Cuando la policía aprende afuera: el reto de convertir una capacitación internacional en seguridad para Aguascalientes

Grupos de la Policía Estatal viajaron a Colombia para capacitarse en tácticas de alto riesgo, seguridad vial y seguridad turística. El verdadero desafío no fue subirse al avión, sino lo que ocurre después: convertir ese aprendizaje en protocolos, evaluación y resultados verificables para la ciudadanía.

Mandar a policías a capacitarse al extranjero puede producir una fotografía institucional. Convertir ese aprendizaje en mejores investigaciones, prevención y confianza ciudadana requiere algo mucho más difícil: transferir el conocimiento a toda la corporación y medir sus resultados.

Eso es lo que está en juego detrás de dos episodios recientes de cooperación policial entre Aguascalientes y Colombia. En diciembre de 2024, un grupo de integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Estatal viajó a Colombia, invitado por la Policía Nacional de ese país, para tomar un seminario de interdicción impartido por los Comandos Jungla, la unidad antinarcóticos de élite de esa institución. En paralelo, 23 elementos participaron en un congreso internacional de seguridad turística y 13 de ellos, además, visitaron la Escuela de Seguridad Vial de la policía colombiana. Ocho meses después, en agosto de 2025, otro contingente de la División Carreteras viajó a Medellín para un encuentro internacional centrado en investigación, negociación y tecnología aplicada a la seguridad pública.

Ambos episodios fueron anunciados por el Gobierno del Estado como un logro de profesionalización. La pregunta periodística que queda pendiente es otra: ¿qué pasa con ese conocimiento cuando el curso termina y los policías regresan a Aguascalientes?

¿Por qué Colombia?

Colombia no es un destino casual para la formación policial. Décadas de conflicto armado interno y de lucha contra el narcotráfico obligaron a la Policía Nacional de ese país a desarrollar capacidades especializadas en interdicción, operaciones de alto riesgo, inteligencia criminal y, más recientemente, seguridad vial y turística. Una de sus unidades, los Comandos Jungla, adscrita a la Dirección de Antinarcóticos, se formó originalmente con apoyo de fuerzas especiales de otros países dentro del Plan Colombia, y desde entonces recibe a integrantes de fuerzas de seguridad de más de una decena de países que buscan ese mismo tipo de entrenamiento. Es, en otras palabras, un centro de formación con demanda internacional específica: no enseña seguridad pública en general, sino un conjunto de destrezas tácticas ligadas al combate al crimen organizado en entornos rurales y urbanos de alto riesgo.

Ese dato importa para entender lo que Aguascalientes fue a buscar. El seminario en el que participó el Gopes no fue un curso genérico de «seguridad», sino una capacitación en interdicción: operaciones de asalto, combate cercano, defensa personal, infiltración nocturna, manejo de armas, cartografía militar, camuflaje, primeros auxilios y extracción de heridos en zonas de confrontación, lectura de mapas y comunicaciones cifradas, manejo de explosivos e inmersión subacuática, de acuerdo con lo informado por el propio Gobierno estatal. Se trata, por tanto, de un perfil de capacitación orientado a unidades tácticas especializadas, no al policía que patrulla una colonia o atiende un reporte de violencia familiar.

El segundo eje, la seguridad vial y turística, responde a una lógica distinta: Aguascalientes recibe flujos importantes de turismo de negocios y eventos masivos, y su red carretera conecta corredores comerciales relevantes del Bajío, de modo que la gestión de grandes eventos y la seguridad en carreteras son, en efecto, áreas de especialización con aplicación cotidiana más directa para el ciudadano promedio.

Lo que están aprendiendo

Con base en la información oficial disponible, la capacitación recibida por los elementos del Gopes se concentró en técnicas tácticas de intervención en situaciones de alto riesgo: asalto, combate cercano, manejo de armamento, movilidad táctica y procedimientos de rescate en zonas de confrontación. Los 23 integrantes que asistieron al Congreso Internacional de Seguridad Turística recibieron formación orientada a la protección de personas e instalaciones durante grandes eventos, un área que coincide con la agenda de eventos masivos que el estado busca posicionar. Los 13 elementos de la División Carreteras que visitaron la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional colombiana conocieron programas de formación y entrenamiento en ese rubro específico.

