Menos ventanillas, más certeza: qué cambia realmente para quien quiere invertir en Aguascalientes

Menos ventanillas, más certeza: qué cambia realmente para quien quiere invertir en Aguascalientes

El Gobierno de Aguascalientes concentró 61 trámites de inversión en una sola plataforma digital y la OCDE la mencionó como buena práctica ante otros países de la región. Pero «digitalizar» no es lo mismo que «simplificar», y «reconocimiento» no es lo mismo que «ranking». Esto es lo que sí se puede afirmar -y lo que todavía no- sobre la Ventanilla Digital de Inversiones.

La inversión empieza antes de poner la primera piedra

Antes de fabricar un solo componente, una empresa que decide instalarse en Aguascalientes tiene que atravesar algo invisible para el consumidor final: una cadena de permisos, licencias, dictámenes y autorizaciones repartida entre dependencias estatales, municipales y federales. Uso de suelo, factibilidad de agua, licencia de construcción, dictamen de protección civil, alta ante Hacienda estatal, registro ambiental. Cada uno con su propia ventanilla, su propio formulario y, muchas veces, los mismos documentos que ya se entregaron en el trámite anterior.

Ese recorrido -no el anuncio de una nueva plataforma- es el verdadero objeto de este reportaje. La pregunta no es si Aguascalientes tiene ya una herramienta tecnológica más. Es si esa herramienta cambia, de manera comprobable, la experiencia de quien quiere invertir.

¿Qué es la Ventanilla Digital de Inversiones?

Se trata de una plataforma operada por la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (Sigod), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), que integra en un solo punto de acceso 61 trámites provenientes de más de nueve dependencias estatales. Según la información oficial, permite operar las 24 horas del día, cargar documentos una sola vez, dar seguimiento en tiempo real, recibir notificaciones por WhatsApp, firmar electrónicamente resoluciones, pagar en línea y consultar un visor geográfico para ubicar predios industriales.

El proyecto no nació de la nada. Sus antecedentes se remontan a 2012, cuando la OCDE evaluó los esfuerzos de mejora regulatoria del Gobierno federal mexicano y recomendó fortalecer la «gobernanza regulatoria multinivel». Aguascalientes firmó entonces un convenio con la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para adoptar esas recomendaciones a nivel estatal. Más de una década después, en marzo de 2024, la gobernadora Tere Jiménez firmó un nuevo convenio de colaboración específicamente con la OCDE para diseñar la Ventanilla Digital de Inversiones, con el objetivo declarado de que el 100% de los requisitos para abrir una empresa -incluidos los permisos de construcción- pudiera tramitarse en línea. Después de ese diseño técnico vino la publicación de lineamientos en el Periódico Oficial del Estado, que formalizó jurídicamente la operación de la ventanilla, y finalmente, en abril de 2026, la mención pública de la OCDE durante una sesión regional en París.

Lo que cambia -y lo que no- para un inversionista

Con base en la información oficial disponible, esto es lo que la plataforma ofrece:

  • Un solo ingreso, un solo expediente. Las empresas ya no tendrían que repetir la misma documentación (actas constitutivas, identificaciones, comprobantes) en cada dependencia por separado.
  • Seguimiento centralizado. El estatus de cada trámite puede consultarse en un solo lugar, en lugar de llamar o acudir a cada oficina.
  • Pagos y firma en línea. Evita traslados para pagar derechos o recoger resoluciones físicas.
  • Visor geográfico. Permite ubicar predios y analizar el entorno antes de decidir dónde instalarse.

Lo que la información pública no permite afirmar todavía, porque no hay evidencia publicada al respecto, es: cuánto tiempo ahorra en promedio cada trámite, cuántas empresas han completado el proceso íntegramente por esta vía, ni qué porcentaje de los 61 trámites es realmente de inicio a fin digital frente a los que solo digitalizan una parte del proceso (por ejemplo, la solicitud, pero no la inspección física posterior). Esa distinción -entre digitalizar un formulario y rediseñar un proceso- es precisamente la que separa un gobierno digital superficial de uno que reduce burocracia de verdad.

