Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, Aguascalientes

Este jueves 5 de noviembre, la gobernadora Tere Jiménez inauguró en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia. Dura hasta el sábado 7, lo organiza la Fiscalía General del Estado y, según el comunicado oficial, reúne a especialistas de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México, además de unos 400 integrantes de corporaciones de seguridad y justicia de varios estados.

Un detalle de orden: la lista de países no está del todo cerrada. Una invitación previa de la Fiscalía mencionaba también a Israel, Alemania y Perú, y en una entrevista de radio el fiscal habló de siete países. Será la memoria final del foro la que diga quién estuvo.

Este texto se publica a mitad del encuentro. Por eso separa tres cosas: lo anunciado, lo que ya ocurrió y lo que nadie puede demostrar todavía.

La seguridad de Aguascalientes bajo la lupa de los datos

En la inauguración, la gobernadora sostuvo que Aguascalientes está entre las tres entidades más seguras del país y que la estrategia Blindaje Aguascalientes, con sus ejes de prevención, inteligencia, tecnología, coordinación y fortalecimiento de las corporaciones, ha reducido la incidencia delictiva en más de 29%. La cifra ya había aparecido en su Cuarto Informe de Gobierno, a inicios de octubre, junto con una baja de más de 54% en homicidios dolosos y un aumento de más de 31% en la percepción de seguridad.

Lo que no he encontrado en fuentes públicas es la metodología de ese 29%: el periodo comparado, si habla de carpetas, de víctimas o de delitos estimados, qué delitos entran y si cubre todo el estado. Sin eso no se puede reproducir ni refutar. Es una afirmación oficial, no una cifra verificada.

Lo que sí se puede contrastar apunta en la misma dirección, con matices. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, que mide la victimización de 2025 y la percepción de febrero a abril de 2026, ubica a Aguascalientes en tercer lugar entre los estados con menor percepción de inseguridad: 41.0%, detrás de Coahuila (27.8%) y Yucatán (35.5%). La tasa de víctimas bajó de 29,473 a 24,846 por cada 100 mil adultos (15.7% menos), aunque sigue por encima de la nacional, de 23,473. La tasa de delitos, en cambio, pasó de 33,960 a 31,765 por cada 100 mil: una baja de 6.5% que, según un análisis publicado por elreporterodigital.com, no es estadísticamente significativa. Esa cifra queda lejos del 29%, pero mide otra cosa en otro periodo.

Los registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), según reportes de prensa del primer semestre de 2026, muestran 26 carpetas por homicidio doloso contra 66 en el mismo periodo de 2025, y una baja de 6.3% en robos, con aumentos en algunas modalidades como robo en transporte público individual. Son datos secundarios; conviene contrastarlos con la base oficial.

Hay una diferencia que suele perderse. Menos carpetas pueden significar menos delitos, o menos denuncias, o ambas cosas. Y una reducción en ciertos delitos no equivale a una mejora general de la seguridad.

El crimen cambia y las instituciones tienen que ponerse al día

Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, destacó en la inauguración la importancia de compartir experiencias frente a la transformación constante de las actividades criminales. No hay registro público de propuestas concretas de su delegación; conviene no atribuirle más.

El programa que el fiscal Manuel Alonso García adelantó semanas antes sí da pistas del terreno: inteligencia artificial applied a la investigación, análisis forense de drones, ciberseguridad, logística criminal, política criminal y derecho penal, con énfasis en fraudes digitales, extorsión y ciberdelincuencia. Una crónica local añade que el magistrado morelense Jesús Martínez Garnelo abrió las ponencias principales; falta el programa oficial completo para confirmar el resto.

El tema no es abstracto. La ENVIPE ubica al fraude como el delito más frecuente en Aguascalientes, y LJA.MX contó 1,310 carpetas por fraude en el primer semestre de 2026 a partir de datos del SESNSP, un promedio de más de siete diarias. El propio fiscal ha reconocido el aumento de los fraudes digitales y anunció una unidad especializada. Esa unidad se juzgará por lo que investigue y resuelva, no por existir.

