La semiocracia del blindaje: estructural, mito y poder en la procuración de justicia de Aguascalientes (2022-2026)

El presente análisis semiótico toma como punto de partida la entrevista al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García, publicada el 21 de febrero de 2026 en el canal de YouTube NW_Ags, bajo el título ‘¿Para dónde va la procuración de justicia en Aguascalientes?’. Para complementar este estudio, se han incorporado diversas notas periodísticas que documentan las declaraciones del funcionario durante su transición de Secretario de Seguridad Pública a Fiscal del Estado.

La entrevista, al igual que las diversas declaraciones del fiscal Manuel Alonso García, constituyen —en términos estructuralistas— cadenas sintagmáticas que despliegan relaciones metafóricas y metonímicas. Estas estructuras facilitan la asociación de elementos simbólicos para su análisis, permitiendo desentrañar el sistema de significación del actor público.

Por lo tanto este análisis presenta al mismo tiempo las ideas míticas generadas por el autor sobre la procuración de justicia en Aguascalientes durante el periodo 2022-2026, se debe advertir que este análisis, no puede reducirse a una evaluación técnica de indicadores delictivos o a una crónica de cambios administrativos. Desde una perspectiva estructuralista, nos encontramos ante la construcción de un sistema semiótico integral —una «semiocracia»—.

La semiocracia es un concepto que surge de la intersección entre la ciencia política y la semiótica (el estudio de los signos). En términos sencillos, se refiere a un sistema de gobierno o ejercicio del poder que se basa en el dominio de los signos, las imágenes y los discursos, más que en la gestión real de los hechos o la administración técnica), donde el ejercicio del poder se legitima a través de la producción de mitos, la manipulación de encuadres políticos y la instauración de un régimen de verdad que busca transformar la contingencia de la violencia regional en una naturaleza inmutable de orden local. Este fenómeno tiene como eje gravitacional el Plan de Seguridad y Justicia «Blindaje Aguascalientes» y la figura de su principal operador, Manuel Alonso García, cuyo tránsito de Secretario de Seguridad a Fiscal General del Estado (FGE) marca una transición fundamental en la tecnología de poder del Estado: del control soberano del territorio a la gestión disciplinaria y biopolítica de la población.¹

Bajo esta premisa, el discurso de Manuel Alonso García no opera como una mera transmisión de información, sino como una arquitectura de mitemas —unidades mínimas de significación mítica— que se articulan en cadenas sintagmáticas de alto impacto simbólico. En este sentido, el concepto de ‘Blindaje’ funciona como una metonimia del Estado protector, donde una estrategia policial (la parte) pretende garantizar la integridad absoluta de la sociedad (el todo). Simultáneamente, la transición institucional del actor —de la prevención a la procuración— despliega una relación metafórica en la que la figura del Fiscal se erige como el ‘cirujano’ social capaz de extirpar el mal mediante la ley. Así, el análisis semiótico de estas declaraciones permite identificar cómo la narrativa oficial sustituye el conflicto social por una estructura de orden lógico, transformando la gestión de la seguridad en un sistema de signos donde la eficacia se mide, más que en estadísticas, en la solidez de su propia construcción mitológica, cumpliendo la primera ley de la termodinámica política: “la demagogia no se crea ni se destruye solo se transforma”.

Índice de contenido

El Significante Manuel Alonso García: La Construcción de la Autoridad Técnica

En la teoría de Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico es la unión de un significante (imagen acústica) y un significado (concepto). En el discurso político de Aguascalientes, el nombre «Manuel Alonso García» ha dejado de ser una referencia biográfica para convertirse en un significante flotante que el Estado utiliza para intentar fijar el concepto de «Eficiencia Profesional».² La trayectoria de Alonso García, marcada por un desplazamiento geográfico y político desde Puebla hacia el Aguascalientes, permite observar el funcionamiento de lo que Roland Barthes denomina la «ex-nominación» burguesa (Roland Barthes: Mitologías (1957): el proceso mediante el cual una identidad política se despoja de su nombre partidista para presentarse como una norma universal de conocimiento técnico y académico.¹

La biografía institucional de Alonso García está saturada de credenciales que funcionan como «mitemas» —unidades mínimas de significación mítica—. Su formación como Doctor en Ciencias Policiales y Seguridad Pública, sus condecoraciones al mérito policial y su certificación por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) no son meros datos curriculares que el actor aporta en sus diferentes entrevistas, ante todo son mecanismos de legitimación que operan para «despolitizar» su nombramiento.²

Como parte de la falta de sensibilidad política de Alonso García, hay que recordarle que CALEA en Aguascalientes es de no gratos recuerdos, para ello solo darse un clavado por las notas del archivo histórico municipal sobre seguridad pública del trienio como alcalde de Gabriel Arellano.

Pero al presentar al Fiscal no como un actor político, sino como un «experto» avalado por organismos internacionales (como el Miami-Dade Public Safety Training Institute), el Estado de Aguascalientes trata de construir una voluntad de verdad que inhibe la crítica política tradicional.⁴

Este proceso de construcción de autoridad es particularmente relevante dadas las condiciones de su salida de Puebla. El contraste entre ser «censurado» en su estado natal por acusaciones de la administración de Miguel Barbosa y ser «amado» y ascendido en Aguascalientes, demuestra que la verdad en el discurso político es, como diría Foucault, un «juego estratégico».⁸ El cambio de contexto geográfico permitió una re-semiotización de su figura: lo que en Puebla era presentado como «sospecha», en Aguascalientes se decodifica como «persecución política» y, por tanto, como una prueba de su valor frente a regímenes adversos.⁸

La Arquitectura del Mito «Blindaje Aguascalientes»

El Plan «Blindaje Aguascalientes» opera como el mito central de la administración actual. Según Barthes, el mito tiene la función de «limpiar» lo real de su carga histórica y política para presentarlo como una evidencia natural.¹ El término «Blindaje» es una metáfora física que evoca una protección total, una membrana impenetrable que separa lo «puro» (Aguascalientes) de lo «impuro», la violencia de los estados circunvecinos como Zacatecas y Jalisco, lo que alimenta la xenofobia del Aguascalientes profundo.³

Desde la antropología estructural de Lévi-Strauss, este mito se organiza a través de una serie de oposiciones binarias que estructuran la percepción del ciudadano:

Interior (Orden) vs. Exterior (Caos): El blindaje no es solo una estrategia de patrullaje; es una demarcación semiótica. Las carreteras que conectan con estados vecinos son presentadas como puntos de vulnerabilidad que requieren una vigilancia constante (aeronaves, sobrevuelos de «Fuerza Uno») para evitar la «contaminación» delictiva.³

Aunque con los hechos del pasado 22 de febrero quedó claro que el operativo poco puede hacer frente al crimen organizado que ya radica en la entidad.

Civilización (Aguascalientes) vs. Barbarie (Crimen Organizado): El discurso oficial utiliza las detenciones de «cabecillas» o integrantes de grupos criminales (como el CJNG) para reforzar la idea de que el Estado posee una superioridad moral y estratégica.¹¹
Transparencia (C5i/Tecnología) vs. Opacidad (Cifra Negra): El uso intensivo de tecnología se presenta como la herramienta que finalmente permitirá ver lo invisible, aunque paradójicamente el sistema se blinde contra el acceso a la información pública.³

El Plan Blindaje no es solo un conjunto de 200 acciones y políticas públicas; es una «narrativa de salvación».¹ El Fiscal Alonso García actúan como oficiante de este ritual de protección, donde cada reunión de seguridad con el Ejército y la Guardia Nacional funciona como una puesta en escena de la unidad institucional frente a la amenaza externa.¹⁴

La Cronopolítica de los 9 Años: El Tiempo como Herramienta de Dominación

Uno de los mecanismos de legitimación más profundos identificados en este periodo es la reforma constitucional para extender el mandato del Fiscal de 7 a 9 años.¹⁵ En el análisis de Foucault sobre el poder disciplinario, el control del tiempo es fundamental para la sujeción de los cuerpos y las instituciones.¹ Al ampliar el periodo de gestión, el Congreso de Aguascalientes —dominado por una mayoría que defiende el modelo de «Blindaje»— busca una «conquista del tiempo» que trascienda los ciclos democráticos sexenales.¹⁶

El discurso utilizado para justificar esta extensión recurre al mecanismo de la «homologación».¹ Al argumentar que se busca igualar el periodo de la Fiscalía local con el de la Fiscalía General de la República (FGR), se utiliza una falacia de autoridad: se asume que la estructura federal es intrínsecamente superior o deseable, ocultando la intención política de consolidar un mando específico más allá del periodo de la gobernadora que lo nombró.¹

Esta extensión de 9 años crea una «cronocracia»: un sistema donde la permanencia en el cargo se convierte en el principal indicador de estabilidad, independientemente de los resultados cualitativos en la procuración de justicia. El Fiscal Alonso García, al ser habilitado para permanecer casi una década, se sitúa en una posición de poder soberano que debilita el sistema de contrapesos, transformando la fiscalía en una «isla institucional» protegida de las fluctuaciones de la voluntad popular.¹⁷

El Panóptico Digital: Casiopea y la Despersonalización de la Justicia

Parafraseando a Foucault, él describió el Panóptico como un laboratorio de poder donde la vigilancia es constante y el sujeto se sabe observado.¹ En Aguascalientes, este modelo se ha digitalizado a través de la plataforma «Casiopea» y el agente virtual «Lex».¹ Estas herramientas representan una mutación en la práctica judicial: la transición de la «justicia de barandilla» a la «justicia algorítmica», sin demostrarnos que al programar el algoritmo no se esté repitiendo los mismos vicios del sistema anterior.

El sistema Casiopea, desarrollado por el C5i, permite que los policías estatales y municipales reciban denuncias en el lugar de los hechos mediante dispositivos móviles.²⁰ Desde la crítica del encuadre de Chomsky, esta tecnología se vende como un mecanismo de «acercamiento al ciudadano», pero estructuralmente funciona para aumentar la capacidad de recolección de datos del Estado sin necesariamente mejorar la calidad de la investigación.¹

El Fiscal justifica el aumento en las carpetas de investigación por narcomenudeo mediante un desplazamiento semántico: no es que haya más droga en las calles, sino que hay más «eficiencia» en los cateos y detenciones.¹ Aquí, el signo «aumento de carpetas» sufre una inversión ideológica: de ser un signo negativo (inseguridad) pasa a ser un signo positivo (acción gubernamental). Es una «limpieza de la realidad» a través de la interpretación estadística, donde el Estado decide qué significa cada número dentro de su propio sistema de signos.¹

La Policía Rosa y el Biopoder: La Estética de la Empatía

Uno de los elementos más sofisticados de la semiocracia de Aguascalientes es la «Policía Rosa». El uso del color rosa como significante es una elección deliberada para suavizar la imagen del monopolio de la violencia legítima.⁶ Según Foucault, el biopoder es la práctica de los estados modernos de «hacer vivir y dejar morir», y la Policía Rosa es la encarnación de este poder en su vertiente «pastoral»: el Estado que no solo castiga, sino que cuida, protege y siente.⁶

La formación de los elementos de la Policía Rosa en el Miami-Dade Public Safety Training Institute y su enfoque en la «contención emocional» y el «acompañamiento» buscan colonizar el espacio de los afectos.⁶ No obstante, el análisis estructuralista revela una contradicción profunda: mientras el discurso oficial celebra la «empatía», las organizaciones civiles como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) denuncian un rezago de 20 años en metodologías de investigación y una persistente revictimización de las mujeres en el Centro de Justicia para Mujeres.²⁵

La Policía Rosa funciona como un «significante de prestigio» que busca ocultar la ineficiencia estructural de la fiscalía en la resolución de feminicidios y desapariciones. Al crear una unidad especializada con una estética diferenciada, el Estado crea la ilusión de que el problema de la violencia de género está siendo atendido, mientras que la estructura general de la procuración de justicia permanece intacta y saturada.²⁴

El Orden del Silencio: Transparencia, Opacidad y Exclusión

Foucault, en El orden del discurso, advierte que toda sociedad establece procedimientos de exclusión para dominar la «proliferación de los discursos».¹ En Aguascalientes, esta exclusión se manifiesta en dos frentes: la reforma a la Ley de Transparencia y la criminalización de las voces críticas.

La Voluntad de Opacidad

A finales de 2025, se aprobaron reformas que permiten clasificar información sobre obra pública e infraestructura como «seguridad nacional», limitando el acceso ciudadano a los datos que podrían cuestionar el manejo de los recursos.¹³ Este es un acto de «rarefacción» del discurso: el Estado se arroga el derecho exclusivo de decidir qué es público y qué es secreto, utilizando el mito del «Blindaje» como justificación suprema. Si la información es «peligrosa para la seguridad», el silencio se convierte en un deber patriótico.¹³

La Criminalización del Otro

El discurso del Fiscal Manuel Alonso García ha sido señalado por colectivos de derechos humanos por utilizar la técnica de la «vinculación falsa».²⁷ Al acusar a defensoras como Mariana Ávila de «proteger a personas de un cártel» o de «beneficiarse del dolor de las familias», el Fiscal opera un mecanismo de exclusión radical: transforma al crítico en un «enemigo del Estado».²⁷ Esta táctica, descrita por Chomsky como parte del encuadre para manufacturar consenso, busca invalidar el discurso de la sociedad civil no mediante el debate de ideas, sino mediante el asesinato de la reputación.²⁷

Análisis de la Incidencia Delictiva: El Dato como Fetiche

Para el analista estructuralista, las estadísticas no son hechos objetivos, sino signos que se interpretan dentro de un sistema de valores. El Fiscal Alonso García destaca que Aguascalientes fue el único estado en reportar un mes sin homicidios dolosos en noviembre de 2025, un «tema histórico» que se utiliza para reafirmar la eficacia del Blindaje.¹ No obstante, los datos del Secretariado Ejecutivo (SESNSP) y de organizaciones como Integralia y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) muestran una realidad más compleja:

Homicidio Doloso: Aunque hay una reducción del 40%, la tasa nacional se ha estabilizado en niveles que aún superan los mínimos históricos de décadas previas.¹
Narcomenudeo: Es el delito con mayor persistencia estructural y tendencia ascendente desde 2015. El Estado elige interpretar este aumento como «éxito operativo», ignorando que el incremento en las detenciones también refleja una mayor penetración de las redes de micro-tráfico en la vida cotidiana.¹²
Extorsión: Ha alcanzado sus niveles más altos en los últimos cuatro años, un delito que el «Blindaje» físico de carreteras no logra contener, pues opera a través de redes de comunicación y complicidades institucionales.³²
Cifra Negra: Con un 93.2% de delitos no denunciados o sin carpeta, el discurso de la «confianza ciudadana» se enfrenta a un abismo. Solo el 0.8% de los delitos termina con un resultado favorable para la víctima.³⁴

La «Audiencia Ciudadana con el Fiscal», donde se presume haber resuelto 30 casos, funciona como un fetiche: un objeto pequeño que se muestra para distraer de la inmensidad de los miles de casos que permanecen en la impunidad.²⁹ Es la aplicación de la «justicia por excepción» frente a la «injusticia por sistema».

La Producción del Consenso: El Papel de las Cámaras Empresariales

En la estructura de poder de Aguascalientes, el sector empresarial (COPARMEX, industriales) actúa como el «coro» que valida el mito del Blindaje. Ya que usan actos públicos con este gremio para presentar el “Programa de Blindaje” ante el clúster de Industriales, como actores que validad y reciben con gracias, las dádivas de lo que debiera ser una obligación y no un “Don”, el uso de la imagen de el respaldo de la clase dominante, transformando la procuración de justicia en un servicio de «certeza para las inversiones».³⁹

Este encuadre, coherente con las tesis de Chomsky sobre la manufactura del consenso, subordina la justicia penal a los intereses del capital. La seguridad no se define por el respeto a los derechos humanos o la reducción de la violencia familiar (que sigue siendo un problema grave), sino por la protección del flujo de mercancías y la estabilidad de las plantas automotrices.³⁹ La COPARMEX, al respaldar el trabajo del Fiscal y considerar el 2026 como un año de «oportunidades», cerrando así el círculo de legitimación sin aportar análisis detallados que sustenten la aseveración: pero si los dueños del capital están tranquilos, el Estado cree estar cumpliendo su función estructural.⁴¹

Silencios y Desplazamientos: Lo que el Discurso no Nombra

Roland Barthes: Todo sistema de signos se define tanto por lo que dice como por lo que calla. En el discurso de la procuración de justicia de Aguascalientes, hay silencios significativos:

La Cifra Negra Real: Aunque se menciona la falta de denuncia, no se analiza estructuralmente por qué la gente no confía en el Ministerio Público, más allá de la falta de «empatía» o de «servidores públicos comprometidos».¹ Se evita mencionar la corrupción sistémica o la connivencia con el crimen organizado en los niveles medios de la burocracia.
El Impacto del Recorte Federal: El presupuesto de la SSPC a nivel nacional sufrió un recorte del 36.2% entre 2024 y 2025.³¹ El discurso local ignora cómo este desfinanciamiento estructural afecta la operatividad a largo plazo, prefiriendo enfocarse en los «logros» del mando coordinado estatal.⁴³
Las Violaciones Graves a Derechos Humanos: Mientras el Fiscal habla de una fiscalía «justa y humana», las denuncias de abuso policial (como el caso del joven sometido violentamente por oficiales estatales tras revisar vidrios polarizados) y los ataques a defensoras de derechos humanos son tratados como incidentes aislados o negados categóricamente.³⁰

El Estado Blindado como Horizonte de Poder

El análisis estructuralista del discurso político en Aguascalientes revela que la procuración de justicia se ha transformado en un sistema de signos cerrado, diseñado para la autopreservación del mando. Manuel Alonso García no es solo un fiscal; es el significante de una nueva era de control técnico-policial que utiliza la tecnología, el mito y la cronopolítica para blindar al Estado no solo de la delincuencia, sino de la rendición de cuentas y de la alternancia política.¹

El «Blindaje Aguascalientes» ha tenido éxito en proyectar una imagen de estabilidad y orden que satisface a las élites económicas y a una parte de la ciudadanía que teme el caos de los estados vecinos.³⁷ Sin embargo, la estructura profunda del sistema muestra grietas: una fiscalía saturada por la carga de trabajo, una opacidad creciente en el manejo de la información y una tendencia a la criminalización de la disidencia.¹³

La extensión del mandato a 9 años es la culminación de este proceso: la instauración de una «soberanía judicial» que pretende estar por encima de la política. El riesgo para Aguascalientes es que el «blindaje» se convierta en una armadura tan pesada que termine por inmovilizar la democracia, donde la justicia ya no sea un valor ciudadano, sino un producto administrado por un sistema de supuestos expertos, que programan algoritmos con todo sus prejuicios y rituales de poder que han olvidado que la verdadera paz no se construye con muros y cámaras, sino con la verdad y la reparación.¹ El futuro de la entidad dependerá de si la sociedad civil logra desmitificar este discurso y recuperar el control sobre las instituciones que, en teoría, nacieron para servirla.