El Segundo Informe de Gobierno reúne resultados en seguridad, agua, infraestructura, salud emocional, bienestar animal y participación ciudadana. Un repaso a lo que puede comprobarse, lo que corresponde a metas en curso y lo que todavía necesita indicadores de impacto.

Un informe de gobierno no se mide por el número de páginas de su discurso, sino por la cantidad de resultados que pueden encontrarse en las calles, colonias, hogares y servicios públicos. El 7 de septiembre de 2026, en el Foro de las Estrellas, Leo Montañez Castro —abogado, exdiputado local y reelecto para el periodo 2024-2027— presentó el Segundo Informe de su segundo mandato al frente del municipio de Aguascalientes. Ante la gobernadora Tere Jiménez, legisladores, exalcaldes y representantes empresariales, el presidente municipal prometió «seguir entregando buenas cuentas» a la capital y a las comunidades rurales del municipio.

La frase, repetida como cierre de su mensaje, plantea una pregunta que no responde el discurso por sí solo: ¿qué significa, en términos verificables, entregar buenas cuentas en un gobierno municipal? La respuesta no está en el número de obras anunciadas, sino en la posibilidad de comprobarlas, contextualizarlas y distinguir entre lo que ya opera, lo que sigue en construcción y lo que todavía es una meta.

El informe en números: cuatro pilares, una misma lógica

Del centenar de datos que ofreció la administración municipal, cuatro ejes concentran la mayor parte del presupuesto político del informe: seguridad (patrullas, policías y pasos seguros), infraestructura hídrica y vial (pozos, drenaje y pavimentación), bienestar social (salud emocional, vivienda y atención animal) y participación ciudadana (presupuesto participativo, servicio comunitario e internet gratuito). A ellos se suma un quinto elemento que la propia gestión ha querido capitalizar simbólicamente: la compra de terrenos en La Pona, presentada como un «hecho histórico».

Seguridad: más capacidad operativa, no necesariamente menos delito

De acuerdo con el Segundo Informe, la administración incorporó 189 nuevas patrullas y 381 nuevos policías, además de encender 60 «pasos seguros» con mejor iluminación. Se trata de un dato de fortalecimiento de capacidad operativa, no de un indicador de resultado por sí mismo: más unidades y más elementos amplían la vigilancia disponible, pero no equivalen automáticamente a menos incidencia delictiva.

El contraste documental es relevante: en su Primer Informe de este segundo periodo (diciembre de 2025), la propia administración municipal reportó la incorporación de 212 nuevos policías. Si la cifra de 381 corresponde al acumulado del trienio o solo al segundo año no queda claro en la nota consultada, y es una precisión que la comunicación oficial debería ofrecer para que la ciudadanía distinga crecimiento neto de estado de fuerza.

En cuanto al contexto delictivo, los datos disponibles no permiten hablar de una mejora sostenida. Según el Índice de Seguridad construido con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para 2025, el municipio de Aguascalientes se ubica en grado D (calificación de 50 sobre 100), con 2,725 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. En materia de percepción, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI incluyó a la ciudad de Aguascalientes entre las 29 áreas urbanas con cambios estadísticamente significativos en la percepción de inseguridad respecto a diciembre de 2024, sin que la fuente consultada precise si el movimiento fue a la baja o al alza en el caso específico de la capital. Esta es información pública que el Ayuntamiento podría, y debería, contrastar de manera explícita en sus informes.

Agua y drenaje: la cifra de los pozos no coincide entre las propias fuentes municipales

El punto más delicado de auditoría en todo el informe es el agua. La nota fuente de esta investigación —replicada por medios locales— afirma que se pusieron en marcha «20 pozos nuevos» y que se «devolvió» el servicio de agua potable a una zona después de 30 años. Sin embargo, otras coberturas del mismo evento, e incluso comunicados institucionales del propio Ayuntamiento sobre el Segundo Informe, hablan de una cifra distinta: 17 pozos nuevos ya operando y cuatro más «en fase de equipamiento». La diferencia no es menor para efectos de rendición de cuentas: 17 pozos operando es un dato verificable; 20 pozos «nuevos» sin distinguir entre los que ya bombean agua y los que están en proceso, no lo es.

