Las obligaciones del INE

Erróneamente de mi parte, hasta ahora no había tocado al Instituto Nacional Electoral, en su papel seguido en lo que va del proceso electoral. Lo hago a pocos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, en espera que por lo menos en ésta, el organismo electoral asuma su papel y de certeza en el buen desarrollo de la misma.

El INE ha venido cargando un creciente desprestigio al igual que los partidos políticos que tienen representación en él. Pero también no hace nada para contrarrestar esta percepción de la población. Se había pensado en un principio que era por el paso en su máxima responsabilidad del cuestionado Luis Carlos Ugalde, pero que con el nuevo titular las cosas cambiarían. Y a vimos que no fue así.

Lorenzo Córdoba (el hijo de ese respetado académico y hombre de izquierda Arnaldo Córdoba y yerno del exdirigente capitalino de MORENA Eduardo Cervantes), no pudo o no quiso revertir esa situación. Al contrario, hay analistas que ubican al consejero impuesto por el PRI, Marco Antonio Baños, quien lleva la sartén por el mango, a partir de una mayoría en el Consejo General del INE.

Más el problema no es sólo ese, ya de por si delicado, por los intereses partidistas de quien presiona al organismo electoral a partir de esa mayoría de consejeros a modo a lo que quiere el PRI, que para este proceso es relevante en tanto su candidato presidencial José Antonio Meade no quita el dedo del renglón, como si realmente estuviese disputando el triunfo, atreviéndose a declarar a una semana de las elecciones, que no se asombren si el 1 de julio resulta ganador.

Esta situación está asociada al cuestionamiento sobre la opacidad en la toma de decisiones en el INE, así como en otros ámbitos, entre ellos la fiscalización a los gastos y recursos utilizados por los partidos políticos. Así, el organismo electoral suma un largo rosario de agravios a la ciudadanía, más allá de la declaración de Lorenzo Córdoba de que ello corresponde a una estrategia de los propios partidos políticos contendientes.

Sin embargo, las críticas están ahí, marcadas en cuestionables intervenciones del INE, como ocurrió en los pasados procesos electorales locales en Coahuila y el Estado de México. Pero más recientemente, en el trato flexible dado a candidatos independientes para que algunos de ellos lograse su inclusión en las boletas electorales, más allá del litigio del INE con el tribunal Electoral en la validación del registro del Bronco.

Por otra parte, el INE se ha hecho omiso durante toda la campaña de la guerra sucia implementada por el PRI y por el PAN, de lo cual ya ha habido varios recursos interpuestos ante el organismo y/o ante el Tribunal, por el enturbiamiento del clima democrático de la campaña electoral, cuando debía ser el garante de un clima limpio y respetuoso entre los partidos contendientes.

El INE no funge como árbitro electoral, se ha convertido en mudo y ciego testigo de una serie de irregularidades, que a la mejor se ubican en el lindero legal, pero éticamente por ningún lado son justificables ni permitidos para seguirse presentando, pues de dejarlo así, se naturalizaría hasta considerarlo como algo normal y permitido, pero sobre todo vulneraría todo espíritu democrático.

Este es el caso de la compra descarada de votos o la entrega de tarjetas electrónicas con montos diversos, canjeadas por las credenciales de elector, lo cual, a las claras va contra la normatividad electoral ya que no permite que el voto sea directo ni secreto. Junto con esto se ubica el desvío de recursos públicos federales y locales para el apoyo de las campañas, sobre todo en aquellas entidades riesgosas por la posibilidad de perderse o aquellas que por sobre todas las cosas se quiere mantener, como es el caso de Veracruz y Puebla.

Lo anterior lleva a cuestionar también al INE su actitud pasiva en el despliegue del fraude en todas sus modalidades. Todo esto sin anotar las críticas ante la utilización de crayones que se borran y tinta que no es indeleble.

En el INE recae la responsabilidad de hacer todo lo necesario para recuperar la credibilidad perdida, pero también, para dar certeza democrática en un país que ya no tiene confianza en sus instituciones.