Lo dije y lo sostengo

Lo dije entonces y lo reitero ahora: el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa es una lástima y una burla para toda la nación. Al final, el gobernador por la presión terminó por solicitar de nuevo licencia.

Después de ver las pruebas referidas públicamente en torno al caso de Héctor Melesio Cuén y de Ismael “El Mayo” Zambada, después de conocer los señalamientos formulados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, después de que su propio partido y la presidenta de la República se deslindaran de su decisión, que él diga que es inocente y que va a regresar me parece un desafío a la justicia.

No estoy afirmando que Rocha Moya sea culpable. Eso no me corresponde. Lo que estoy cuestionando es que pueda regresar al ejercicio del poder como si nada hubiera ocurrido, como si los señalamientos no existieran, como si la detención de Fausto Corrales, testigo clave en el caso Cuén, apenas un día y medio antes de su regreso no hubiera encendido todas las alarmas del país.

Mi pregunta sigue siendo la misma: ¿entonces a cuál narco sirve, al de Palenque o al de Sinaloa? Porque esa decisión de regresar no es una decisión de regresar nada más. No es algo que solamente a él se le haya ocurrido. Es un desafío a todas las autoridades.

La pregunta incómoda

¿Qué quise decir realmente con esa frase?

No la utilicé como una acusación judicial. No la formulé como una sentencia. La utilicé como una herramienta retórica destinada a colocar en el centro del debate una cuestión política más amplia: ¿qué relación existe entre el poder político y las acusaciones o sospechas de vínculos con el crimen organizado, y qué deben hacer las instituciones frente a ello?

La frase “Palenque o Sinaloa” funciona como una pregunta política de alto impacto, cuyo propósito es cuestionar las relaciones entre poder, impunidad, crimen organizado y responsabilidad institucional. No convierte esa pregunta en una afirmación de culpabilidad. Lo que hace es obligar a la sociedad a reflexionar sobre un problema que trasciende a una persona: el riesgo de que el crimen organizado penetre las instituciones democráticas y las utilice como escudo.

Cuando un gobernador enfrenta señalamientos de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, cuando su propio exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, se entrega a las autoridades de ese país y negocia información, cuando la detención de un testigo clave coincide exactamente con su regreso al poder, las instituciones mexicanas no pueden quedarse de brazos cruzados.

El problema no es solamente Rocha

Lo que me preocupa no es únicamente Rubén Rocha Moya. Lo que me preocupa es lo que su caso revela sobre nuestro sistema político.

La cuestión central es qué sucede cuando existen señalamientos graves alrededor de un gobernante y las instituciones deben determinar qué corresponde hacer. No basta con la negación política. No basta con que un servidor público diga “soy inocente” y que eso sea suficiente para que todo continúe como antes. Si existen acusaciones, investigaciones o procedimientos referidos públicamente, las instituciones deben responder con pruebas, con transparencia, con procedimientos claros.

Por eso considero que el caso de Rocha Moya trasciende a Sinaloa. Alcanza al sistema político mexicano en su conjunto. Porque si una democracia sana necesita políticos capaces de formular preguntas incómodas, también necesita instituciones capaces de responderlas con pruebas, procedimientos y transparencia.

El PAN nacional ha planteado un juicio político contra Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa. No estoy afirmando que esas sean las únicas soluciones posibles. Lo que estoy cuestionando es que, ante la gravedad de los señalamientos, la respuesta institucional no puede ser el silencio, la licencia temporal con carácter indefinido, o el regreso fugaz que dura apenas un día y medio antes de ceder ante la presión.

Aguascalientes también observa

No necesito vivir en Sinaloa para entender que lo que ocurre allí nos afecta a todos.

Aguascalientes no es una isla. Somos un Estado que ha enfrentado sus propios retos de seguridad, que ha visto cómo el narcotráfico intenta tejer redes en territorios que antes parecían ajenos a la violencia del crimen organizado. En mi Estado sabemos que la confianza ciudadana en las instituciones se construye con hechos, no con discursos. Que la rendición de cuentas no es un lujo de los estados del norte, sino una necesidad de todo el país.