En la segunda etapa, en Medellín, el encuentro «Investigación, Negociación y Tecnología 2025» abordó, según lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), temas de violencia de género, investigación científica y gestión estratégica aplicada a la función policial, con énfasis en metodologías de negociación en situaciones de riesgo y uso de tecnología para la investigación.

Lo que no está documentado públicamente —y aquí es donde el comunicado se agota y comienza la pregunta periodística real— es la duración exacta en horas de cada curso, el número total de horas certificadas, si existe una constancia o certificación formal reconocida por alguna instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el costo total de cada viaje. Sobre este último punto, el Gobierno estatal precisó únicamente que el viaje de diciembre de 2024 fue cubierto por el país organizador, es decir, por Colombia, sin detallar viáticos, transporte interno u otros gastos asociados. No existe información pública sobre el presupuesto ejercido en la participación de agosto de 2025.

Profesionalizar a la policía: el marco que falta explicar

En México, la profesionalización policial no es solo una aspiración discursiva: está regulada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece un Servicio Profesional de Carrera Policial con procesos de formación inicial, actualización, especialización y evaluación de control de confianza para todos los cuerpos de seguridad del país. Bajo ese marco, la capacitación en el extranjero debería, idealmente, integrarse a un esquema más amplio de carrera policial: constancias, puntos para promoción, incorporación a los planes de estudio de las academias estatales y evaluación de desempeño posterior.

El Gobierno de Aguascalientes no ha hecho pública información que confirme si la capacitación recibida en Colombia cuenta como créditos para la carrera policial de los participantes, si genera una certificación formal o si se ha diseñado algún mecanismo de réplica hacia el resto de la corporación. En el caso de la delegación de agosto de 2025, la autoridad estatal sí mencionó como expectativa que los oficiales compartieran los conocimientos adquiridos con sus compañeros al regresar, pero no describió un programa estructurado —con manuales, sesiones de réplica obligatorias o indicadores de seguimiento— para garantizar que eso ocurra más allá de la buena voluntad de los participantes.

Del curso a la calle: la transferencia como eje central

Aquí conviene distinguir cuatro niveles que suelen confundirse en la comunicación oficial de este tipo de programas: capacitar es adquirir un conocimiento; aplicar es utilizarlo en el trabajo cotidiano; institucionalizar es incorporarlo a protocolos y procesos que sobrevivan a la rotación de personal; e impactar es producir una mejora verificable en la seguridad de la población. Un curso de dieciséis o dieciocho semanas —la duración típica reportada para la formación de Comandos Jungla— puede producir el primer nivel con facilidad. Los tres siguientes dependen enteramente de decisiones institucionales que ocurren después de que el avión aterriza en Aguascalientes, y sobre esas decisiones el Gobierno estatal no ha ofrecido, hasta ahora, evidencia pública.

La pregunta no es menor porque, según cifras del propio grupo de participantes, se trata de un número reducido de elementos: el contingente del Gopes capacitado en interdicción no fue precisado con una cifra exacta en las fuentes oficiales, mientras que los 23 asistentes al congreso de seguridad turística y los 13 de la visita a la escuela vial representan una fracción de la Policía Estatal, cuyo estado de fuerza total no fue detallado en los comunicados revisados para este reportaje. Sin un mecanismo explícito de multiplicación —capacitación a instructores, manuales internos, evaluación posterior—, el beneficio corre el riesgo de concentrarse en quienes viajaron, sin traducirse en un cambio de capacidades para el resto de la corporación.

Seguridad y derechos humanos: la otra cara de la capacitación táctica

Cuando la formación involucra técnicas de combate cercano, manejo de explosivos y operaciones de asalto —como ocurrió con el contingente del Gopes—, la profesionalización no puede medirse solo en términos de eficacia operativa. El estándar internacional de actuación policial exige que ese tipo de capacidades se ejerzan dentro de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, y que su uso esté sujeto a protocolos claros y a mecanismos de supervisión. Este reportaje no tuvo acceso —ni lo buscó, por tratarse de información sensible— a los protocolos internos de uso de la fuerza del Gopes ni a detalles operativos de sus intervenciones, y tampoco es su propósito revelarlos. Lo que sí es una pregunta legítima de política pública es si, junto con las destrezas tácticas, la capacitación en Colombia incluyó también contenidos de derechos humanos y uso racional de la fuerza, información que no aparece detallada en los comunicados oficiales disponibles.

