El «Síndrome de Fiona» de Galaviz Tristán no es un desliz: es un patrón.

El doctor Rubén Galaviz Tristán tiene una manera peculiar de comunicar la ciencia. El pasado 24 de abril de 2026, en conferencia de prensa, el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) decidió explicar los efectos de los trastornos tiroideos comparando a sus pacientes —en su mayoría mujeres jóvenes— con Fiona, el personaje ogro de la película Shrek. La imagen es la que es: una autoridad sanitaria, frente a cámaras, describiendo a mujeres enfermas como criaturas de ficción que se deforman físicamente.

Galaviz justificó la comparación señalando que Fiona, igual que una paciente con hipotiroidismo no tratado, experimenta cambios de apariencia: aumento de peso, hinchazón facial, caída del cabello, textura de piel alterada. Desde una perspectiva estrictamente didáctica, el recurso apunta a un padecimiento real. Aguascalientes efectivamente registra una incidencia elevada de alteraciones tiroideas, vinculadas en parte a las altas concentraciones de yodo en la dieta local, y el 60% de los casos se presenta en mujeres de entre 22 y 32 años. La detección temprana importa. Ninguno de esos datos está en disputa.

Lo que está en disputa es otra cosa.

Una autoridad de salud pública tiene, entre sus obligaciones constitucionales, proteger no solo la salud física sino la salud mental de la población que sirve. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la salud sin distinción alguna. La Ley General de Salud, en su artículo 2°, establece explícitamente el bienestar físico y mental del individuo como objetivo del sistema sanitario. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe cualquier conducta que restrinja o menoscabe la dignidad de las personas. Comparar a pacientes con sus enfermedades crónicas a un personaje de dibujos animados conocido por su aspecto monstruoso no es un ejercicio de comunicación científica: es la construcción pública de una imagen degradante sobre personas que ya cargan con el estigma social que acompaña a los cambios físicos provocados por su condición médica.

Que Fiona sea, en el arco narrativo de Shrek, un personaje con agencia y profundidad no cambia nada. La población general no escuchó una reflexión sobre la complejidad del personaje. Escuchó al secretario de Salud decir, en términos coloquiales, que las mujeres con tiroides descontrolada se ponen como ogros. Y ese es el mensaje que circula, el que se viraliza, el que se convierte en meme. El propio Galaviz debería saber que las declaraciones de un funcionario público no se procesan como análisis académicos: se procesan como señales sobre cómo el Estado ve a los ciudadanos.

Pero esto no es un episodio aislado. Quien ha seguido la trayectoria del doctor Galaviz al frente del ISSEA sabe que esta no es su primera incursión en la comunicación disruptiva a costa de grupos vulnerables. En fechas recientes, mientras Aguascalientes registraba un incremento en casos de VIH, el secretario declaró que la enfermedad se concentra en hombres «gays» con múltiples parejas. La frase fue reprobada por el director del Centro de Atención Vive Aguascalientes, Efraín González Muro, quien señaló que esas declaraciones alimentan el estigma y la discriminación contra la comunidad LGBTQ+. Días después, el ISSEA anunció que no participaría en la distribución de condones durante la Feria Nacional de San Marcos, evento que recibe anualmente según cifras oficiales y con poco rigor académico a más de ocho millones de personas, lo cual dudamos por el volumen de recursos públicos que se necesitan para poder atender la demanda de esa población. Para legisladores como el diputado López Vela, la postura era, en sus propias palabras, «una barbaridad».

El patrón resulta consistente. Cuando se trata de la comunidad LGBTQ+, Galaviz recalibra la epidemiología para distribuir culpas morales. Cuando se trata de mujeres con enfermedades crónicas, recurre a figuras cómicas que las asocian con la fealdad y la deformidad. En ambos casos, el daño no es accidental: es estructural. La discriminación en salud no siempre llega con insultos explícitos. Con frecuencia llega envuelta en chistes, en metáforas populares (pop), en un tono que parece más informal que agresivo pero que, en los consultorios, se traduce en pacientes que no acuden a atención por vergüenza, que minimizan sus síntomas para no ser ridiculizados, que desconfían del sistema que debería cuidarlas.

La investigación en psicología de la salud es clara al respecto. El estigma asociado a las enfermedades que provocan cambios corporales —obesidad, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes— incrementa la probabilidad de que las pacientes eviten buscar atención médica. Cuando ese estigma es reproducido por la propia autoridad sanitaria, el efecto es doble: normaliza el rechazo social y destruye la confianza institucional que es condición necesaria para que cualquier campaña de detección, como la que Galaviz anunció para la Feria de San Marcos, tenga alguna utilidad.

Hay una ironía amarga en todo esto. El secretario presentó el «Síndrome de Fiona» como parte de una campaña para que más mujeres se acerquen a los servicios de salud del ISSEA a hacerse pruebas de tiroides. Pero una mujer que acaba de escuchar que su condición la convierte en un ogro de película animada tiene menos, no más, razones para marcar ese teléfono o acercarse a esa feria. La comunicación en salud pública tiene décadas de literatura especializada que señalan exactamente esto: el lenguaje que estigmatiza reduce la demanda de servicios, no la aumenta. Galaviz no solo discrimina. Galaviz sabotea su propio objetivo sanitario.

El cargo que ocupa no es decorativo. El secretario de Salud de Aguascalientes administra una red de 292 unidades médicas, siete hospitales generales y decenas de programas de atención que tocan la vida de cientos de miles de personas. Tiene la obligación legal, ética y constitucional de garantizar que esa red opere con principios de no discriminación, dignidad y respeto a la integridad de quienes la usan. Cada vez que hace un chiste a costa de sus pacientes, esa obligación queda incumplida.

No pedimos que el secretario sea un comunicador perfecto. Pedimos que no dañe a las personas que se supone debe proteger. La diferencia entre ambas exigencias no es técnica. Es de elemental decencia institucional. Si Galaviz no puede con el el encargo, ya deben buscar su remplazo antes de que haga más daño.