Cuando la marcha se convierte en el mensaje equivocado

LJNoticias

El 8 de marzo debería ser, por definición, el día en que las calles de México se llenan de voces que reclaman lo más elemental: igualdad ante la ley, fin de la violencia de género, justicia para las mujeres que ya no están. En Aguascalientes, como en el resto del país, miles de mujeres salieron hoy a marchar con ese propósito legítimo y urgente. Sin embargo, en Plaza de la Patria, frente a las cámaras y ante decenas de testigos, un episodio opacó el mensaje de la jornada y encendió una pregunta incómoda que no puede ser ignorada.

Los hechos

Jesús Eduardo Martín Jáuregui, abogado, notario público, maestro universitario y expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Aguascalientes, fue identificado entre los asistentes a la marcha del 8M y, acto seguido, expulsado de manera violenta. Los videos difundidos en redes sociales por el reportero @JLMNoticias muestran el momento del incidente y las declaraciones que el propio Martín Jáuregui ofreció inmediatamente después, visiblemente afectado.

Independientemente de la historia personal o profesional de Martín Jáuregui —y de las opiniones que se puedan tener sobre su gestión al frente de la CEDH—, lo que ocurrió en Plaza de la Patria fue un acto de violencia pública, ejecutado sin proceso, sin evidencia presentada en ese momento, y sin más justificación que la identificación de un hombre en un espacio donde se convocó a marchar.

El movimiento feminista nació y existe para combatir la violencia y la exclusión. Su bandera central es que ninguna persona debe ser agredida, discriminada ni castigada sin juicio justo, sin que se escuche su voz, sin debido proceso. Es un principio de derechos humanos en su expresión más pura.

Por eso resulta tan devastadoramente contradictorio que, en el marco de una marcha que reivindica esos principios, se ejerza exactamente lo que se dice combatir: violencia como herramienta de exclusión. Agrupar, señalar y agredir a alguien por el simple hecho de ser hombre —o por lo que representa en la memoria colectiva de algunas manifestantes— no es justicia; es la réplica exacta de la lógica que el feminismo combate.

Lamentablemente los grupos radicales ponen en contradichos todo lo avanzado con sus actos.

La igualdad no puede ser selectiva. O aplica para todos, o no es igualdad: es apenas un privilegio con distinto dueño.

El daño que se hace al propio movimiento

Escenas como la de hoy en Plaza de la Patria no sólo lastiman a quien las padece; lastiman la causa misma. Cada acto de violencia durante una marcha feminista se convierte en el titular que eclipsa años de trabajo silencioso, de datos, de víctimas reales, de propuestas legislativas serias. Se convierte en la imagen que reproducen quienes quieren desacreditar el movimiento, en el argumento fácil que usan quienes se niegan a escuchar las demandas legítimas.

Aguascalientes tiene pendientes de justicia de género que son reales y urgentes. Las cifras de violencia intrafamiliar, los feminicidios sin resolver, la brecha salarial, la subrepresentación política de las mujeres: esos son los temas que merecen el centro de la conversación pública hoy. Y cuando los actos de violencia desplazan esas demandas, quienes más pierden son las propias mujeres que salieron a marchar con genuina convicción.

¿Quién es Martín Jáuregui y por qué importa el contexto?

Jesús Eduardo Martín Jáuregui es una figura conocida en los círculos jurídicos y de derechos humanos del estado. Fue presidente de la CEDH en un período no exento de cuestionamientos: durante su gestión, más de 900 expedientes de violaciones a garantías individuales fueron archivados sin resolución. En 2017 declinó buscar la reelección argumentando los riesgos del cargo, y retornó a la notaría que ejerce desde entonces. Hoy colabora como columnista de opinión en medios locales.

Su trayectoria puede ser analizada, criticada y debatida en los foros adecuados. La prensa, la academia, el escrutinio ciudadano: esos son los espacios donde se procesan las responsabilidades institucionales. Una marcha en la vía pública no es un tribunal; y la violencia física no es un veredicto legítimo en ningún sistema de derecho.

Esta redacción reconoce plenamente la legitimidad y la urgencia de las demandas del movimiento feminista. La violencia de género es una crisis nacional y Aguascalientes no es la excepción. Las mujeres tienen todo el derecho y la necesidad de ocupar las calles para exigir lo que el Estado y la sociedad les deben.

Sostengo con la misma convicción, que la violencia no construye el mundo que el movimiento dice querer. Que agredir a una persona en público, por su identidad o su pasado, reproduce la misma lógica de impunidad y fuerza bruta que se dice combatir. Y que la coherencia entre medios y fines no es un lujo ideológico: es la base moral de cualquier causa que aspire a transformar genuinamente la sociedad.

El 8M merece más que esto. Las mujeres de Aguascalientes merecen más que esto. Y el debate público también.

Fuentes consultadas: Videos publicados por @JLMNoticias en X (Twitter) — jlmnoticias.com — Perfil de Jesús Eduardo Martín Jáuregui en BI Noticias — Portal FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsman).