Justicia es lo que se espera
[bctt tweet=»Hasta ahora, el tiempo pasaba y sólo veíamos la actitud cristiana del Presidente de la República, reivindicando el perdón y en cierto sentido el olvido» username=»crisolhoy»]
En lo últimos días se han presentado varios asuntos que reverdecen el planteamiento popular relacionado con la justicia que se ha exigido desde tiempos de la campaña electoral, para aplicarse a los responsables de la situación en la que dejaron al país los anteriores gobiernos; políticos del PRIAN que aprovecharon sus puestos públicos para enriquecerse y que cínicamente convirtieron a la corrupción en una cuestión cultural característica de los mexicanos, con lo cual justificaban su cuestionable papel.
Son los mismos que pastorean a quienes se movilizaron el pasado domingo cinco de mayo en varias ciudades del país; quienes le apuestan al fracaso del gobierno de López Obrador, quienes ahora claman soluciones, cuando en su momento aplaudían como se atentaba contra las riquezas de México para beneficio propio.
Hasta ahora no se había presentado nada concreto para tener claro, que si se actuaría contra los responsables de la corrupción en el país y no me refiero a personajes ubicados en la infantería, sino capos importantes, políticos encumbrados, delincuentes de cuello blanco, que saquearon al país bajo la bandera del libre mercado y el modelo neoliberal.
Hasta ahora, el tiempo pasaba y sólo veíamos la actitud cristiana del Presidente de la República, reivindicando el perdón y en cierto sentido el olvido, ante acciones que no pueden quedar en el pasado ni sin la acción de la justicia. No por nada en la mañanera del martes 7 de mayo le vuelven a preguntar sobre el status de la Constitución moral, la cual no corresponde a la alternativa que buscan la mayoría de los mexicanos.
Pero precisamente sería este fin de semana en que el Fiscal General de la República, Alejandro Gerzt Manero “sostuvo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público Federal estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia al servicio de los intereses del poder en el que se encubrieron delitos”.
De los casos señalados en cuanto a corrupción se refiere, destacan los de la llamada “estafa maestra” y el de Odebrecht, que ambos involucran a altos funcionarios sobre todo de la administración pasada, a los cuales, por todas las vías se les intentó proteger para que no se les aplicara la Ley, correspondían sobre todo a Desarrollo Social y a Pemex.
El Fiscal General ha dado un plazo de dos meses para judicializar ambos casos y proceder en consecuencia, así lo señaló en la presentación del balance de lo hecho hasta ahora. Está bien si consideramos que hay siete estados en procesos electorales, no siendo adecuado ventilarlo en ese tiempo, para no dar el menor pretexto a cualquiera de los partidos contendientes de que digan que se estaría politizando estos casos, cuando no es así.
Pero tampoco debemos olvidar la tolerancia social para estos temas que son sensibles, la cual tiene sus límites, no puede esperar para siempre, requiere y exige resultados. De esta manera se debe tener claro que nunca se dieron cheques en blanco, sino de manera precisa se esperaba que se actuaría quienes recurrieron a la corrupción y esperan quedar impunes.
El pueblo no puede ni quiere esperar hasta las calendas, ya lo hizo mucho tiempo sin resultados, ahora le ha entregado a López Obrador el derecho de la duda para que las cosas avancen mejor, no que se queden como estaban hasta antes del primero de diciembre.
Corresponden a sanos contrapesos, que obligarían al gobierno de López Obrador a que cumpla con lo que ofreció durante la campaña y promueva la aplicación de la Ley. Si él en lo personal quiere perdonar, que lo haga y manifieste, pero que no obstaculice el interés general.
Durante todos estos meses el Presidente de la República ha hablado frecuentemente de la lucha frontal contra la corrupción, pero no ha tenido el mismo tratamiento con la impunidad, que sin duda van juntos. Un corrupto al cual no se le señala ni castiga queda impune. El perdón sería avalar la impunidad y no estar a favor de la justicia.
No es suficiente otorgar justicia social a los mexicanos más desprotegidos, a aquellos que han tenido que padecer las malas políticas neoliberales, también debiera haber satisfacción en ellos con el tratamiento adecuado a los responsables de su empobrecimiento.
Los expresidentes, los involucrados en la estafa maestra o en Odebrecht, quienes se han enriquecido escandalosamente a partir de la explotación de los demás, como es el caso de Carlos Romero Deschamps, todos ellos debieran ser juzgados y llevados a la cárcel.