Mi responsabilidad como legisladora no termina en las fronteras de mi distrito. Cuando un gobernador de cualquier Estado del país enfrenta señalamientos de tal magnitud, cuando la justicia de otro país documenta acusaciones de tráfico de drogas y armas, cuando la violencia en Sinaloa deja ocho personas asesinadas en el primer día de su regreso, Aguascalientes tiene razones legítimas para participar en el debate nacional sobre democracia, seguridad y Estado de derecho.

No estoy hablando como militante de un partido. Estoy hablando como legisladora que entiende que la responsabilidad de quienes ocupamos cargos públicos es exigir explicaciones, transparencia, rendición de cuentas, investigación, respeto a las instituciones y confianza pública.

Libertad de expresión y responsabilidad

Defiendo mi derecho a expresarme de manera contundente. La libertad de expresión de los legisladores está protegida constitucionalmente porque la función representativa exige que podamos formular críticas sin temor a represalias. Los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido reiteradamente que el escrutinio de funcionarios públicos en asuntos de interés público goza de una protección reforzada.

Pero reconozco la diferencia entre una crítica política y una condena judicial. No estoy afirmando que Rocha Moya sea culpable de los delitos que se le imputan en el extranjero. Lo que estoy cuestionando es su regreso al poder mientras esos señalamientos permanecen sin una respuesta institucional clara. Lo que estoy exigiendo es que las autoridades competentes actúen con la seriedad que el caso amerita.

La presunción de inocencia es un principio fundamental. Pero la presunción de inocencia no implica presunción de impunidad. Un servidor público puede ser presunto inocente ante un tribunal y, al mismo tiempo, enfrentar una obligación de rendir cuentas ante la sociedad sobre señalamientos que afectan la confianza en las instituciones.

¿Provocación o responsabilidad?

¿Fue deliberadamente provocador mi lenguaje? Sí. ¿Tiene legitimidad esa provocación? También.

La provocación política puede tener legitimidad cuando busca obligar a discutir un asunto de interés público, siempre que no se presente como prueba aquello que jurídicamente debe demostrarse. Mi pregunta no es una sentencia. Es una herramienta de comunicación política destinada a romper la normalización de lo inaceptable.

En comunicación política, la construcción de preguntas incómodas es una estrategia legítima cuando el objetivo es colocar en la agenda pública un tema que el poder intenta diluir. El framing de esta discusión no debe centrarse en si Alma Hilda “fue demasiado lejos”. La verdadera cuestión es: ¿hasta dónde puede llegar una representante popular cuando cuestiona públicamente al poder frente a señalamientos graves, y qué responsabilidad tienen las instituciones para responder a esas preguntas?

Lo que debe responder el poder

Transformo mi declaración en una exigencia democrática: si existen señalamientos, investigaciones o procedimientos referidos públicamente, las instituciones deben responder.

No basta con que Rocha Moya diga que la Fiscalía General de la República no halló indicios de conducta delictiva. No basta con que solicite una licencia temporal con carácter indefinido después de que su propio partido y la presidenta de la República lo desautoricen. No basta con que diga que “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo” cuando su propia decisión de regresar demostró exactamente lo contrario.

Lo que debe responder el poder es: ¿por qué un gobernante señalado por la justicia de otro país puede regresar al cargo como si nada hubiera ocurrido? ¿Por qué la detención de un testigo clave coincide con su regreso? ¿Por qué su exsecretario de Seguridad negocia información con fiscales estadounidenses? ¿Qué está haciendo la justicia mexicana para esclarecer estos hechos?

Regreso a la pregunta inicial: ¿al narco de Palenque o al de Sinaloa?

No espero que Rocha Moya responda. No espero que quienes prefieren mirar hacia otro lado respondan. Pero sí espero que las instituciones mexicanas respondan. Que la Fiscalía General de la República responda. Que el Congreso de Sinaloa responda. Que el Senado de la República responda si se plantea la desaparición de poderes.

Porque una democracia sana no se mide por la capacidad de sus políticos para decir lo que la gente quiere escuchar. Se mide por la capacidad de sus instituciones para responder con pruebas a las preguntas que la sociedad tiene derecho a formular.

Mi voz es firme. Mi argumentación es rigurosa. Mi crítica es legítima. Y la frontera entre acusación política y verdad judicial permanece perfectamente clara: yo no condeno. Yo pregunto. Y en una democracia, preguntar no es un delito. Es un derecho.

Y cuando las preguntas incómodas se vuelven imprescindibles, callar sí es una complicidad que no estoy dispuesta a asumir.