Certificados de integridad: Harakiri a candidatos
10 de septiembre de 2026
El domingo 6 de junio de 2027, los votantes mexicanos podrán elegir candidatos a cargos de elección popular “certificados como personas integras”. En otras palabras, los partidos políticos presumirán que sus candidatos son personas realmente confiables en su vida privada, personal y familiar, y en el desempeño publico profesional y que han actuado con toda honradez, coherencia, rectitud y respeto entre su comunidad.
Los mentados “certificados de integridad de candidatos”, de acuerdo con la Ley, serán expedidos por las propias instituciones públicas de investigación criminal y fiscal. Y aquí nos enfrentamos “al gran dilema de la desconfianza”: ¿cuál partido político aceptará que sus candidatos sean “certificados con Bajo o Alto Riesgo Criminal”?
Este procedimiento legal de Integridad de candidatos, fue aprobado por el Congreso de la Unión que expidió normas legales con el objeto de que los propios partidos políticos reciban “información fidedigna o confidencial” de la vida privada y pública de sus propios candidatos “para reducir el riesgo” de postular personas calificadas como probables delincuentes.
En tal razón, las instituciones de investigación criminal y fiscal de los actuales gobiernos de la república, estados y municipios, “por supuesto de manera confidencial” y con el apoyo del INE en su calidad de oficialía de partes, podrán investigar e informar de inmediato a los partidos políticos, acerca del “grado de riesgo criminal o delincuencial” que represente cada uno de sus aspirantes a cargos de elección popular.
Pero existe una buena noticia para los sufridos candidatos de partidos políticos; resulta que conforme a los “lineamientos” aprobados hoy por el Consejo General del INE, la “solicitud de investigación criminal” para candidatos de los Partidos Políticos “será un procedimiento absolutamente voluntario”.
En suma, las instituciones gubernamentales no actuarán de oficio y no investigarán si los aspirantes a candidatos son o no probables criminales. Únicamente procederán a expedir aquellos “certificados de buena o mala conducta” de candidatos que los propios partidos políticos soliciten investigar: ¡y a los que no, pues no!
El auditorio del INE, que hoy registró lleno total, no soportó por mucho tiempo las expresiones de algunas risas sarcásticas. Resultó ser un buen chiste, el pensar que un Partido Político “someta voluntariamente la certificación de la conducta delincuencial de sus propios candidatos”.
Resulta realmente difícil de creer que los partidos políticos acepten “poner la Iglesia en manos de Lutero”. Parecería una ingenuidad que los partidos opositores acepten que sea la propia autoridad, a la cual combaten, quien decida el “grado de riesgo criminal que representen sus propios candidatos”.
La buena noticia para esos nerviosos candidatos y partidos políticos es que el procedimiento legal denominado “grado de riesgo criminal” que se ha definido como la probabilidad de un individuo se encuentre actualmente u ocurra en el futuro cercano una conducta delictiva” es tan solo una “simple llamada a misa”, ya que legalmente no existe en la Ley, ninguna sanción preventiva o correctiva que el INE pudiera aplicar por el incumplimiento de este “harakiri voluntario de candidatos”.
Aunque no debemos perder jamás la fe: ¡Y qué tal, Si Sí!