Los 61 trámites: lo que se sabe y lo que falta por transparentar

La cifra de 61 trámites de más de nueve dependencias estatales es consistente en todas las fuentes oficiales y periodísticas disponibles sobre la versión actual de la plataforma. Lo que no está desglosado públicamente -al menos no en un documento único, accesible y fechado- es el listado completo trámite por trámite: cuáles corresponden a la etapa de instalación (uso de suelo, factibilidad, construcción), cuáles a la etapa de operación (licencias de funcionamiento, protección civil, ambiental) y cuáles son exclusivamente estatales frente a los que requieren, además, gestión municipal o federal. Esa desagregación importa porque una «ventanilla» que integra 61 trámites estatales no necesariamente resuelve los trámites municipales o federales que una empresa también necesita para operar; el estado puede orientar sobre ellos, pero no siempre puede resolverlos directamente, porque las facultades son de otro nivel de gobierno.

El tiempo: la variable que puede cambiarlo todo (y la que menos se documenta)

Aquí está el punto más delicado del reportaje. En 2023 y 2024, cuando el proyecto arrancaba, funcionarios estatales plantearon como meta reducir hasta 80% el tiempo de instalación de una empresa. Ese 80% era, en ese momento, una proyección, no un resultado medido. En la comunicación más reciente sobre el reconocimiento de la OCDE (abril de 2026) esa cifra ya no aparece como resultado comprobado; el mensaje oficial habla de que la plataforma «simplifica procesos y reduce el tiempo», sin cuantificar cuánto.

Vale la pena una comparación reveladora: en julio de 2026, Querétaro presentó su propio proyecto -también llamado Ventanilla Digital de Inversiones y también con respaldo técnico de la OCDE- con una meta explícita: reducir en 80% los tiempos administrativos para que una empresa pueda instalarse en un máximo de 50 días hábiles, es decir, alrededor de cuatro meses. El hecho de que Querétaro fije esa meta como algo por alcanzar, y no como logro consumado, confirma que el 80% es una aspiración típica de este tipo de proyectos regionales, no un resultado exclusivo ni ya verificado de Aguascalientes. Cualquier lector debería tratar ese porcentaje, cuando se mencione para Aguascalientes, como una meta de origen, no como un resultado medido públicamente.

OCDE: ¿qué significa realmente estar «a la vanguardia en Latinoamérica»?

Esta es la afirmación que exige más rigor y la que este reportaje somete a prueba de forma explícita.

¿Qué ocurrió realmente? De acuerdo con la cobertura periodística disponible, durante la 5ª Sesión Especial sobre Política Regulatoria para América Latina y el Caribe, celebrada en París en abril de 2026, la Ventanilla Digital de Inversiones de Aguascalientes fue presentada y mencionada como una de las buenas prácticas para facilitar la llegada de capital, en un panel donde también se conocieron experiencias de Corea del Sur, Brasil, Colombia y Costa Rica.

¿Qué NO es esto? No es un ranking. No hay, hasta donde permite verificar la información pública, un estudio publicado por la OCDE que compare metodológicamente a Aguascalientes con otras entidades subnacionales de América Latina y que concluya de forma numérica que el estado está «a la vanguardia». Lo que sí existen son antecedentes de que la OCDE evalúa formalmente experiencias similares: en 2025 publicó una revisión técnica completa del «Ventanilla Única de Inversiones» de Costa Rica -un documento con metodología, hallazgos y recomendaciones puntuales-, del tipo que no se ha identificado públicamente para el caso de Aguascalientes. Es decir: la OCDE sí produce evaluaciones formales de estas plataformas, pero el caso de Aguascalientes, con la información disponible, corresponde hasta ahora a una mención de buena práctica en un foro, no a una revisión publicada con ese nivel de detalle.

