Conectividad y corresponsabilidad: el nuevo mapa del espacio público en Aguascalientes

Dos políticas municipales aparentemente distintas —la red de internet gratuito y el programa de Servicio Comunitario— convergen en una misma apuesta: que parques, plazas y calles no solo se recorran, sino que también se usen para conectarse, aprender y cuidar lo común. Los datos, revisados con lupa, muestran continuidad más que novedad, y resultados reales pero acotados.

Un parque puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Un lugar de paso, un espacio de descanso, una cancha improvisada los domingos. Pero también puede ser, cada vez más, el sitio donde un adolescente termina una tarea escolar con el celular conectado a una red pública, donde una persona hace un trámite bancario sin trasladarse a una sucursal, o donde un grupo de vecinos, cumpliendo una sanción administrativa, corta la maleza de un camellón que llevaba meses abandonado. Esa superposición de usos —digital, cívico, cotidiano— es el hilo que conecta dos anuncios recientes del Municipio de Aguascalientes: la expansión de su red de internet gratuito a más de 300 puntos y la participación acumulada de más de 30 mil personas en el programa de Servicio Comunitario.

¿Son dos políticas aisladas que coinciden en el calendario del Segundo Informe de Actividades del presidente municipal Leo Montañez, o forman parte de una misma lógica de fortalecimiento del espacio público? La respuesta, con datos en mano, es matizada: no existe evidencia de que ambos programas hayan sido diseñados como una sola estrategia formal, pero sí comparten un objetivo de fondo —dar mayor utilidad social a los espacios comunes— y una misma narrativa de gobierno que los presenta como parte de un modelo de ciudad basado en acceso, participación y corresponsabilidad.

Más de 300 puertas digitales

La cifra que el Municipio difundió en el marco de su Segundo Informe es clara: más de 300 puntos de internet gratuito distribuidos en delegaciones, la Línea Verde, mercados municipales, plazas, jardines, parques públicos, colonias, fraccionamientos y comunidades rurales como El Turicate, Los Cuervos, El Duraznillo o Congregación Matamoros, entre otras. El Municipio describe el servicio como disponible las 24 horas, con tiempo de conexión ilimitado y filtros de contenido pensados para proteger a menores de edad. Existe también un portal oficial (ags.gob.mx/internet_gratuito) que funciona como directorio del programa, aunque no ofrece un listado exhaustivo y verificable de cada punto activo, lo que dificulta una auditoría independiente número por número.

Vale la pena una precisión: «más de 300» es una cifra de comunicación institucional, no un dato desglosado con fuente técnica pública (como sí ocurre, por ejemplo, con el catálogo abierto de puntos WiFi de la Ciudad de México). No hay, hasta donde permite verificar la información disponible, un reporte independiente sobre cuántos de esos puntos están efectivamente operativos en un momento dado, ni sobre fallas, mantenimiento correctivo o tiempos de respuesta ante caídas del servicio.

De 216 a más de 300: la evolución de una política, no su invención

Aquí está uno de los hallazgos más relevantes de este reportaje: la red de internet gratuito no nació con el anuncio reciente. En septiembre de 2022, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno, Leo Montañez inauguró la Línea Verde Digital —60 puntos de wifi a lo largo de los 12 kilómetros de ese parque lineal— y el Municipio informó que, con esa ampliación, la red total llegaba a 216 puntos. En ese mismo evento, el coordinador general de Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, anunció que se buscaría habilitar 110 puntos adicionales en el corto plazo.

Un año después, en diciembre de 2023, la entonces titular de la Secretaría de Administración, Laura Jiménez Castro, reportó 257 puntos instalados y más de 250 mil conexiones semanales, además de fijar como meta explícita llegar a 300 puntos durante la administración. Tres años más tarde, en septiembre de 2026, el Municipio confirma haber superado esa meta.

