la gobernadora Tere Jiménez encabezó una sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar. Según el comunicado del Gobierno del Estado, se evaluaron las estrategias del último mes, se acordó reforzar operativos donde hagan falta y se informó sobre el blindaje de las fronteras con Zacatecas y Jalisco, el patrullaje en carreteras y caminos de terracería y las acciones de prevención y proximidad social. Participaron el Ejército, la Guardia Nacional, las policías estatal y municipales, la Fiscalía estatal, la representación de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y el Supremo Tribunal de Justicia, entre otras instancias.
Todo eso es información comunicada por el gobierno, no un resultado comprobado. Y la pregunta que queda es sencilla, aunque incómoda: ¿cómo sabe una persona que camina, trabaja y duerme en Aguascalientes que tanta coordinación se tradujo en mayor seguridad?
Nuestra tesis es que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es indispensable, sobre todo en una región donde las dinámicas criminales no respetan límites estatales, pero no puede convertirse en un argumento que se valida a sí mismo. Los datos públicos muestran avances reales, sobre todo en violencia letal y en percepción, y también zonas grises que merecen explicación. Ni defensa ni descalificación: contraste.
1. La seguridad no se mide por el número de reuniones
Reunirse no es un defecto. Pero conviene separar cuatro cosas que el lenguaje oficial suele mezclar: la actividad institucional (reuniones, acuerdos, patrullajes, despliegues), los resultados operativos (detenciones, aseguramientos, órdenes cumplimentadas), los resultados de justicia (judicializaciones, vinculaciones a proceso, sentencias, reparación del daño) y los resultados sociales (menos víctimas, más confianza, calles y parques que se vuelven a usar). Los dos últimos son los que le cambian la vida a la gente; los comunicados suelen quedarse en los dos primeros.
La Mesa no es nueva ni está sola. Según la cobertura de prensa que revisamos, sesionó al menos en mayo y en julio de este año, además de la reunión de noviembre, y la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia celebró en octubre su LXXXVI Asamblea Plenaria. Son ochenta y seis sesiones: hay constancia, y eso cuenta. Lo que no encontramos en las fuentes públicas consultadas son actas, metas o indicadores de cumplimiento de los acuerdos. Eso no prueba que no existan; prueba que la ciudadanía no los tiene a la mano. Y los mensajes de cada sesión se parecen mucho entre sí: reforzar, mantener la coordinación, no bajar la guardia, conservar a Aguascalientes entre los estados más seguros.
Además, coordinar no es subordinar. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función compartida entre Federación, estados y municipios. En términos prácticos, las policías previenen y reaccionan; el Ministerio Público conduce la investigación; la Fiscalía estatal persigue los delitos del fuero común y la FGR los federales; y solo los jueces determinan responsabilidades y imponen penas. La Guardia Nacional, hoy adscrita a la Defensa, apoya en tareas de seguridad pública. Que el Supremo Tribunal de Justicia asista a una mesa de coordinación puede tener sentido para temas de gestión, pero la independencia de los jueces al resolver casos concretos no admite acuerdos de mesa.
2. El blindaje territorial y los riesgos regionales
El comunicado habla de blindar las fronteras con Zacatecas y Jalisco. La idea tiene sustento. Aguascalientes opera cinco Puertas de Seguridad en sus accesos carreteros (un titular reciente de El Heraldo de Aguascalientes anuncia una sexta), mantiene operativos permanentes en los límites y, desde inicios de julio, cuenta con un esquema conjunto con Zacatecas llamado SAGAZ. En abril fue sede de la Séptima Reunión de Seguridad Regional con gobernadores del centro-occidente.
El contexto explica la preocupación. Excélsior reportó balaceras y bloqueos en Zacatecas, en el límite con Calvillo, que llevaron a reforzar de inmediato la llamada puerta poniente. En mayo aparecieron siete cuerpos en Tepezalá; la Fiscalía de Zacatecas descartó, hasta ese momento, participación de sus policías, y la de Aguascalientes informó que mantenía indagatorias por posibles vínculos de las víctimas con hechos ocurridos en Zacatecas. Y en julio de 2025 hubo narcobloqueos que dejaron 27 detenidos. En la ENSU de septiembre, 77.3% de la población urbana de Zacatecas y 73.4% de Fresnillo dijeron sentirse inseguras; en Guadalajara, 80.0%. En la ciudad de Aguascalientes, 35.5%.