La formulación correcta, entonces, no es «la OCDE certificó a Aguascalientes como líder de Latinoamérica», sino: la OCDE ha acompañado técnicamente el diseño de la plataforma desde 2024 y, en un foro regional de 2026, la mencionó como un ejemplo de buena práctica junto con otras experiencias internacionales. Eso es un reconocimiento real y relevante. No es, con la evidencia disponible, un título comparativo verificado.

Aguascalientes frente a otros estados: una carrera, no una ventaja en solitario

El dato más revelador de este reportaje es que Aguascalientes no es el único -ni necesariamente el más avanzado- actor de este movimiento. Al menos tres entidades compiten hoy por la misma narrativa:

  • Yucatán ocupó el primer lugar nacional en el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (edición 2022-2024) gracias, según la propia evaluación citada por Coparmex, a su propia Ventanilla Digital de Inversiones, también desarrollada con la OCDE.
  • Querétaro quedó en segundo lugar nacional en esa misma evaluación con su Portal Único del Estado y, en julio de 2026, lanzó su propia Ventanilla Digital de Inversiones -con apoyo de la OCDE y una meta explícita de 80% de reducción de tiempos y 50 días hábiles para instalar una empresa, además de un proyecto de inteligencia de datos llamado «Cerebro Querétaro».
  • Puebla ocupó el tercer lugar nacional por tener, según esa evaluación, el marco normativo de mejora regulatoria más completo del país gracias a su vinculación con los municipios.

¿Y Aguascalientes? En esa misma evaluación de 2022-2024, el estado no apareció entre los tres primeros lugares a nivel estatal aunque el municipio capital de Aguascalientes sí se mantuvo, de forma consistente, como el municipio mejor evaluado del país en mejora regulatoria. Para 2025, el propio Gobierno estatal reportó un avance relevante: subió del lugar 22 al 4 nacional en el Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, con un crecimiento del 42% en acciones de simplificación. Es un salto real y verificable, pero todavía no equivale al primer lugar nacional, y menos a una posición de vanguardia continental frente a países completos.

Existe, además, un proyecto federal paralelo: el Plan México contempla su propia «Ventanilla Nacional Digital de Inversiones», con la meta de reducir el tiempo promedio para establecer una empresa en el país de 2.6 años a un año, y los trámites de 53 a 29. Esto sitúa a la iniciativa estatal de Aguascalientes dentro de una tendencia nacional más amplia, no como un caso aislado.

Competencia por el nearshoring: la plataforma es una pieza, no el motor

Aguascalientes tiene razones reales, más allá de la tecnología administrativa, para atraer inversión: es sede de la planta de Nissan, concentra un clúster automotriz consolidado, está en el centro logístico del país y ha mostrado un dinamismo económico sostenido. En el primer trimestre de 2026 captó 342.1 millones de dólares en inversión extranjera directa, un incremento de 211% frente al mismo periodo de 2025 y el mejor resultado para un primer trimestre en nueve años, según cifras de la Secretaría de Economía federal citadas por fuentes locales. En el segundo trimestre de 2026, el estado ocupó el quinto lugar nacional en IED del sector automotriz.

Pero atribuir ese crecimiento a la Ventanilla Digital sería un error metodológico: correlación no es causalidad. Un análisis independiente reciente sobre el estado frente al nearshoring identificó también riesgos estructurales que podrían limitar una nueva etapa de expansión -disponibilidad de agua, capacidad eléctrica, transporte metropolitano y vivienda asequible para trabajadores-, factores que no dependen de ninguna plataforma digital y que suelen pesar tanto o más que la facilidad de trámites en la decisión final de una empresa sobre dónde instalarse. La plataforma puede reducir fricción administrativa; no resuelve infraestructura, ni sustituye a la energía, el agua o la seguridad como condiciones de fondo para invertir.

PYMES: ¿la digitalización también les sirve?