La secuencia 216 → 257 → 300+ desmiente la idea de que se trate de un programa nuevo: es la consolidación gradual de una política de conectividad iniciada desde el primer año de gobierno, con metas planteadas públicamente y, en apariencia, cumplidas. Esa continuidad —más que la cifra final por sí sola— es el dato periodísticamente más sólido de este eje.

El internet como infraestructura social, no como sustituto del hogar

¿Qué tan grande es realmente la brecha digital que este programa busca cerrar? Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sitúan a Aguascalientes consistentemente por encima del promedio nacional en conectividad: en 2022, el estado ocupó el tercer lugar nacional en población usuaria de internet (86.9%, frente al 78.6% nacional), y en 2024 el 82.4% de los hogares aguascalentenses contaban con acceso a internet, frente a un promedio nacional de 73.6%. A escala nacional, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 documentó que la brecha urbano-rural en el uso de internet se redujo de 32 a 14 puntos porcentuales en ocho años, y que 17.5% de las personas usuarias se conecta desde un sitio público, con o sin costo.

Estos números matizan el alcance real del programa municipal: Aguascalientes no parte de un déficit dramático de conectividad respecto al resto del país, sino de una posición relativamente aventajada. Eso no vuelve irrelevante la política pública, pero sí obliga a entenderla como un complemento dirigido a bolsillos específicos de exclusión —zonas rurales, familias sin contrato de internet en casa, personas que no pueden costear un plan de datos— y no como la vía principal de acceso digital para la mayoría de la población. El propio Municipio ha señalado en años anteriores que el servicio facilita tareas escolares, consultas, trámites y comunicación con familiares, especialmente en comunidades rurales; declaraciones de 2023, no necesariamente medidas con datos de uso actualizados a 2026.

Sobre la «navegación segura» que promete el Municipio, la información pública disponible describe filtros que restringen sitios inapropiados para menores, pero no detalla qué tecnología de filtrado se usa, cómo se actualiza, ni qué política de privacidad o retención de datos aplica a quienes se conectan. Es razonable describir el servicio como una red con medidas de protección básicas, no como una red con seguridad garantizada de forma absoluta.

Una segunda forma de participar: el Servicio Comunitario

Mientras el internet gratuito ofrece acceso, el segundo eje de este reportaje ofrece corresponsabilidad. El programa de Servicio Comunitario permite que una persona sancionada por una falta administrativa —no un delito— permute voluntariamente su multa o arresto por labores de limpieza, desmalezado, pintura u obra civil menor en espacios públicos. Se trata, en términos jurídicos, de una sanción opcional: el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio establece que ante una infracción, la autoridad puede imponer multa, arresto de hasta 36 horas, servicio comunitario o una medida para mejorar la convivencia cotidiana, y que la ejecución del servicio comunitario se rige por un reglamento específico expedido por el Ayuntamiento.

Ese reglamento no es nuevo tampoco: en 2023 el Cabildo aprobó una versión actualizada, con reformas al Reglamento de Justicia Cívica y al Código Municipal, con el objetivo declarado de dar mayor certeza jurídica a la operación tanto del Servicio Comunitario como de los Juzgados Cívicos. El programa como tal —de acuerdo con reportes de este año— opera desde 2021, es decir, desde el primer año de la actual gestión municipal.

Más de 30 mil participantes: lo que la cifra dice y lo que no dice

La cifra difundida —más de 30 mil infractores— corresponde a la participación acumulada desde 2021, es decir, a lo largo de dos periodos de gobierno de Leo Montañez (2021-2024 y 2024-2027). Es importante no confundir esa cifra acumulada con un resultado del año en curso, y tampoco asumir automáticamente que se trata de 30 mil personas distintas: la información disponible no aclara si alguien pudo haber permutado más de una sanción a lo largo de cinco años, por lo que «30 mil participaciones» es una lectura más prudente que «30 mil personas únicas».

