Aguascalientes pone a la familia en el centro: ¿qué significa y cómo se mide?

Un reconocimiento nacional abrió una pregunta que va más allá del discurso: ¿cómo viven realmente las familias hidrocálidas y qué está haciendo el gobierno para mejorar su bienestar?

Son las siete de la mañana en cualquier colonia de la capital. Alguien calienta café mientras otra persona busca las llaves, un niño no encuentra el zapato izquierdo y alguien más revisa, a la carrera, si alcanza el camión o si hoy también tocará dejar a los abuelos con la vecina antes de ir a trabajar. Es un ejemplo hipotético, pero no es difícil de imaginar: en algún punto de Aguascalientes, esa escena -o una parecida- ocurre todos los días en cientos de miles de hogares. Detrás de cada una hay decisiones, tensiones, afectos y, casi siempre, una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿qué necesita esta familia para vivir mejor?

Esa pregunta es, en el fondo, la que debería responder cualquier política pública que diga tener a las familias «en el centro». El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de la Familia del Estado de Aguascalientes (SEFAM) recibió un reconocimiento durante el 6.º Encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles, organizado por el Instituto de Análisis de Políticas Familiares (IAPF) en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La distinción, dijo la secretaria de la Familia, Norma Adela Guel Saldívar, «nos impulsa a seguir trabajando por las familias de Aguascalientes».

Es una buena noticia institucional. Pero también es apenas la puerta de entrada a una pregunta mucho más grande: ¿qué significa, en los hechos, construir políticas públicas centradas en las familias? ¿Y cómo puede saberse si esas políticas de verdad producen bienestar, y no solo actividades, discursos o fotografías de entrega de reconocimientos?

Este reportaje intenta responder eso.

El reconocimiento que abre una pregunta

El 6.º Encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles reunió a especialistas, funcionarios municipales y estatales, y representantes de organismos internacionales para discutir buenas prácticas en política familiar. Entre los asistentes estuvo Renata Kaczmarska, directora de la Unidad de Familia del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Lorena Villavicencio, representante del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). El encuentro fue convocado por el IAPF, con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) también vinculada a la iniciativa «Ciudades Familiarmente Sostenibles».

Aguascalientes no fue la única entidad reconocida ese mes: días antes, la capital de San Luis Potosí recibió una distinción similar por su propio trabajo municipal, con acciones como la instalación de un Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y un primer diagnóstico de dinámica familiar. Es un dato importante para no perder la perspectiva: el reconocimiento no coloca a Aguascalientes en un primer lugar nacional ni lo declara «el mejor estado para las familias». Es, más bien, un sello de participación y buena evaluación dentro de una red de gobiernos que han adoptado -con distintos grados de profundidad- el enfoque de «ciudad familiarmente sostenible».

No se encontró información pública suficiente para determinar con precisión los criterios cuantitativos, la metodología de evaluación o el documento técnico con el que el IAPF calificó el desempeño de Aguascalientes frente a otras ciudades participantes. Lo que sí es públicamente identificable es la filosofía general del modelo, explicada en otras intervenciones del director general del IAPF, Juan Antonio López Baljarg: se trata de un enfoque que busca «trabajar de la puerta hacia adentro, es decir, al interior de las familias», anticipándose a problemas como el delito, la deserción escolar o las enfermedades antes de que se agraven, inspirado en experiencias europeas como las de Venecia, Marsella y Valencia, y alineado -según el propio Instituto- con recomendaciones de la ONU en la materia. El IAPF también ha hablado de «tres tipos de pobreza» que busca atender: la económica, la de tiempo y la de afecto, esta última derivada de jornadas laborales largas que alejan a padres y madres de sus hijos.

Es una idea atractiva. También es, todavía, difícil de verificar con datos duros publicados: no hay, al menos de forma pública y accesible, un ranking con puntajes comparables entre las ciudades reconocidas, ni un informe de evaluación de resultados posterior a la entrega de la distinción. Eso no invalida el reconocimiento, pero sí obliga a tratarlo como lo que es: un incentivo institucional para adoptar cierto enfoque de gobierno, no una medición de impacto.

Así son las familias de Aguascalientes, en cifras

Antes de hablar de programas, vale la pena preguntar algo más básico: ¿cómo es, realmente, una familia en Aguascalientes hoy?