Aquí la coordinación pesa. Un fraude digital, una extorsión desde otro estado o un movimiento de dinero que cruza fronteras no se resuelven con una patrulla. Piden peritos, analistas financieros, fiscales que sepan armar un caso y jueces que entiendan la prueba digital. Lo que el estado no puede hacer es presumir presencia de organizaciones criminales o su tamaño sin evidencia; este reportaje no lo afirma.

Cooperar sin perder de vista la soberanía

La cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, destacó la cooperación bilateral contra organizaciones criminales transnacionales, con respeto a la soberanía de ambos países. Según una nota de Yahoo Noticias, dijo que en Aguascalientes esa colaboración ha dado resultados concretos. En las fuentes que revisé no se enumeran cuáles, quién los documenta ni en qué periodo. Es una pregunta abierta para la Fiscalía y para el consulado.

Conviene no mezclar planos. La cooperación entre México y Estados Unidos descansa en instrumentos federales: el tratado de extradición de 1978, el de asistencia jurídica mutua, las convenciones de Viena (1988) y de Palermo, y desde septiembre de 2025 el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Este último se apoya en cuatro principios (soberanía e integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación) y tiene un Grupo de Implementación de Seguridad que se ha reunido varias veces. En enero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó avances en intercambio de información aduanera y cooperación judicial, y el traslado de 37 personas a Estados Unidos. En junio se instaló un Grupo Bilateral de Implementación.

Un foro estatal no forma parte de ese entramado. La Constitución reserva la política exterior a la Federación y prohíbe a los estados celebrar tratados con potencias extranjeras (artículo 117). Lo que sí puede hacer una fiscalía estatal es capacitarse, intercambiar experiencias y atender requerimientos por las vías que fijan la FGR, la cancillería y los tratados. Una declaración diplomática amable no es un convenio, y un curso no es un acuerdo operativo.

Seguridad no es solamente policía: también es justicia

El artículo 21 constitucional distribuye las piezas: la seguridad pública es una función compartida entre Federación, estados y municipios; la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su conducción; y todo ello debe regirse por la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos. Las policías preventivas evitan; las de investigación y las fiscalías reúnen pruebas y acusan; el Poder Judicial decide; los centros penitenciarios ejecutan las sanciones; las instituciones de atención a víctimas y los organismos de derechos humanos vigilan que nada de esto se haga a costa de las personas.

Los artículos 16, 17 y 20 ponen los límites. Nadie puede ser detenido sin orden judicial, salvo flagrancia o caso urgente. La justicia debe ser pronta, completa e imparcial. El proceso penal es acusatorio, con presunción de inocencia, derecho a defensa y derechos específicos para víctimas y testigos, y las confesiones obtenidas con coacción no valen. La tortura está prohibida.

Esto importa porque una estrategia de seguridad puede mostrar detenciones y aun así fracasar en el juicio. Una detención no es una sentencia, y una carpeta no es una condena. Si las pruebas se obtienen mal, el caso se cae y la víctima se queda sin justicia.

Un matiz institucional: durante la ceremonia, el fiscal entregó un reconocimiento a la gobernadora por su respaldo a las labores de seguridad. Es un gesto protocolario común. También es una oportunidad para recordar que la persecución del delito exige independencia técnica, y que el respaldo político no sustituye la rendición de cuentas.

Capacitación y profesionalización: más allá de los cursos

El gobierno estatal presume 1,213 policías egresados de la Universidad de la Policía, 535 patrullas nuevas y un aumento superior a 185% en inversión de equipamiento policial, además de mejoras salariales, bonos, vivienda y becas. La rectora de esa universidad, Cecilia Pacheco Rangel, estuvo en la inauguración. Son insumos; el foro apunta al otro lado de la ecuación, la formación.

