La Paradoja Next Energy: Ordenan pagar 400 millones a un empresario que duerme en prisión

La vida pública de Aguascalientes atraviesa un momento de esquizofrenia jurídica y administrativa difícil de explicar al ciudadano de a pie. Y aunque lo intenten tapar con un dedo, lo que está ocurriendo es algo de suma trascendencia política en Aguascalientes, Nuevo León y Baja California. Tres estados inmersos en tres hechos aparentemente separados pero que concuerdan con el nombre de un participante en común: Eugenio Javier Maiz Domene dueño de la empresa Next Energy.

Por lo que respecta al caso en Aguascalientes: El empresario Eugenio Maiz Domene, enfrenta un proceso penal tras ser detenido por un presunto fraude millonario relacionado con proyectos de energía solar en Aguascalientes. La investigación señala que su empresa recibió pagos considerables por un parque fotovoltaico que nunca entró en operación ni suministró la electricidad acordada al municipio. Además de las acusaciones por el incumplimiento de contratos que ascendieron a miles de millones de pesos, el detenido enfrenta cargos por cohecho y amenazas tras intentar sobornar a los oficiales captores. El caso destaca por la magnitud de los recursos públicos involucrados y los vínculos del empresario con diversas entidades comerciales en todo el país. Actualmente, Maiz Domene permanece en prisión preventiva mientras las autoridades judiciales determinan su responsabilidad en el desvío de fondos.

Mientras que la prensa de diferentes Estados seguían la nota con atención de la detención: apenas hace dos días al momento de la redacción de este artículo,el Juez del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Chihuahua, giró una orden contra el Municipio de Aguascalientes para “liberar el recurso retenido desde inicios de este 2025, a uno de los fideicomisos destinados para el pago del contrato con la empresa Next Energy, el parque fotovoltáico que cumple seis años sin entrar en operaciones en la entidad, derivado de disposiciones federales” (Radio BI) 

Para entender la gravedad es importante destacar que la orden judicial de ejecución inmediata, ha derivado de un litigio mercantil/administrativo, entre Next Energy y el Municipio de Aguascalientes, la cual se sigue por vía diferente al juicio que derivó en la detención preventiva Eugenio Maiz Domene. Para los no enterados en derecho hay que advertir que el proceso penal aún no comienza, mientras que en el juicio mercantil/administrativo se ha dictado una orden esta NO es una sentencia penal definitiva que cierre todo el caso, lo cual nos deja en estos  momentos en una paradoja.

La paradoja de los 400 millones: Pagar el fraude mientras se encarcela al presunto defraudador

El caso Next Energy ha dejado de ser únicamente un problema de energía solar para convertirse en un descalabro financiero de proporciones mayores para el Ayuntamiento capitalino. La reciente determinación judicial que ordena la liberación de los recursos retenidos —estimados en 400 millones de pesos— marca el fracaso de la estrategia de contención que había implementado la administración de Leonardo Montañez.

Durante meses, el alcalde y su equipo jurídico apostaron por una táctica de «resistencia pasiva»: aplicar una medida cautelar para retener los pagos mensuales (alrededor de 36 millones de pesos) bajo la premisa de proteger el patrimonio público ante las evidentes irregularidades del parque fotovoltaico. La lógica política era impecable: no se puede pagar por un servicio que no se recibe o que está viciado de origen.

Sin embargo, la lógica de los tribunales mercantiles y administrativos opera con frialdad matemática. El juez ha determinado que el Municipio ya no posee justificación legal para mantener ese dinero «congelado». Al caerse esta defensa, la orden es tajante: liberen los recursos. Para efectos del contrato mercantil —un documento que evidentemente fue blindado a favor del privado desde su origen en administraciones pasadas—, la empresa ha ganado la batalla por el flujo de efectivo.