De entrada, no hay una sola respuesta. El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 1,425,607 habitantes en el estado, de los cuales 51.1% son mujeres y 48.9% hombres, con una edad mediana de 27 años. Aguascalientes tenía entonces 386,445 viviendas particulares habitadas -el doble que veinte años antes- y un promedio de 3.7 ocupantes por vivienda, cifra que ha ido a la baja de forma constante: era de 4.7 en el año 2000 y de 4.1 en 2010. Tres de cada diez hogares (30%) tienen jefatura femenina, un dato que por sí solo desmiente cualquier idea de que existe un único modelo de familia «normal» en la entidad.

Esa diversidad se confirma también en los datos nacionales que desagregan tipos de hogar: junto a los hogares nucleares (una pareja con o sin hijos, o un progenitor con hijos) conviven hogares ampliados, en los que se suman abuelos, tíos o nietos; hogares unipersonales, donde vive una sola persona -con frecuencia adultos mayores-; hogares compuestos, con integrantes sin parentesco; y arreglos monoparentales, generalmente encabezados por mujeres. El tamaño promedio de los hogares familiares en Aguascalientes fue de 4.0 personas en el censo de 2020, por encima de la media nacional (3.9), lo que sugiere hogares algo más numerosos que el promedio del país, aun en un contexto de reducción sostenida.

Dos fenómenos demográficos merecen atención especial porque van a redefinir, en la próxima década, qué tipo de apoyos necesitan las familias hidrocálidas.

El primero es el envejecimiento. Aguascalientes fue históricamente un estado de población joven, pero eso está cambiando con rapidez: de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2026 viven en el estado alrededor de 181,662 personas de 60 años o más, cerca del 12% de la población total, una proporción que ha crecido de forma acelerada en los últimos años y que, según distintas estimaciones demográficas, podría multiplicarse varias veces hacia 2050. Eso significa, en términos muy concretos, que cada vez más hogares tendrán que asumir el cuidado de un padre, una madre o un abuelo durante periodos prolongados, muchas veces sin apoyo institucional suficiente.

El segundo es la inestabilidad conyugal. Aguascalientes fue en 2023 la tercera entidad del país con la tasa de divorcios más alta -3.4 por cada mil habitantes mayores de edad, solo detrás de Campeche y Nuevo León, y muy por encima de la media nacional de 1.8-, y la cuarta con mayor relación divorcios-matrimonios: 52.2 divorcios por cada 100 matrimonios celebrados, frente a un promedio nacional de 32.6. Es un dato que conviene leer con cuidado -un divorcio no es necesariamente un fracaso ni una tragedia, y puede ser también la salida a una relación dañina-, pero que sí describe una realidad: la familia hidrocálida contemporánea es, con frecuencia, una familia que se rehace, se reorganiza o se reconstituye a lo largo de la vida de sus integrantes, no un bloque estático.

Los problemas que enfrentan los hogares

Ningún hogar enfrenta todos los problemas a la vez, y sería un error de bulto sugerir lo contrario. Pero los datos disponibles sí permiten identificar cuáles son los factores de vulnerabilidad con mayor peso relativo en Aguascalientes.