¿Puede funcionar en Aguascalientes?

Trasladar un modelo de otro país no es automático. Colombia desarrolló sus capacidades de interdicción en un contexto de conflicto armado interno prolongado, con presencia de grupos armados organizados en zonas rurales extensas, una realidad distinta a la de Aguascalientes, un estado con una huella territorial y una dinámica delictiva diferentes. Eso no invalida el aprendizaje —las técnicas de intervención en situaciones de alto riesgo, primeros auxilios tácticos o gestión de eventos masivos son transferibles como destrezas—, pero sí exige adaptación: qué partes del modelo colombiano tienen aplicación directa en el contexto local y cuáles requieren ajustarse a un marco jurídico, operativo y social distinto es una definición que corresponde hacer a la propia SSPE, y que no ha sido explicada públicamente.

Los números que sí conocemos sobre Aguascalientes

Contextualizar esta capacitación exige mirar los datos de seguridad del estado, y no solo los favorables. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, en junio de 2025 el 42% de la población adulta de la capital del estado consideraba inseguro vivir en su ciudad, un porcentaje que subió respecto al 40% registrado en marzo del mismo año, aunque se mantiene por debajo del promedio nacional, cercano al 61-63% en las mediciones más recientes de 2025. Es decir: la percepción de inseguridad en Aguascalientes es menor que en buena parte del país, pero no es baja en términos absolutos y muestra una tendencia al alza reciente.

En el terreno de la incidencia delictiva registrada, análisis basados en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han ubicado a Aguascalientes entre las entidades con las tasas más altas de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes durante 2025, un dato que contrasta con la imagen de «una de las mejores instituciones del país» que las propias autoridades estatales han utilizado para describir a su corporación. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) 2025 del Inegi documentó un incremento en el porcentaje de hogares con al menos una víctima de delito, de 27.5% en 2023 a 29.0% en 2024, tendencia que sirve como marco de referencia para entender que la profesionalización policial —incluida la capacitación internacional— ocurre en un contexto nacional de incidencia delictiva al alza, no de mejora generalizada.

Ninguno de estos indicadores, es importante subrayarlo, puede atribuirse todavía a la capacitación recibida en Colombia: por su fecha reciente (diciembre de 2024 y agosto de 2025) y por la ausencia de evaluaciones publicadas, no existe evidencia disponible que permita medir si esos cursos ya se tradujeron en mejores tiempos de respuesta, mayor resolución de casos o cambios en la percepción ciudadana. Afirmar lo contrario sería adelantarse a los datos.

La pregunta que queda abierta

¿Cómo sabrá Aguascalientes si la capacitación internacional realmente mejoró sus capacidades policiales? Hasta ahora, la respuesta pública se ha limitado al anuncio del viaje y a declaraciones sobre su valor simbólico y de reconocimiento internacional. Para que esa pregunta tenga una respuesta verificable, la ciudadanía necesitaría conocer, entre otros indicadores: si se han reducido los tiempos de reacción en incidentes de alto riesgo atendidos por el Gopes; si mejoró la coordinación en eventos masivos tras la formación en seguridad turística; si la División Carreteras registra cambios en su desempeño de investigación tras el encuentro de Medellín; y si la percepción de confianza en la policía estatal —que la ENSU también mide junto con la percepción de inseguridad— presenta variaciones atribuibles a estas acciones. Mientras esos indicadores no se publiquen, la capacitación seguirá siendo, en términos estrictamente verificables, un insumo —no un resultado.

La capacitación internacional será verdaderamente valiosa no cuando termine el curso en Colombia, sino cuando el conocimiento aprendido pueda convertirse en mejores decisiones, mejores prácticas y mejores resultados para los ciudadanos de Aguascalientes. Eso depende de decisiones que aún no son públicas: si existe un plan de réplica, si el aprendizaje se incorpora a protocolos institucionales y si el Gobierno del estado está dispuesto, en el futuro, a medir y transparentar el impacto real de estas experiencias.