Gazmoñería y censura de una exposición fotográfica

Leí en Facebook que el maestro Juan Castañeda, exdirector del Centro de Artes Visuales, del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), citó un caso de censura en el mundo de las artes plásticas en la entidad, y me puso a recordar aquel suceso, que ahora comparto, porque refleja parte de la cultura, creencias y formas de pensar de un grupo numeroso de aguascalentenses que todavía se mueve, influyendo en la política y la sociedad.

A mediados de febrero de 1997, un periódico publicó: «El Ayuntamiento local, panista, coarta la libre expresión al censurar fotografías eróticas». El autor de la exposición era Carlos Llamas Orenday, quien presentó su obra en el Centro de Artes Visuales del ICA. La decisión fue del director de Reglamentos del municipio, Gerardo Raygoza Rosales, exsinarquista y líder de la Unión Nacional de Pares de Familia en la entidad. La noticia se extendió rápidamente y diarios de circulación nacional abordaron el asunto; La Jornada, por ejemplo, publicó, el 22 de febrero de ese año, en la primera plana tres fotos de mujeres semidesnudas de la exposición, con el encabezado «No aptas para Aguascalientes», y en un breve texto, se leía:

“Pese a la prohibición del ayuntamiento panista, 80 niños con sus padres visitaron la muestra fotográfica de Carlos Llamas Orenday en la capital aguascalentense, para ‘demostrarles a las autoridades que ellas no son nadie para decidir qué es moral o inmoral’. Agrupaciones conservadoras, personas ligadas al Opus Dei y la fracción parlamentaria del PAN expresaron apoyo a la medida del cabildo. A su vez, el Instituto Cultural de esa entidad [de extracción priísta], demandó penalmente a los funcionarios municipales que sustrajeron cinco fotos de la muestra”.

La televisión también participó en lo que parecía ya una broma: Brozo (el payaso tenebroso) caricaturizó en su programa lo que algunos llamaron mojigatería de la administración panista; pero, lo que para ellos era un asunto cuestionable y hasta divertido, para otros era correcta y apoyaban la censura porque eran “fotos inmorales”. Un regidor del PAN, Leobardo Gutiérrez, dijo a los medios: “no se actúa contra la ley cuando son fotografías cochinas”.

A esta postura se sumaron grupos empresariales, como COPARMEX, CANAIV y CANACINTRA. Se expresaron en los medios de comunicación y también marcharon por las calles del centro de la ciudad, gritando y mostrando pancartas que señalaba que no había que confundir arte con pornografía y que defendían la moralidad de los aguascalentenses. Una personas que encabezó dicha manifestación y habló en nombre de muchas otras fue el comerciante Felipe Gonázlez González, quien llegó a ser gobernador un año después y cedió el Instituto de Educación de Aguascalientes a la influencia del Opus Dei.

Representantes de la Iglesia católica también manifestaron su oposición a la exposición. En particular, tres sacerdotes, el día 14 de marzo, enviaron una carta al gobernador Otto Granados Roldán, a nombre de “la comunidad de Padres de Familia de los Fraccionamientos Ojocaliente I, II, III y IV, Infonavit Fidel Velásquez, Rodolfo Landeros, Ejido Ojocaliente, Norias de Ojocaliente y Solidaridad I; pertenecientes a la Parroquia de Jesús, María y José”, para expresar su “inconformidad por los ilícitos” que se habían presentado en el estado.

En la carta los sacerdotes calificaban la exposición de “pornográfica” y se preguntaban “o ¿de qué otra forma se le puede llamar?” Luego, decían que lo peor no era sólo que se exhibieran las fotografías de mujeres desnudas, sino que éstas se habían presentado en la Casa de la Cultura. Para los inconformes la exposición era ilícita porque violaba “las leyes civiles sobre la moralidad y buenas costumbres”, y la calificaban de pornográfica porque atentaba “contra el pudor y la dignidad de la persona, de manera muy particular, de la mujer mexicana”. La carta se refería a los males de la pornografía y a la necesidad de educar en la moral, por lo que exigían a las autoridades el cumplimiento de las leyes:

“La pornografía atenta contra la integridad familiar, las buenas costumbres sociales y contra la dignidad de la persona, porque la denigra y desencadena en ella un desenfreno sexual que la conduce a cometer actos violentos e inmorales. ¿Qué provecho sacamos con tipificar la violencia intrafamiliar como delito? Hagamos una verdadera acción educadora para que podamos pedir la actuación correcta y equilibrada a nuestros hijos; seamos lógicos y actuemos en conformidad con las leyes que rigen la conducta del ser humano.

(…)

“No somos retrógrados, ni mojigatos, ni mochos, ni extraterrestres o gente rara. Somos hombres y mujeres que deseamos vivir en conformidad con los valores humanos y espirituales propios del hombre y que hacen que viva y actúe como tal. Somos ciudadanos mexicanos y estamos haciendo lo posible por cumplir con nuestras obligaciones. Por eso como ciudadanos exigimos el cumplimiento y aplicación de las leyes que norman la buena conducta de nuestra sociedad, para que podamos tener la seguridad que, unidos en un esfuerzo común, nuestros hijos se desarrollen en un ambiente sano y digno de todo ser humano. Recordemos que los valores propios del ser humano no son negociables ni están sujetos a conquistar”.

De inmediato, la carta tuvo respuesta, no del gobernador, sino del director del ICA, quien hizo una defensa de la libertad de expresión y acusó a los sacerdotes de tener un “pensamiento obtuso y enfermizo”, de haberse formado en instituciones autoritarias y de no ser autoridades en “materia de estética”.

Dentro y fuera del estado, hubo artistas e intelectuales, entre ellos Carlos Fuentes, que apoyaron la libertad artística y rechazaron tajantemente la censura. No se trataba de un capricho o una medida coyuntural por parte de militantes del PAN, sino de una postura típica de grupos conservadores que se expresan de la misma manera en diferentes lugares y épocas, y que, entonces, lo hicieron desde el poder, creyendo representar el interés social y el «bien común».

En una entrevista que le realicé, el gobernador Otto Granados, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la censura fue reprobable no porque viniera de un gobierno panista sino por el acto en sí mismo:

“Lo que pienso de esas cosas, entonces y ahora, es que nadie tiene el derecho de privar a ninguna persona de ver lo que se le pegue la gana, llámese Rudy Giuliani, el alcalde de NY, o los panistas o los priístas o la iglesia católica o quien sea. Me molesta profundamente que otros se arroguen el derecho de decirme qué es lo que debo ver y lo que no”.

Legalmente, el gobierno del estado hizo los trámites para que se sancionara al presidente municipal de Aguascalientes, Alfredo Reyes Velázquez, y se envió una queja a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos. Las obras confiscadas se regresaron, hubo amonestaciones y, con el tiempo, el asunto se diluyó, aunque el acendrado conservadurismo, incluso gazmoñería, aparecen de vez en vez, porque forman parte todavía de la identidad de varios sectores de la sociedad de Aguascalientes.