• Pobreza y carencias sociales. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza en Aguascalientes bajó de 27.6% a 23.7% de la población entre 2020 y 2022 -de 396,500 a 352,000 personas-, y la pobreza extrema pasó de 2.4% a 1.8% en el mismo periodo. Es una mejora real. Pero el mismo estudio detectó retrocesos en otros indicadores: el rezago educativo aumentó de 15.7% a 16.5% (de 224,000 a 244,000 personas), y la población sin acceso a servicios de salud pasó de 290,000 a 388,000 habitantes entre 2020 y 2022, uno de los incrementos más marcados del periodo. El informe de CONEVAL de 2023 detalló además una fuerte brecha territorial: en el municipio capital, 38.5% de la población no es pobre ni vulnerable, mientras que en Calvillo esa proporción cae a apenas 10%.
• Violencia familiar. Este es, probablemente, el dato más duro del reportaje, y el que más contrasta con la imagen de «familia como refugio seguro». De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Aguascalientes se ubicó en 2025 en el quinto lugar nacional por tasa de llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia familiar, con 15,808 reportes entre enero y noviembre de ese año. En la primera mitad de 2026, la entidad acumuló 8,466 llamadas al 911 por este motivo -el 3.1% del total nacional en un estado que apenas representa 1.13% de la población del país-, con una tasa de 540 llamadas por cada 100,000 habitantes, más de dos veces y media el promedio nacional. Solo el 13.3% de esas llamadas derivó en una carpeta de investigación formal ante la Fiscalía General del Estado. En 2025, la violencia familiar encabezó las denuncias formales por delitos contra la familia con 2,719 casos, un promedio de más de 200 querellas al mes. El propio SESNSP aclara que las llamadas al 911 no equivalen a denuncias: son reportes de un posible incidente, no una confirmación judicial de que ocurrió. Aun así, la brecha entre llamadas y denuncias formales -una de cada ocho, aproximadamente- sugiere que buena parte de la violencia familiar en el estado permanece fuera del sistema de justicia.
• Trabajo, cuidados y desigualdad de tiempo. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI muestra que las mujeres de Aguascalientes dedican, en promedio, entre 41 y 50 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a entre 19 y 23 horas de los hombres -una brecha de aproximadamente el doble-, ligeramente superior al promedio nacional. Al mismo tiempo, ellas participan menos en el mercado laboral remunerado: los hombres del estado trabajan en promedio 49.8 horas semanales de forma remunerada, frente a 46.8 de las mujeres. Más de la mitad de las mujeres encuestadas (53.6%) dijo que le gustaría trabajar menos y dedicar más tiempo al cuidado de su hogar, y un porcentaje similar de hombres (59%) expresó lo mismo. Es un dato que humaniza la estadística: no se trata solo de una brecha de género en abstracto, sino de personas que sienten que no tienen tiempo suficiente para las relaciones que más les importan.

No se encontró información pública oficial y desagregada por estado sobre prevalencia de depresión, ansiedad o adicciones en Aguascalientes que permita afirmar con precisión cuál es la magnitud del problema de salud mental en los hogares hidrocálidos; se trata de un área donde la información pública disponible es más limitada que en violencia o pobreza, lo cual, en sí mismo, es parte de la historia: es difícil diseñar política pública sobre un problema que no se mide con la misma frecuencia que otros.

Familia y economía: lo material también es familiar

Una idea que suele perderse en el discurso institucional es que la convivencia familiar no ocurre en el vacío: ocurre sobre una base material -ingreso, vivienda, transporte, acceso a servicios- que condiciona qué tan posible es, en la práctica, «fortalecer los vínculos familiares».

Los datos de CONEVAL ya mencionados -el aumento de personas sin acceso a servicios de salud, el rezago educativo persistente, la brecha entre el municipio capital y zonas como Calvillo o El Llano (donde la pobreza llegó a 66.2% en algún momento del periodo analizado y bajó a 40.6% más recientemente)- son, en el fondo, indicadores de la capacidad real que tienen los hogares para sostenerse. Un programa de talleres de comunicación familiar puede ser valioso, pero difícilmente compensa una carencia de acceso a servicios de salud que afecta a casi 400,000 personas en el estado.

La informalidad laboral y los traslados largos también entran en esta ecuación. El propio IAPF ha señalado, en otros contextos, que algunas personas destinan hasta 800 horas al año -el equivalente a un mes completo- solo para trasladarse a su trabajo, un tiempo que se resta directamente de la vida familiar. En Aguascalientes, la ENUT 2024 registró un promedio de entre 4.4 y 4.7 horas semanales de traslados, cifra que, aunque menor a la de otras entidades, sigue representando casi una jornada laboral completa al mes solo en transporte.

De los programas a las políticas públicas: qué hace SEFAM

La Secretaría de la Familia de Aguascalientes es una dependencia relativamente joven dentro del organigrama estatal -su Reglamento Interior se publicó apenas el 21 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado- y opera con un presupuesto modesto en comparación con otras secretarías: para el ejercicio fiscal 2026 tiene asignados 28,487,239 pesos, una reducción de 1.02% respecto a los 28,782,133 pesos de 2025. Es, en el conjunto del gasto estatal -que para 2026 ronda los 8,887 millones de pesos entre las 20 dependencias del ramo administrativo-, una fracción muy pequeña del presupuesto público. La propia dependencia estima que en el estado existen alrededor de 400,000 familias, lo que da una idea de la magnitud del universo que, en teoría, debería atender.

