El triunfo de contar papeles: el Congreso de Aguascalientes y la aritmética del escaparate
La LXVI Legislatura difunde un boletín en el que presume posicionarse entre los congresos más activos del país. Los datos del INEGI cuentan otra historia: una de cada siete propuestas llega a convertirse en ley, Aguascalientes encabeza el índice nacional de iniciativas improcedentes y el Poder Legislativo se aprobó a sí mismo diez millones de pesos adicionales antes de cerrar el año. Nadie ha medido cuánto de todo ese movimiento le ha cambiado la vida a alguien.
El martes 28 de abril el Congreso de Aguascalientes emitió el boletín 202. El texto anuncia que la 66 Legislatura se ubica “entre los congresos locales con mayor productividad legislativa del país” según el INEGI, y enlista sus cifras propias: 957 iniciativas, 493 decretos y resoluciones, 169 leyes en vigor. El boletín no menciona la tasa de dictaminación. Tampoco el costo por iniciativa aprobada. Mucho menos si alguna de esas 169 leyes redujo la pobreza, mejoró un indicador de salud o detuvo la sobreexplotación del acuífero.
Lo que INEGI dijo, y lo que el boletín prefirió no decir
El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2024 del INEGI registró para el Congreso de Aguascalientes mil 427 iniciativas presentadas durante el periodo evaluado, equivalente al 4.4% del total nacional, pero solo el 12.9% de estas fueron dictaminadas, una de las tasas más bajas del país. El mismo censo reporta que mil 234 iniciativas permanecen en estudio, 153 han sido aprobadas, 27 han sido desechadas o improcedentes y 8 han tenido un desistimiento.
Para el año siguiente, el CNPLE 2025 registró 529 iniciativas presentadas, de las cuales únicamente 77 fueron aprobadas como procedentes, lo que representa apenas el 14.6% del total. Sumado a ello, Aguascalientes encabeza el mayor número de iniciativas desechadas o improcedentes, con un total de 36 casos, siendo la cifra más alta a nivel nacional en este rubro. Desde este punto se puede establecer que el Congreso de Aguascalientes es el que produce más basura legislativa. No que sean el más productivos
El Congreso, entonces, es prolífico para presentar propuestas y el primero del país para producir iniciativas que no sirven. Eso no aparece en el boletín 202 del martes 28 de abril de 2026.
Para contextualizar en escala nacional: durante el primer año de funciones de los congresos locales, que comenzó en septiembre de 2024 y concluyó en agosto de 2025, se presentaron 11 mil 967 iniciativas en todo el país. Del total, únicamente 2 mil 964 (24.8%), fueron dictaminadas en el mismo periodo en que se presentaron. En Aguascalientes la proporción fue peor: 12.9%. El problema no es de fondo sino de método: los legisladores locales producen volumen, no legislación.
El costo real: $3,780,000 por iniciativa “útil”
El Poder Legislativo de Aguascalientes tiene aprobado para 2026 un presupuesto de $309 millones 841 mil 347 pesos. El proyecto original contemplaba $299 millones 841 mil 347 pesos, pero el monto finalmente aprobado implicó diez millones de pesos adicionales, con lo que el aumento anual total ascendió a 10.37%. Los propios diputados se los otorgaron a sí mismos antes de cerrar el periodo ordinario en diciembre. Aparte de sólo generar basura son ambiciosos y caros.
Si se dividen los casi $310 millones de presupuesto entre las 77 iniciativas que resultaron útiles en 2025, el costo unitario de cada norma que efectivamente funcionó ronda los $3 millones 780 mil pesos. Ese número no aparece en el comunicado oficial porque haría difícil sostener la narrativa del “primer lugar”.
Los 32 congresos locales del país costarán este año 18,380.1 millones de pesos, lo que representa una erogación diaria de 50.3 millones de pesos. En ese contexto, Aguascalientes se ubica en el rango de entidades con presupuestos superiores a los 300 millones. La pregunta que nadie formula desde dentro del recinto es si esos recursos tienen una relación demostrable con algún resultado medible en la vida de los hidrocálidos.
El problema de fondo: no existen indicadores de impacto
La ausencia más grave en el boletín 202 del martes 28 de abril de 2026, no es numérica. Es conceptual. El Congreso de Aguascalientes no dispone, o en el mejor de los casos no publica ningún sistema de seguimiento que responda a preguntas básicas: ¿cuánto ahorro generó al presupuesto público alguna de esas 169 leyes en vigor? ¿Cuántas familias accedieron a un derecho antes negado gracias a alguna reforma aprobada? ¿Qué indicador de desarrollo social mejoró porque existió una norma que el Congreso produjo?