El riesgo de estas plataformas es que terminen beneficiando sobre todo a quien ya tiene abogados, gestores y departamentos administrativos propios -es decir, a la gran corporación- y dejen fuera al pequeño empresario que no cuenta con esos recursos. En teoría, un expediente digital único y un solo punto de carga de documentos deberían reducir justamente esa brecha, porque eliminan la necesidad de contratar gestores para recorrer físicamente cada dependencia. En la práctica, esa promesa solo se cumple si la plataforma es intuitiva, si existe soporte humano para quien no domina lo digital y si los 61 trámites cubren también los que usan con más frecuencia los negocios pequeños y no solo los de instalación industrial de gran escala. No hay, en la información pública disponible, datos desglosados sobre uso de la plataforma por tamaño de empresa que permitan verificar si esa democratización del acceso ya está ocurriendo.

Digitalización, transparencia y certeza jurídica

Es razonable sostener que un expediente digital con seguimiento en tiempo real reduce ciertos espacios de discrecionalidad: deja rastro, dificulta que un trámite «se pierda» sin explicación y disminuye el contacto físico innecesario entre solicitante y funcionario, que es históricamente uno de los puntos donde se filtran prácticas irregulares. Pero es importante no exagerar el argumento. La formulación responsable no es que la plataforma «elimina la corrupción», sino que puede reducir determinados espacios de discrecionalidad y hacer más trazables los procedimientos, sin que eso elimine por sí mismo los riesgos de corrupción, que dependen también de la voluntad institucional y de mecanismos de auditoría independientes.

Tampoco la digitalización elimina requisitos legales: los trámites integrados en la ventanilla siguen sustentados en las mismas normas estatales y federales que existían antes. Lo que cambia -cuando funciona bien- es la forma de gestionarlos, no la obligación de cumplirlos.

El reto que permanece: que la plataforma funcione como promete

El verdadero examen de la Ventanilla Digital de Inversiones no ocurrirá en un foro internacional, sino en el uso cotidiano: si una empresa mediana logra completar de inicio a fin sus 61 trámites sin acudir físicamente a ninguna oficina, si el tiempo real se acerca a las metas planteadas, y si existe asistencia humana disponible cuando el sistema falla o cuando una dependencia rechaza una solicitud. Ninguno de esos indicadores de desempeño operativo está todavía publicado de manera sistemática y verificable por el Gobierno del estado. Sin esa rendición de cuentas periódica -tiempos reales, tasa de trámites completados en línea, incidencias resueltas-, el reconocimiento internacional corre el riesgo de convertirse en el punto final de la narrativa gubernamental, en lugar de ser el punto de partida de una evaluación pública continua.

¿Ventaja competitiva real o burocracia digitalizada?

La respuesta honesta, con la evidencia disponible hasta ahora, es: todavía no se puede afirmar con certeza ninguna de las dos cosas de manera categórica. Aguascalientes construyó una herramienta técnicamente sólida, con respaldo de un organismo internacional serio, en un ecosistema económico que ya tenía fundamentos reales para atraer inversión (industria automotriz, ubicación, mano de obra calificada). Eso es un activo genuino. Pero convertir esa herramienta en una ventaja competitiva medible requiere todavía lo que hoy falta: datos públicos de desempeño, comparabilidad clara frente a Yucatán y Querétaro -que persiguen objetivos casi idénticos con el mismo aliado técnico- y una separación explícita, en la comunicación oficial, entre lo que la plataforma promete y lo que ya ha demostrado.

La conclusión de este reportaje no pretende restar mérito al esfuerzo. Lo sitúa en su dimensión correcta: la Ventanilla Digital de Inversiones es infraestructura institucional para la competitividad, no un fin en sí mismo. El indicador de éxito no será que la plataforma exista, ni que un funcionario internacional la mencione en París. Será que, dentro de un año, sea medible y verificable que a una empresa -grande o pequeña- invertir en Aguascalientes le resulta más rápido, más barato, más transparente y más predecible que antes.

Redacción Diálogos en Pluralidad

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