La estrategia institucional de SEFAM se organiza en cinco programas y acciones principales:

• CAOFAM. Son centros especializados de orientación y apoyo directo a los núcleos familiares que lo solicitan. No se encontró información pública que detalle con precisión el número de familias atendidas, la cobertura territorial exacta por municipio ni evaluaciones de resultado -a diferencia de actividad- sobre este programa.
• Familias Gigantes. Se presenta como una estrategia para potenciar el desarrollo integral y la participación activa de los integrantes de la familia. Tampoco se encontraron cifras públicas de cobertura o resultados medibles más allá de la descripción general del programa.
• Familias Reintegra. Enfocado en la reconstrucción y armonización de vínculos afectivos dentro del hogar, presumiblemente dirigido a familias en situación de ruptura o conflicto. No hay datos públicos disponibles sobre número de casos atendidos ni tasa de éxito de las intervenciones.
• Mi Boda Gigante. Este es el programa con mayor evidencia pública de cobertura: se trata de bodas colectivas gratuitas -con exención total del costo del trámite matrimonial, análisis clínicos prenupciales gratuitos en el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) y cursos prematrimoniales en línea- dirigidas prioritariamente a parejas en unión libre que ya tienen hijas o hijos en común, o que esperan un bebé, para que regularicen su situación civil. En la edición de febrero de 2025, más de 300 parejas se casaron en un solo evento colectivo. Es un programa con un objetivo explícito de dar certeza jurídica a los hijos de esas parejas, más allá de la ceremonia en sí.
• Jornadas Construyendo Gigantes. Descritas como jornadas de proximidad social que llevan herramientas de comunicación y asesoría a distintas comunidades del estado. No se encontró información pública sobre el número de jornadas realizadas en 2025-2026 ni sobre cuántas personas han sido atendidas a través de ellas.

Para 2026, SEFAM ha anunciado la intención de reforzar su red de atención psicológica y de prevención en más colonias, ante lo que la propia dependencia describe como una demanda creciente de apoyo en temas de comunicación, crianza, violencia y dinámica familiar. Es un objetivo razonable frente a los datos de violencia familiar y desigualdad en el uso del tiempo ya descritos, pero, de nuevo, no hay todavía indicadores públicos que permitan verificar si esa expansión se está cumpliendo ni con qué resultados.

Actividades, resultados e impacto: la pregunta que falta responder

Aquí está, probablemente, el punto más importante de este reportaje. Existe una diferencia enorme entre tres cosas que con frecuencia se presentan como si fueran lo mismo:

• Una actividad: Algo que se hizo: «se realizaron tantos talleres», «se casaron 300 parejas», «se atendió a tantas familias en un centro».
• Un resultado: Un cambio verificable en las personas atendidas: «el porcentaje de participantes que reportó mejor comunicación familiar aumentó», «disminuyeron las llamadas de auxilio en las colonias donde operó el programa».
• Un impacto: Una transformación sostenida en el tiempo: «la violencia familiar bajó de forma duradera en el estado», «la brecha de cuidados entre hombres y mujeres se redujo estructuralmente».

Con la información pública disponible al momento de este reportaje, lo que puede documentarse de SEFAM son sobre todo actividades: nombres de programas, una cifra puntual de parejas casadas en un evento, un presupuesto anual y declaraciones institucionales sobre objetivos. No se encontró información pública suficiente para determinar cuántas familias únicas han sido atendidas por CAOFAM, Familias Gigantes o Familias Reintegra; cuántas de esas personas repiten como usuarias frente a cuántas reciben una atención única; ni evaluaciones externas o indicadores de resultado que muestren si, tras pasar por estos programas, las familias participantes reportan mejoras medibles en comunicación, reducción de conflicto o bienestar.

Esto no equivale a decir que los programas no funcionen: equivale a decir que, con la información pública actual, no puede afirmarse que funcionen con la evidencia que un lector exigente necesitaría. Es exactamente el tipo de vacío que una política pública «centrada en las familias» debería empezar a cerrar, sobre todo si aspira a mantenerse como referente nacional.

Cuidados, corresponsabilidad y la carga invisible

Si hay un tema donde la brecha entre discurso y datos es más visible, es el de los cuidados. Los números de la ENUT 2024 ya citados -41 a 50 horas semanales de trabajo no remunerado para las mujeres, frente a 19 a 23 para los hombres- no describen un problema de «mala organización familiar»: describen una estructura social en la que el cuidado de niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, casi sin importar si también tienen un empleo remunerado.