El dato que sí corresponde específicamente al periodo reciente —el segundo año del segundo periodo de gobierno— es la recuperación de más de 359 mil metros cuadrados de espacios públicos: camellones centrales, camellones laterales y bajopuentes. Ese es un indicador anual, no acumulado, y conviene no mezclarlo con cifras históricas más amplias de rehabilitación urbana que en su momento circularon como antecedentes de administraciones previas, ya que corresponden a otro periodo y no hay evidencia pública de que se hayan actualizado con la misma metodología.

Existe, además, un antecedente relevante de 2022: un comparativo del primer semestre de 2021 contra el primer semestre de 2022 mostró una caída de casi 30% en las detenciones por faltas administrativas (de 34,019 a 24,418), atribuida en su momento al esquema de permuta por servicio comunitario. Se trata de un dato temprano de la implementación del programa; no hay, en las fuentes consultadas para este reportaje, una cifra equivalente y actualizada para 2025 o 2026 que permita afirmar que esa tendencia se ha sostenido en el tiempo.

Justicia que también recupera espacios

El vínculo entre Justicia Cívica y recuperación urbana no debe leerse como un mecanismo punitivo disfrazado. El propio marco normativo lo define como «prestación de trabajos o servicios personales no remunerados de orientación, limpieza, conservación, restauración, ornamentación o afines a favor de instituciones públicas municipales, educativas o asistenciales». Es, en esencia, una vía de reparación simbólica y social frente a una falta administrativa —no un delito—, que sustituye el pago de una multa o la privación de la libertad por horas de trabajo en beneficio del espacio común. Cabe señalar que Aguascalientes concentró, según cifras recientes de seguridad pública, una proporción notable del total nacional de faltas cívicas registradas comparado con otras entidades; ese dato habla más de los niveles de registro institucional que de un diagnóstico definitivo sobre conducta ciudadana, y debe tomarse con cautela.

Cuando las dos políticas se encuentran

Internet gratuito y Servicio Comunitario no fueron anunciados ni normados como un solo programa. Pero ambos aterrizan, literalmente, en los mismos lugares: camellones, plazas, mercados, la Línea Verde. Uno aporta acceso —a información, trámites, comunicación familiar—; el otro aporta apropiación —trabajo, mantenimiento, presencia ciudadana en el cuidado del entorno—. El espacio público es el punto donde ambas lógicas convergen: un camellón limpio gracias al trabajo comunitario y, al mismo tiempo, conectado a una red gratuita, ofrece un valor social distinto al de una simple franja de concreto. El valor de una plaza no depende solo de su infraestructura física, sino de qué usos sociales permite y quiénes pueden aprovecharlos. En ese sentido, ambas políticas pueden leerse como parte de una misma lógica de fortalecimiento del espacio público, aunque no exista un documento que las presente formalmente como una sola estrategia integrada.

El modelo de gobierno detrás de las cifras

Leo Montañez aparece como el conductor político de ambas políticas, pero no como su ejecutor material. La instalación técnica de los puntos de internet involucra a la Secretaría de Administración, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y proveedores privados como Telmex, Izzi y Coeficiente. La operación del Servicio Comunitario recae en la Dirección de Justicia Cívica, los Juzgados Cívicos y el propio Cabildo, que aprobó las reformas reglamentarias de 2023. El mérito atribuible a la administración, con base en la evidencia disponible, no está en cada instalación o cada jornada de limpieza individual, sino en la continuidad de metas planteadas desde 2022, su institucionalización mediante reglamento y su presentación sostenida como parte de los informes de gobierno.

Los datos revisados no permiten sostener que Aguascalientes haya inventado un modelo inédito de gobierno digital y cívico, ni que estas políticas resuelvan por sí solas la brecha digital o la seguridad urbana. Lo que sí permiten sostener es algo más modesto y, quizás, más útil para pensar el desarrollo urbano: que un espacio público puede transformarse, de forma gradual y verificable, en un lugar que combina convivencia, acceso digital, participación ciudadana e infraestructura social, cuando la política pública decide sostener en el tiempo —no solo anunciar— ese tipo de apuestas.