Esto coloca a las finanzas municipales en una situación crítica. Cuatrocientos millones de pesos no son una cifra menor; representan una porción significativa del presupuesto, 7.6% de todo su presupuesto anual el cual es de $5,249,692,336 MXN (Cinco mil doscientos cuarenta y nueve millones (Aguascalientes la Ciudad de tu Vida), que obligan a la Administración actual a pagar por orden del Juez.

La contradicción penal y el absurdo institucional

Lo que vuelve este escenario verdaderamente surrealista es el estatus de la contraparte. Eugenio Javier Maiz Domene, la cara visible y propietario de la firma beneficiada, duerme hoy en prisión preventiva. Está vinculado a proceso, y aunque aún no recibe sentencia (ni condenatoria ni absolutoria), el Estado lo mantiene recluido bajo la sospecha fundada de fraude y cohecho.

Aquí radica la gran contradicción del sistema: la pista penal y la pista administrativa corren a velocidades distintas y, a veces, en direcciones opuestas. Mientras la Fiscalía busca probar que el contrato fue un acto delictivo, el Juzgado Administrativo exige que se cumpla ese mismo contrato en sus términos económicos.

El mensaje que se envía a la sociedad es devastador. Se le dice al contribuyente que su dinero servirá para pagarle a una empresa cuyo dueño es tratado como delincuente por la misma autoridad. Es el triunfo del formalismo legal sobre el sentido común y la justicia sustantiva.

Parafraseando a Ronald Dworkin: Es la derrota de los principios ante las reglas: el sistema permite que un actor se beneficie de su propio dolo, validando jurídicamente lo que moralmente es un fraude.

Eduardo García Máynez expondria: Estamos ante un caso de validez formal sin validez intrínseca: una resolución legalmente impecable, pero axiológicamente vacía, que divorcia la legalidad de la justicia.

Y si aún no queda clara la contradicción del sistema este hecho sería descrito por Luigi Ferrajoli o Zagrebelsky como: el triunfo del positivismo ciegosobre la democracia sustancial: una sentencia que protege la letra del contrato mientras sacrifica el patrimonio de la ciudadanía que el Derecho prometió cuidar.»

Por lo que nos termina por llevar una verdad terrible de nuestro sistema judicial, no se resuelve ni se renueva el sistema judicial eligiendo jueces en las urnas, es urgente una verdadera reforma judicial que incluya el funcionamiento de los juzgados y como ellos puedan interactuar entre ellos, este hecho es la demostración de la imposición de una ‘verdad procesal’ que insulta a la ‘verdad real’: el derecho mercantil convertido en escudo para el saqueo público.

Responsabilidades y costos políticos

Este revés no puede entenderse sin mirar al pasado y al presente. Políticamente, desnuda la fragilidad de los acuerdos firmados durante el mandato de Tere Jiménez y aprobados por un Congreso que, en su momento, validó una deuda a largo plazo sin prever candados suficientes para el incumplimiento del proveedor. Cuidado que todos ellos deberían estar en el escrutinio de la fiscalía, si es que es verdad que se investiga por cohecho. 

Para Leonardo Montañez, el golpe es doble. Financieramente, pierde margen de maniobra para cerrar su administración e iniciar la siguiente. Políticamente, queda expuesto como el alcalde que, queriendo o no, tuvo que firmar el cheque más doloroso de la historia reciente, evidenciando que la asesoría jurídica del Ayuntamiento subestimó la fuerza vinculante del contrato mercantil frente a la acusación penal.El caso Next Energy se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo la corrupción —o la mala planeación— se institucionaliza mediante contratos leoninos que sobreviven incluso a sus creadores. Que un juez ordene pagar 400 millones de pesos a una empresa investigada por fraude, mientras su dueño enfrenta el proceso tras las rejas, no es solo una derrota legal para el Municipio de Aguascalientes; es una burla a la inteligencia pública. Evidencia un sistema donde la legalidad del papel firmado pesa más que la moralidad de los actos, dejando a la ciudadanía como la única pagadora de una fiesta a la que nunca fue invitada.