El concepto de corresponsabilidad familiar -la idea de que cuidar no debería ser tarea de una sola persona ni de un solo género, sino una responsabilidad compartida entre los integrantes del hogar, y también entre las familias y las instituciones públicas- es, en ese sentido, más que un eslogan: es una hipótesis de trabajo que cualquier política familiar seria tendría que poner a prueba con indicadores concretos. Nada en la información pública revisada para este reportaje sugiere que SEFAM tenga, hasta ahora, un programa específico dirigido a modificar esa distribución desigual del tiempo de cuidados, más allá de la atención psicológica general.

Cuando la familia también necesita protección frente a la violencia

Uno de los errores más frecuentes al hablar de política familiar es asumir que la familia es, por definición, un espacio seguro. Los datos de Aguascalientes muestran lo contrario con claridad: el estado se ha mantenido de forma consistente, año tras año desde al menos 2021 hasta 2026, entre los primeros diez lugares nacionales en llamadas al 911 por violencia familiar y violencia de pareja, muy por encima del promedio del país.

Esto no significa que la mayoría de las familias hidrocálidas vivan violencia -no la viven-, pero sí que una política pública que hable de «fortalecer los vínculos familiares» sin mencionar explícitamente la prevención, detección y atención de la violencia dentro del hogar estaría dejando fuera uno de los problemas mejor documentados que enfrentan las familias del estado. La brecha entre llamadas de auxilio (más de 15,000 en 2025) y carpetas de investigación (poco más de 2,500, el 13.3%) es, en sí misma, una historia: sugiere que muchas personas piden ayuda en el momento de crisis, pero el sistema institucional no logra traducir esa llamada en una intervención formal y sostenida.

Derechos: la familia no está por encima de sus integrantes

El marco jurídico mexicano -desde la Constitución hasta la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pasando por los tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado- parte de un principio que conviene tener presente: los derechos son individuales. Una niña, un niño, una mujer, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad no pierden sus derechos por formar parte de una familia; al contrario, el Estado tiene la obligación de protegerlos incluso -y especialmente- cuando el riesgo proviene de dentro del propio hogar.

Cualquier política familiar que, en la práctica, priorice «mantener unida a la familia» por encima de la seguridad o los derechos de alguno de sus integrantes estaría contradiciendo ese marco jurídico. No hay evidencia pública de que SEFAM opere bajo ese enfoque equivocado; pero tampoco hay, hasta ahora, comunicación pública explícita sobre cómo sus programas -en particular Familias Reintegra, que por su nombre sugiere reconciliación de vínculos- distinguen entre conflictos familiares que pueden resolverse con acompañamiento y situaciones de violencia donde la prioridad debe ser la protección, no la reconciliación.

Territorio: no todas las familias enfrentan los mismos problemas

Aguascalientes tiene once municipios (más un decimosegundo, Villa Juárez, que se incorporó formalmente en agosto de 2026), y las diferencias entre ellos son notables. El municipio capital concentra a la gran mayoría de la población no pobre ni vulnerable del estado -38.5% de su propia población, frente a apenas 10% en Calvillo-. El municipio de El Llano ha tenido, en distintos años, algunos de los porcentajes de pobreza más altos de la entidad. Esto plantea una pregunta que la información pública no permite responder con precisión: ¿los programas de SEFAM llegan de forma proporcional a estos municipios con mayor rezago, o se concentran, como ocurre con frecuencia en la oferta pública e institucional, en la zona metropolitana de la capital? No se encontró información pública desagregada por municipio sobre la cobertura de CAOFAM, Familias Gigantes o las Jornadas Construyendo Gigantes que permita responder esta pregunta con evidencia.