Pero un filtro en los accesos es un instrumento limitado. Detecta lo que viaja por carretera; no alcanza el fraude digital, que según la ENVIPE es el delito más frecuente en el estado, ni el robo a casa o a negocio, que ocurren a escala de colonia. Y más policías en un punto no equivalen automáticamente a menos delitos. Lo que permitiría evaluar las Puertas serían datos que en los materiales consultados no aparecen desglosados: qué se aseguró en cada una, en qué periodo y qué proceso siguió a cada aseguramiento.
3. Lo que dicen las cifras
Aguascalientes tiene razones para presumir y razones para no hacerlo a medias.
Lo favorable es claro. La percepción de inseguridad en la capital es una de las más bajas del país: según el listado de INEGI, solo catorce de las 91 áreas urbanas medidas registran porcentajes menores. La caída de 39.8% a 35.5% entre junio y septiembre equivale a 4.3 puntos porcentuales (no a 4.3%), y quien la celebra tiene un punto, pero el cuadro de INEGI no la marca como estadísticamente significativa, ni tampoco el descenso frente a septiembre de 2025. Es una tendencia alentadora, no una prueba concluyente. Los homicidios dolosos, según la Fiscalía, bajaron casi a la mitad entre enero y julio. Y la prevalencia delictiva estimada por la ENVIPE disminuyó 15.7% en 2025.
Lo incómodo también lo es. Con 297 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes entre enero y junio, el estado figura en cuarto lugar del país, muy por encima del promedio nacional de 198, y esa canasta, que incluye robo de vehículo, a casa habitación, a negocio y a transeúnte, retrata sobre todo delitos patrimoniales. Zacatecas, con la peor percepción, registra una tasa de 137 en esa misma medición. La comparación no dice que Zacatecas sea más seguro; dice que los registros administrativos no cuentan toda la historia. La ENVIPE, además, ubica la prevalencia de Aguascalientes (24,846) ligeramente por encima de la nacional (23,473). Y en la ENSU, la proporción de personas que tuvo conflictos o enfrentamientos pasó de 34.8% a 45.4% entre el segundo y el tercer trimestre, un cambio sí significativo que habla de convivencia, no de delincuencia, pero que no conviene ignorar.
Hay que tener presente, además, qué se está contando. Una carpeta de investigación no es una víctima ni un delito ocurrido: es la denuncia que llegó a la Fiscalía y se registró. A escala nacional, la ENVIPE estima que 93.4% de los delitos no se denunció o no derivó en carpeta. Por eso Causa en Común advirtió, con datos del primer semestre, variaciones atípicas en las cifras de varias entidades, y entre los casos extremos citó la disminución de 94% en extorsiones reportada por Aguascalientes. La organización aclaró que esas alertas no son prueba de manipulación, pero piden explicación o auditoría. Una caída tan pronunciada puede tener múltiples causas, incluida menor denuncia o distinta clasificación, y la autoridad debería explicarla.
Dos precauciones más. La ENSU mide la ciudad de Aguascalientes; la ENVIPE, el estado; el SESNSP registra denuncias. No son intercambiables. Y percepción no es incidencia: una ciudad puede sentirse tranquila y aun así ser un buen lugar para robar, o registrar pocos homicidios mientras sus habitantes pierden dinero por fraude.
4. De los operativos a la procuración de justicia
Una detención no es una condena, y detener a alguien no prueba su culpabilidad: rige la presunción de inocencia. La eficacia de un sistema de justicia se mide por investigaciones sólidas que sobreviven ante un juez, no por el número de personas puestas a disposición.
La Fiscalía estatal informó que, solo en junio y julio de 2026, hubo 1,275 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, 1,091 carpetas judicializadas, 408 vinculaciones a proceso y 148 sentencias condenatorias, además de 149 detenciones consideradas de alto impacto. Son cifras de actividad relevantes, pero no son comparables entre sí: corresponden a etapas distintas y a casos distintos, y no se desglosan por delito. Faltan, en los materiales consultados, las sentencias absolutorias, la duración de los procedimientos y la reparación del daño a las víctimas.