El contexto operativo de MIAA (Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes) añade matices que el informe no menciona: el organismo opera alrededor de 240 pozos en total, y de acuerdo con el presidente de su Consejo Ciudadano, cerca de la mitad tiene bombas de entre 10 y 25 años de antigüedad, lo que ha derivado en fallas de suministro documentadas en colonias como España durante 2026. Es decir, 17 o 20 pozos nuevos representan una ampliación real de la infraestructura, pero conviven con una red que enfrenta un rezago de mantenimiento que no desaparece por la incorporación de nuevas fuentes.

Sobre el drenaje, la cifra de «más de 300 rehabilitaciones» en «más de 200 colonias» se sostiene de forma consistente entre la nota institucional y comunicados posteriores del Ayuntamiento, que hablan de más de 300 acciones de sustitución de tubería sanitaria en más de 200 comunidades, fraccionamientos y colonias. Aquí «rehabilitación» corresponde a intervenciones puntuales de sustitución de tubería, no a la renovación integral de las redes de una colonia completa; es una obra de mantenimiento correctivo antes que de ampliación de cobertura.

Infraestructura vial: obra terminada, pero de escala distinta según el tramo

La rehabilitación de «más de 100 vialidades», con más de 30 calles y avenidas repavimentadas con concreto hidráulico y más de 60 con carpeta asfáltica, es la parte del informe con mejor respaldo documental disponible: la nota cita calles y colonias específicas (Julio Díaz Torre, Mariano Hidalgo, Héroe de Nacozari Sur, entre otras), lo que permite ubicarlas geográficamente. Lo que no ofrece la fuente es el desglose entre «calle completa» y «tramo intervenido», una distinción relevante porque el concreto hidráulico y el asfalto responden a necesidades distintas: el primero, de mayor costo y resistencia, se reserva típicamente para vialidades de tránsito pesado; el segundo, más económico, para calles de tránsito local. Sin el presupuesto ejercido por obra —información que no está disponible públicamente en la fuente consultada—, no es posible traducir kilómetros en inversión ni comparar el costo por tramo con administraciones anteriores.

La Pona: una compra real, presentada como regalo histórico sin todo el contexto legal

Este es el hallazgo más importante de la auditoría. El informe presenta la incorporación de «más de 40 hectáreas de La Pona» a «la ciudadanía» como un hecho histórico y sin precedente. La revisión documental muestra una historia bastante más compleja.

La Pona ya contaba con una declaratoria de Área Natural Protegida desde el 18 de marzo de 2010. En 2018, esa protección fue reducida —mediante un convenio con los propietarios privados del predio— de la totalidad del bosque a un polígono de apenas 11.4 hectáreas, a cambio de permitir construcción en el resto. Desde entonces, el terreno ha sido objeto de una disputa legal de más de una década entre grupos ambientalistas, vecinos y los dueños privados (las empresas Inmobiliaria Próxima y Patrimonio, S.A. de C.V., y Somos, E.N.R.1), respaldada por un amparo judicial que ha impedido su urbanización.

Lo que ocurrió durante este Segundo Informe, de acuerdo con comunicados posteriores del propio Ayuntamiento y con registros periodísticos de junio y julio de 2026, fue la compra municipal de alrededor de 30 a 30.8 hectáreas de La Pona a sus propietarios privados, autorizada por el cabildo el 2 de junio de 2026, con entrega formal de escrituras a una representante ciudadana en julio de ese año. Es, en efecto, un resultado documentado y verificable —una adquisición patrimonial real, producto de décadas de presión ciudadana que la propia administración reconoció públicamente—, pero conviene precisarlo: no se trata de que «40 hectáreas» que antes no eran de nadie ahora «pertenezcan a la ciudadanía», sino de la compra de una superficie de entre 30 y 31 hectáreas —según la fuente— de un predio que en parte ya era jurídicamente un área protegida y en parte estaba en disputa legal desde hace más de treinta años. La cifra de «más de 40 hectáreas» que usa la nota institucional no coincide con la superficie de compra reportada en otras fuentes oficiales del mismo evento (30 a 30.8 hectáreas), aunque sí puede aproximarse a la extensión total histórica de La Pona antes de la reducción de 2018.