Los retos que permanecen

De todo lo anterior se desprende una lista de pendientes que no depende solo de la voluntad política, sino de la disponibilidad de información y de la articulación entre instituciones:

• Medir resultados, no solo actividades. Publicar indicadores de seguimiento -no solo el nombre de los programas- permitiría distinguir entre lo que SEFAM hace y lo que SEFAM logra.
• Cerrar la brecha entre llamadas de auxilio y atención formal en materia de violencia familiar, Un problema que rebasa a cualquier secretaría por sí sola y exige coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y los municipios.
• Atender la desigualdad en el uso del tiempo, Con políticas específicas de corresponsabilidad de cuidados -guarderías, horarios flexibles, licencias de cuidado- y no solo con talleres de orientación.
• Prepararse para el envejecimiento acelerado de la población, Con servicios de cuidado a largo plazo que hoy son escasos frente a una población de adultos mayores que crece más rápido que en la mayoría de los estados del país.
• Garantizar cobertura territorial equitativa, De forma que los municipios con mayor pobreza -no solo la capital- reciban una proporción comparable de la atención institucional.
• Publicar información desagregada y verificable sobre beneficiarios, presupuesto por programa y evaluaciones externas, Condición mínima para que un reconocimiento como el recibido en septiembre de 2026 pueda sostenerse con evidencia, y no solo con narrativa institucional.

¿Qué debería significar una política familiar para los próximos años?

El reconocimiento que Aguascalientes recibió en septiembre de 2026 es una buena noticia en la medida en que reconoce un esfuerzo institucional genuino: la creación de una secretaría dedicada a las familias, programas con nombre y presupuesto propio, y un discurso público que, al menos en la intención, busca colocar a los hogares en el centro de las decisiones.

Pero una ciudad -o un estado- verdaderamente familiarmente sostenible no se define por el número de reconocimientos que recibe, sino por su capacidad de responder, con evidencia, preguntas incómodas: ¿bajó la violencia familiar donde intervino el programa? ¿Se redujo la brecha de cuidados entre hombres y mujeres? ¿Llegaron los apoyos a los municipios con más pobreza, o se concentraron en la capital? ¿Cuántas familias fueron atendidas una sola vez, y cuántas encontraron un acompañamiento sostenido que de verdad cambió su situación?

Detrás de cada uno de esos datos hay, de nuevo, una mesa, una casa, un trabajo, una escuela, un adulto mayor que necesita cuidado y alguien que se lo da, casi siempre sin que nadie lleve la cuenta de las horas que eso cuesta. La pregunta final, la que debería guiar la política familiar de Aguascalientes en los próximos años, no es si merece o no el siguiente reconocimiento. Es si, dentro de cinco años, con datos verificables sobre la mesa, las familias hidrocálidas pueden decir que están viviendo mejor.

Preguntas frecuentes

¿Qué reconocimiento recibió Aguascalientes? La Secretaría de la Familia (SEFAM) recibió una distinción durante el 6.º Encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles, el 12 de septiembre de 2026, por su trabajo institucional a favor de las familias.

¿Quién lo otorgó? El encuentro fue organizado por el Instituto de Análisis de Políticas Familiares (IAPF), con la participación de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y representantes de la ONU y del Sipinna Nacional.

¿Qué significa una «ciudad familiarmente sostenible»? Es un modelo de gobierno que busca incorporar el bienestar familiar como eje transversal de las políticas públicas municipales y estatales, inspirado en experiencias internacionales. No existe, de forma pública, un ranking o metodología de puntuación detallada que permita comparar cuantitativamente a las ciudades reconocidas.

¿Qué hace la Secretaría de la Familia de Aguascalientes? Opera cinco programas principales -CAOFAM, Familias Gigantes, Familias Reintegra, Mi Boda Gigante y las Jornadas Construyendo Gigantes- con un presupuesto de 28.5 millones de pesos para 2026.

¿Quién puede acceder a los programas de SEFAM? En general, están dirigidos a las familias del estado que buscan orientación, acompañamiento o apoyo en distintas etapas de su vida; los requisitos específicos varían por programa y deben confirmarse en fuentes oficiales.

¿Dónde puede pedir apoyo una familia en situación de crisis? Puede acudir a SEFAM, al DIF Estatal, al Instituto Municipal de las Mujeres o llamar al 911 en caso de violencia en curso.

¿Cómo se mide el impacto de una política familiar? Distinguiendo entre actividades (lo que se hace), resultados (el cambio verificable en las personas atendidas) e impacto (una transformación sostenida). Con la información pública disponible, los programas de SEFAM cuentan con evidencia de actividad, pero no con evaluaciones públicas de resultado o impacto.

¿Aguascalientes es el mejor estado para las familias? No hay evidencia pública que respalde esa afirmación. El reconocimiento recibido valora un esfuerzo institucional, no establece una comparación cuantitativa entre estados.