El fiscal también destacó que Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional con menor impunidad acumulada en homicidio doloso, de 54.1%; la nota no precisa la metodología. Vista desde otro ángulo, esa cifra implica que más de la mitad de los casos sigue sin resolución. Y un artículo de opinión que cita datos de INEGI ubica la carga en Aguascalientes en 724 carpetas pendientes por agente al cierre de 2024, un indicio de las limitaciones de capacidad que cualquier estrategia debe atender.
5. La seguridad que se vive en las colonias
La seguridad cotidiana depende de policías preventivas, alumbrado, espacios públicos recuperados, atención a jóvenes y prevención de violencias, es decir, de funciones donde los municipios pesan tanto como el estado. Las cifras nacionales de la ENSU muestran el costo silencioso del miedo: 40.7% de las personas dejó de llevar objetos de valor, 38.8% cambió su hábito de dejar salir solos a los menores y 35.8% de caminar de noche cerca de su casa. El desglose para Aguascalientes existe en los tabulados de INEGI, pero no lo analizamos aquí y conviene que la autoridad lo difunda.
El Gobierno estatal ha comunicado la creación de una universidad policial, una Policía Rosa con perspectiva de género y una comisaría metropolitana. En el municipio capital, la administración reporta diez generaciones y 251 nuevos policías, aunque la propia Secretaría de Seguridad Pública municipal ha reconocido que aún faltan elementos. Lo que no encontramos son indicadores de resultado de los programas de proximidad social: cuánta gente participa, en qué colonias y con qué efecto sobre victimización o confianza.
La literatura sobre prevención sugiere que los factores de riesgo, como la violencia familiar, el abandono escolar, el consumo problemático de sustancias o el deterioro del entorno urbano, se acumulan de manera desigual en el territorio. Pero la pobreza o la juventud no explican por sí solas la delincuencia, y las políticas que parten de esa idea estigmatizan. Falta, para Aguascalientes, información pública desagregada por colonia que permita saber dónde se concentra cada riesgo.
6. Presupuesto, transparencia y rendición de cuentas
El Paquete Económico estatal 2026 es de 40,635 millones de pesos; de ellos, según Líder Empresarial, 3,803 millones se destinan a seguridad, incluidos el Blindaje Aguascalientes, el C5i y la policía cibernética: alrededor de 9%. La proyección federal del Ramo 33 asigna a Aguascalientes 136.8 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). A escala nacional, el FASP de 2026 ronda los 9,951 millones de pesos, y la desaparición del Fortaseg dejó a las policías municipales con menos recursos federales.
No hay aquí ninguna sospecha de irregularidad; solo una pregunta de método. ¿Cuántos de esos recursos tienen metas medibles? ¿Qué porcentaje se destina a prevención y cuál a equipamiento? ¿Qué han observado la Auditoría Superior de la Federación y el órgano fiscalizador estatal sobre el uso de estos fondos? No pudimos localizar en esta investigación evaluaciones de desempeño ni auditorías específicas; es una tarea pendiente para el seguimiento.
La paz como resultado y responsabilidad pública
Aguascalientes no es un estado en crisis de violencia letal, y sería deshonesto decirlo. Tampoco es una isla: su ciudadanía vive robos, fraudes y extorsión, y comparte región con dos entidades con desafíos graves. La coordinación importa, y las reuniones también. Pero una estrategia de seguridad se demuestra con evidencia pública, no con la frecuencia de las sesiones.
Cinco desafíos quedan sobre la mesa. Primero, publicar indicadores, metas y actas de la Mesa de Seguridad y de la Mesa Ciudadana. Segundo, explicar variaciones atípicas como la de extorsión. Tercero, medir la justicia por sentencias, tiempos y reparación del daño, no solo por detenciones. Cuarto, atender los delitos patrimoniales y el fraude, que son los que más golpean al ciudadano promedio. Quinto, evaluar la proximidad social con evidencia, colonia por colonia.
La pregunta que debe permanecer es la que abrió este reportaje: más allá de las reuniones y los operativos, ¿cómo se demuestra que Aguascalientes es un lugar más seguro para quienes lo habitan.
Fuentes consultadas
- INEGI, ENSU, resultados de septiembre de 2026: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_10_RR.pdf
- INEGI, ENSU, resultados de diciembre de 2025: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf
- INEGI, ENVIPE 2026, reporte de resultados: https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/envipe/ENVIPE2026_RR.pdf