Espacios públicos: obra terminada con ubicación verificable

Los 17 parques nuevos y 18 rehabilitados, así como las 16 canchas construidas y 10 rehabilitadas, se presentan con ubicaciones específicas (Lomas del Ajedrez, Villa Montaña, Santa Anita IV, Cañada Grande de Cotorina, entre otras), lo que las coloca en la categoría de obra terminada con evidencia geográfica verificable. Lo que el informe no aporta es el costo total de la inversión ni el criterio de selección de las colonias beneficiadas, información necesaria para evaluar si la distribución territorial respondió a un criterio de equidad o de oportunidad política.

Salud emocional: 126 mil atenciones no son 126 mil personas

El Instituto Municipal de Salud Emocional (IMASAM) es uno de los proyectos más citados por la administración, y con razón: se trata de una política pública poco común entre gobiernos municipales mexicanos. Pero la cifra de 126 mil atenciones en los programas Centros de Infancia Feliz, Árbol de Vida y Telepsicoterapia, más 15 mil sesiones personalizadas a la niñez, exige la distinción metodológica más elemental en materia de salud pública: una atención no equivale a una persona. Un mismo niño, niña o adulto puede generar decenas de atenciones a lo largo de un programa de terapia continua. Sin el dato de personas únicas atendidas —que la fuente no ofrece—, 126 mil «atenciones» documenta actividad institucional, pero no permite calcular cobertura poblacional real. El anuncio de la apertura del quinto Centro de Infancia Feliz, en el fraccionamiento Santa Anita, sí es una obra verificable por ubicación y fecha.

Bienestar animal: un hospital que no nació en este informe

El primer Hospital Veterinario Municipal de Aguascalientes, con más de 14 mil atenciones en cirugía, rayos X, vacunación, desparasitación y esterilización, es presentado en el Segundo Informe como si fuera un anuncio de este periodo. La revisión documental muestra que su creación corresponde en realidad al primer mandato de Leo Montañez (2021-2024): la cobertura de su Primer Informe de esa etapa ya destacaba «la puesta en marcha del primer Hospital Veterinario Municipal» como un compromiso cumplido. Lo que corresponde propiamente a este Segundo Informe es la acumulación de atenciones —más de 14 mil— desde su apertura, no la creación del hospital como tal. Es una diferencia relevante entre «creamos» y «seguimos operando y ampliando», que el discurso institucional no distingue con claridad.

Vivienda, conectividad y participación: entre el dato sólido y el dato sin línea base

Los 250 cuartos adicionales, 3,456 calentadores solares y 240 cisternas entregados son cifras concretas de un programa de mejoramiento de vivienda, aunque la fuente no distingue entre familias y personas beneficiadas, ni ofrece el monto de inversión o los criterios de elegibilidad de las colonias atendidas.

En conectividad digital, los cerca de 300 espacios con internet gratuito y 1.6 millones de conexiones mensuales miden actividad de red, no usuarios únicos: una misma persona puede generar múltiples conexiones al día. La reducción de 30% en el tiempo de canalización de reportes mediante el sistema ECCO 360 es un indicador de eficiencia administrativa interesante, pero sin conocer el tiempo base de comparación ni el periodo exacto, no es posible verificar la magnitud real de la mejora.

El Presupuesto Participativo, con 38 obras elegidas por votación ciudadana, y el programa de Servicio Comunitario, con más de 30 mil participantes en tareas de limpieza y desmalezado, representan mecanismos de involucramiento ciudadano reales, aunque de naturaleza distinta: el primero implica una transferencia acotada de decisión sobre un monto específico de recursos públicos; el segundo es una modalidad de trabajo comunitario vinculada a faltas administrativas de Justicia Cívica, cuyo efecto en la reducción de incidentes no está documentado en la fuente.

El Segundo Informe de Leo Montañez documenta resultados reales en materia de infraestructura, espacios públicos y política social que forman parte visible del paisaje urbano de Aguascalientes. Pero la promesa de «seguir entregando buenas cuentas» solo será verificable en la medida en que la propia administración municipal publique, con el mismo entusiasmo con que anuncia sus cifras, los indicadores de impacto, el presupuesto ejercido por obra y la población única beneficiada en cada programa. Esa es la tarea pendiente que separa un buen discurso de un buen gobierno comprobable.