El modelo de evaluación legislativa en México se detuvo, en el mejor de los casos, en contar. La LXV Legislatura llegó a su fin con el menor número de iniciativas presentadas a nivel nacional, con solo 92, y destinó el cien por ciento de su asignación presupuestal a la remuneración de las y los legisladores, dejando en cero el recurso asignado para asistencia legislativa, gestión parlamentaria y atención ciudadana. La LXVI (66) Legislatura invirtió la tendencia cuantitativa: ahora produce más. Pero incrementar el volumen de papeles presentados no resuelve la ausencia de un sistema de rendición de cuentas orientado a resultados.
El boletín cita materias: administración pública, justicia social, derechos humanos, protección de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, desarrollo urbano, seguridad. Son categorías tan amplias que prácticamente cualquier decreto puede clasificarse en alguna de ellas. Lo que no aparece es alguna métrica de impacto: ¿bajaron los índices de violencia contra menores luego de la ley de protección NNA? ¿Cuántos adultos mayores accedieron a prestaciones nuevas? ¿Qué ocurrió con el desarrollo urbano en los 11 municipios tras las reformas aprobadas? La respuesta honesta es que el Congreso no lo sabe, o no lo mide, o no lo publica, porque seamos realistas, no saben ni lo que están haciendo.
Parlamento cerrado en un estado que presume apertura
Aguascalientes no figura entre las entidades que implementan parlamentos abiertos, mecanismo considerado clave para fortalecer la transparencia legislativa. El estado no figura entre los que implementaron este tipo de ejercicios. La misma información que circula en redes no documenta: uno de los ocho estados del país que prohíbe la participación ciudadana directa en el Congreso.
Tampoco hay en el boletín mención de comparecencias. La LXV Legislatura convocó a solo cinco funcionarios para el informe de glosa. Que la LXVI no menciona el dato, lo que sugiere que la tendencia no mejoró de forma sustancial. La función de control político, fiscalizar al Ejecutivo, interrogar a titulares de dependencias, revisar el ejercicio del gasto, es precisamente la que menos le interesa exhibir a un Congreso que cohabita con comodidad con la gobernadora.
El número que sí importa: deuda municipal autorizada
Hay un logro legislativo que el boletín 202 …, tampoco cita con ese nombre pero que tiene consecuencias directas sobre las finanzas municipales: el Congreso autorizó un endeudamiento de 3 mil 150 millones de pesos para los once ayuntamientos del estado, cifra que, como este columnista ha documentado en entregas anteriores con base en auditorías de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024, coloca a Aguascalientes en el primer lugar nacional en deuda municipal per cápita. La misma institución que presume su productividad legislativa es la que rubricó ese monto. Ese sí es un resultado medible. Y es uno que las familias hidrocálidas van a pagar durante años.
Lo que un Congreso responsable debería medir
Un parlamento que aspira a rendir cuentas reales tendría que responder al menos cuatro preguntas que hoy no están en ningún boletín del Congreso de Aguascalientes.
Primero: qué porcentaje del gasto legislativo se traduce en leyes que modifican condiciones de vida verificables.
Segundo: cuántas de las leyes aprobadas tienen reglamento publicado y presupuesto asignado para su implementación, porque una ley sin recursos es declaración de intenciones.
Tercero: cuál es la tasa de cumplimiento del marco normativo producido por el propio Congreso entre las dependencias del Ejecutivo estatal.
Cuarto: qué mecanismo existe para que un ciudadano común pueda conocer si la ley que supuestamente lo protege se aplica. (NINGUNO POR EL MOMENTO)
Ninguna de esas preguntas aparece en el boletín 202 del martes 28 de abril de 2026. Aparece, en cambio, la mención de que Aguascalientes “goza de un clima de paz social, inversiones, generación de empleos, productividad y mayor calidad de vida”. Esa afirmación, redactada como si fuera consecuencia directa del trabajo legislativo, es exactamente el tipo de causalidad que se fabrica cuando no hay indicadores reales que la respalden.
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Contar iniciativas como si fueran logros es el equivalente legislativo de contar pacientes que entraron al hospital sin preguntar cuántos salieron sanos. El Congreso de Aguascalientes produce documentos. Eso es verificable. Lo que no es verificable porque nadie lo mide, es si esos documentos transforman algo fuera del recinto. El boletín 202 del martes 28 de abril de 2026, celebra que hay papel. Lo que no dice es a qué sirve.
Mientras el Poder Legislativo de Aguascalientes no adopte un sistema de evaluación de impacto legislativo, con indicadores sociales, presupuestales y de implementación verificables por ciudadanos, sus boletines seguirán siendo lo que el boletín 202 del martes 28 de abril de 2026 es hoy: relaciones públicas pagadas con dinero público.