Un curso, por bueno que sea, no demuestra una mejora. Para saber si la capacitación sirve habría que medir lo que ocurre después: cuántas carpetas de fraude digital llegan a judicialización, en cuánto tiempo; cuántas detenciones se sostienen ante un juez; cuántas quejas por uso de la fuerza o por detenciones arbitrarias se registran y cómo se resuelven; qué tan bien se atiende a las víctimas en la primera hora; cuántos elementos aprueban y mantienen la certificación y los controles de confianza. Y también las condiciones laborales, porque una policía mal pagada y agotada aprende menos y se corrompe más fácil.

Hoy no encontré indicadores públicos que enlacen capacitación y desempeño en Aguascalientes. Eso no prueba que no existan. Prueba que no están al alcance de quien quiera revisarlos.

La confianza ciudadana como prueba cotidiana

El rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, planteó que la posibilidad de vivir sin miedo y de ejercer derechos depende de instituciones capaces de proteger y de que las personas actúen conforme a la ley. La confianza, dijo en esencia, se construye en la respuesta diaria a la gente.

Ahí los datos son mixtos. La ENVIPE 2026 muestra que la cifra negra en Aguascalientes bajó de 92.5% a 88.4% entre 2024 y 2025, mejor que la nacional (93.4%). Aun así, de cada cien delitos estimados en 2025 solo 13.7 se denunciaron y 11.6 abrieron carpeta. Nueve de cada diez delitos no entran al sistema. La percepción de inseguridad en la capital, según la ENSU, fue de 39.8% en junio y de 35.5% en septiembre de 2026 (frente a 58.1% en el agregado urbano nacional); en la primera medición el cambio respecto a marzo no fue estadísticamente significativo.

Percepción e incidencia no son lo mismo. Una persona puede sentirse segura y haber sufrido un fraude que nunca denunció, o sentirse insegura sin haber sido víctima. Por eso una entidad puede bajar en ciertos delitos y seguir con problemas de denuncia, trato a víctimas o impunidad. La ENSU de finales de 2024 ya registraba que 36.7% de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad en la capital reportó haber vivido corrupción. No encontré en esta revisión las cifras 2026 de confianza en la policía estatal y en la fiscalía de Aguascalientes; el gobierno ha citado en el pasado niveles altos (73.4% en la ENVIPE 2023), pero ese dato tiene tres años. A escala nacional, 40.3% desconfía de la policía estatal, según México Evalúa con datos de la ENVIPE 2026.

La universidad y el conocimiento especializado

La UAA fue sede, no organizadora. Su rector subrayó que la institución busca ser espacio de encuentro entre académicos, estudiantes y profesionales de la seguridad, y confió en que las discusiones repercutan en el trabajo diario de las corporaciones. Es una intención. No he localizado convenios, proyectos de investigación o programas conjuntos firmados a raíz del foro, y no corresponde atribuírselos.

La oportunidad existe. Evaluar políticas de seguridad con rigor requiere a quienes sepan de criminología, derecho, estadística y ciencias sociales, y a una fiscalía y una secretaría dispuestas a abrir sus datos. Una universidad puede ser el lugar donde se revisen, de forma independiente, cifras como el 29%.

Del foro a las instituciones

El foro termina mañana. Lo que cuente será lo que sobreviva después: protocolos que cambien, capacitaciones que se repitan, mecanismos de cooperación con responsables y fechas, y una memoria pública.

Hay preguntas concretas que las autoridades pueden responder. Qué conocimientos se incorporarán a los protocolos de la Fiscalía y las policías. Qué institución dará seguimiento a las propuestas. Si habrá cursos posteriores y para cuántas personas. Qué indicadores medirán la mejora y cuándo se publicarán. Si se publicarán las memorias y conclusiones del foro. Y cómo conocerá la ciudadanía los resultados.

El criterio es simple. Un foro de seguridad y justicia se evalúa por lo que cambia después en las investigaciones, en el debido proceso y en la atención a víctimas. Si esa información no se hace pública, quedará una pendiente de transparencia, y la cifra de los países y los asistentes servirá de poco.