NEXT ENERGY: EL PROBLEMA DE FONDO
Aunque el asunto de Next Energy se vea muy aparatoso, creo que es indispensable analizarlo sin consignas maniqueas ni reduccionismo idiotas. Ni la defensa automática de las administraciones panistas ni el linchamiento interesado de Morena ayudan a entender qué ocurrió.
De hecho, la historia probablemente es bastante más compleja. El contrato se firmó en marzo de 2019 y contemplaba que el parque fotovoltaico comenzara a operar en abril de 2020. Y bueno, en aquel momento el proyecto tenía una lógica económica comprensible: una empresa privada financiaría y construiría la infraestructura; el municipio recibiría energía renovable y reduciría su gasto eléctrico; y el inversionista recuperaría su capital mediante un contrato de largo plazo. Empresa y Ayuntamiento tenían, entonces, intereses alineados. Ambos ganaban si el parque funcionaba. Hasta aquí todo iba bien.
Pero llegó 2020. Y primero apareció una pandemia mundial que paralizó actividades, cerró oficinas, interrumpió cadenas de suministro, modificó la demanda eléctrica y trastornó todos los tiempos administrativos. Y después, el Gobierno de López Obrador aprovechó ese contexto para endurecer radical e irracionalmente su política energética y suspenderel otorgamiento de permisos de interconexión boicoteando a toda la industria para fortalecer a la CFE y dificultar la incorporación de generadores privados de energías renovables. Una mas de las pendejadas del viejito que hasta el día de hoy nos sigue saliendo muy cara.
Pero bueno, ninguno de esos acontecimientos era razonablemente previsible al firmarse el contrato. Y eso es algo que cualquier persona con sentido común debe entender para poder dimensionar el problema que hoy se intenta politizar con tanta irresponsabilidad.
Es verdad que López Obrador ya había expresado su desconfianza hacia la reforma energética y su intención de fortalecer a la CFE. Una empresa especializada podía anticipar cierta incertidumbre política. Lo que difícilmente podía calcular era la intensidad del viraje: restricciones generalizadas, nuevas reglas, suspensión de permisos de interconexión y una política sistemáticamente hostil hacia la generación privada.
Juzgar ahora la contratación original como si los participantes hubieran debido conocer en marzo de 2019 todo lo que ocurriría en 2020 constituye un evidente sesgo retrospectivo. Si vamos a juzgar una decisión debemos entender el contexto en el que se tomó. La pandemia y el viraje regulatorio explican claramente por qué el parque no comenzó a operar en la fecha prevista. Lo que en todo casono explican es por qué el problema se prolongó durante los siguientes cinco años.
Y bueno, para, los amantes de la teoría de juegos, es decir para el análisis de la racionalidad de las decisiones de actores atrapados entre la cooperación y el conflicto, aquí es donde aparece la parte más interesante. Y es que las nuevas condiciones -posteriores a la pandemia y a la nueva política energética de la 4T- no sólo retrasaron el proyecto, sino que probablemente: pudieron destruir su equilibrio económicofundamental. La central estaba construida, la empresa había invertido una cantidad considerable, el municipio continuaba necesitando electricidad, pero la interconexión se había vuelto incierta.
Y bueno, desde ese momento, empresa y Ayuntamiento dejaron evidentemente de compartir el mismo interés. Next Energy necesitaba conservar el contrato para recuperar su inversión. El municipio necesitaba evitar el costo de pagar por energía que no recibía. La empresa requería tiempo para esperar un cambio regulatorio o encontrar otro modelo de suministro. La administración enfrentaba una presión política creciente y necesitaba liberar recursos comprometidos. La discusión por tanto dejó de ser cómo repartir los beneficios de un proyecto productivo y se convirtió en una lucha por determinar quién tendría que absorber las pérdidas de un proyecto paralizadoindefinidamente. Evidentemente, en casos como este, estas son perdidas que nadie quiere pagar y que naturalmente ponen a todos los actores a la defensiva y dentro de una compleja teoría de juegos donde lo que gobierna es la desconfianza entre todos los involucrados. Desconfianza que, por lo que hoy sabemos, evidentemente los llevo a la guerra.
Next Energy no podía aceptar fácilmente una terminación que la dejara con una planta construida, pero comercialmente inútil. El municipio tampoco podía continuar indefinidamente con un compromiso financiero sin recibir la contraprestación principal. El fideicomiso permitió prolongar esta situación. Para la empresa conservaba una expectativa de cobro; para el Ayuntamiento permitía afirmar que los recursos no habían sido entregados libremente al proveedor (sino que administrarlos era una función del fideicomiso); y para el banco implicaba continuar ejecutando instrucciones mientras el contrato siguiera jurídicamente vigente (con el consecuente lucro por comisión).
Esto ayuda a explicar la demora sin necesidad de imaginar automáticamente una gran conspiración. Obvio, explicar no significa exonerar.
La tentativa de reestructuración de 2024 confirma que las partes comprendían que el modelo original había fracasado. La propuesta (similar a lo que se hizo en el caso de monterrey) de sustituir el gran parque por miles de sistemas distribuidos en edificios públicos buscaba reconstruir la cooperación: la empresa conservaría parte del negocio y el municipio recibiría finalmente energía y recuperaría recursos.
Pero para entonces cualquier acuerdo era difícil.
Si el Ayuntamiento concedía otra oportunidad, sería acusado de premiar al incumplido (con el consecuente costo político para el alcalde). Si Next Energy devolvía todo y renunciaba al contrato, absorbería completamente una inversión realizada bajo condiciones que habían cambiado extraordinariamente (¿Quién quiere perder así tanto dinero?). A estas alturas del partido lo que podía ser económicamente negociable ya era políticamente tóxico.
Por eso no creo que la explicación más seria sea hablar simplemente de un fraude diseñado desde el principio. Quien quiera entender lo que sucedió con Next Energy lo que necesita es entender todo el contexto: que el proyecto nació bajo un marco que permitía considerarlo viable; y que la pandemia y el viraje energético destruyeron sus condiciones originales haciendo que la empresa y el municipio quedaranatrapados en intereses contrapuestos de los que probablemente ambos fueron incapaces de encontrar una salida negociada dada las restricciones políticas y económicas de ambos.
Y bueno, quienes hoy pretenden convertir el fracaso contractual en prueba automática de corrupción -y hasta presentarse como victimas- simplemente no entienden de derecho. Un contrato puede fracasar sin haber nacido como fraude. Puede existir incumplimiento civil sin peculado. Puede haber negligencia administrativa sin una asociación delictiva.
Estudiada en todo su contexto Next Energy parece menos la historia sencilla de un robo perfectamente planeado que la de un contrato de largo plazo cuyo equilibrio fue destruido por acontecimientos extraordinarios y que posteriormente se convirtió en una batalla para decidir quién pagaría las consecuencias. Que en esa batalla pudieron existir negligencias y errores, es cierto (aunque será difícil juzgarlas con las instituciones judiciales destruidas por la reforma judicial de la 4T). Pero eso es muy distinto al escandaloso cuento simplista que nos han querido plantear quienes -como la Lic. Ruvalcaba- quieren sacar raja política del asunto.
Y precisamente por eso el asunto debe explicarse con rigor:explicando su complejidad y sin fabricar culpables para satisfacer una narrativa política cuyo único y evidente objetivo es extorsionar a quien sea necesario para imponernos en Aguascalientes una transformación -de cuarta- que no necesitamos.
