PERVERSIDAD ELECTORAL. CUANDO LO MALO SE DISFRAZA DE LO BUENO

Las reformas electorales no deben evaluarse por la simpatía que despiertan sus slogans, sino por los incentivos reales que generan y por los efectos acumulativos que producen en el complejo equilibrio institucional que llamamos democracia. Conceptos como austeridad, modernización, democracia participativa o combate al nepotismo resultan políticamente atractivos. Sin embargo, en materia electoral los detalles técnicos no son accesorios: son la arquitectura misma de la confianza pública y la legitimidad política que sostienen todo el sistema. Cuando se altera el diseño, se alteran también los equilibrios entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición, entre competencia y control.

En este sentido, uno de los puntos más sensibles de la reforma recientemente presentada por la presidenta Sheinbaum es la redefinición de la representación en la Cámara de Diputados. La propuesta de transformar el sistema de representación proporcional y permitir que los ciudadanos “voten directamente por los plurinominales” puede sonar más democrática que las listas cerradas tradicionales. Pero el problema no es la etiqueta, sino los incentivos. La representación proporcional nació como un correctivo frente a las distorsiones del principio mayoritario. En sistemas puramente mayoritarios, pequeñas diferencias porcentuales pueden traducirse en enormes diferencias en escaños, dejando sin voz institucional a sectores relevantes de la sociedad. La proporcionalidad por su parte busca que la pluralidad política real tenga reflejo parlamentario.

Ahora bien, cuando -como se propone- se fragmenta el voto en grandes circunscripciones -de varios estados- con decenas o incluso cientos de candidaturas poco conocidas, el elector promedio carece de información suficiente para tomar decisiones individualizadas. En ese contexto, el voto deja de ser una elección informada y se convierte en una decisión guiada (como de hecho sucedió el año pasado en la elección de la Suprema Corte). Aquí aparece el fenómeno de los llamados “acordeones”: listas o instrucciones previamente distribuidas por estructuras partidistas para orientar de manera coordinada el sufragio. El efecto es perverso porque el sistema aparenta ampliar la libertad del elector, pero en realidad desplaza el poder hacia quien tenga mayor capacidad de organización y disciplina interna para manipular el voto de su estructura (los acordeones). Así, en un escenario donde la mayoría de los ciudadanos no conoce a los aspirantes plurinominales, el actor con mayor estructura territorial puede distribuir indicaciones claras sobre qué nombres marcar. Lo que se presenta como democratización termina generando un mecanismo informal de selección aún más controlado.

Paradójicamente, las listas cerradas tradicionales eran al menos transparentes: pues ahí el partido asumía públicamente el orden de prelación y la responsabilidad de este. En cambio, un sistema abierto expuesto a acordeones puede producir una designación previa encubierta mediante operación política coordinada. El poder no desaparece; se concentra en quien controla la maquinaria capaz de organizar el voto disciplinado. Y bueno, en un contexto donde el partido gobernante dispone de mayor presencia institucional y capacidad de movilización, el riesgo de captura práctica de los escaños proporcionales es evidente. La pluralidad que la representación proporcional buscaba proteger puede quedar subordinada a la capacidad operativa de la fuerza dominante.

En el Senado por otra parte, la eliminación de escaños de representación proporcional agrava otro riesgo. De hecho, el constitucionalismo clásico comprendió que el principio de mayoría es indispensable, pero también potencialmente distorsionador cuando opera sin amortiguadores. Por eso el Senado estadounidense fue diseñado con renovación escalonada por tercios, para impedir que una sola ola electoral -especialmente la presidencial- capturara la totalidad de la Cámara Alta. Sin mecanismos correctivos ni filtros temporales, mayorías coyunturales pueden transformarse en concentraciones súbitas de poder (como de hecho paso en 2024). La democracia no consiste solo en que gobierne la mayoría, sino en que esa mayoría no anule por completo la representación de minorías significativas ni desdibuje o manipule para ello el equilibrio federal.

La reducción del gasto electoral suele defenderse bajo la bandera de la austeridad. Sin embargo, el financiamiento político debe analizarse desde la lógica de la competencia equitativa. En toda democracia, el partido en el gobierno parte con ventajas estructurales derivadas del control administrativo, la visibilidad institucional y la capacidad de agenda. En México, además, el financiamiento público distribuye la mayor parte de los recursos en proporción a la votación previa, lo que ya favorece al partido más votado. Si se suma la expansión territorial de programas sociales que generan vínculos políticos directos, una reducción general de recursos no impacta de forma neutral. El partido gobernante conserva su estructura; la oposición pierde capacidad competitiva. Cuando el terreno ya es desigual, recortar recursos puede profundizar la asimetría.

La fiscalización más estricta tampoco es objetable en abstracto, pero la regulación excesivamente compleja puede convertir las campañas en ejercicios administrativos pesados e ineficientes. Muchos de los recursos que históricamente distorsionan contiendas no circulan por vías bancarizadas fácilmente auditables, sino por esquemas informales. El riesgo es construir un sistema extremadamente burocrático en lo formal e ineficaz en lo real. La clave no es multiplicar reglas, sino diseñarlas de modo que sean ejecutables y eficaces.

Por otra parte, la representación de mexicanos en el extranjero plantea otro desafío. Y es que la llamada diáspora mexicana está profundamente dispersa y es difícilmente accesible para los partidos. De hecho, la única estructura organizada con presencia sistemática fuera del país es la red consular dependiente del Ejecutivo federal. Si la participación es baja, un número relativamente pequeño de votos podría definir escaños relevantes. La cuestión no es negar el derecho a participar, sino preguntarse si el diseño garantiza competencia real y autonomía logística, o si introduce una asimetría administrativa que favorece al régimen en turno.

Reducir los tiempos oficiales en radio y televisión implica que el Estado renuncie parcialmente a su capacidad de garantizar acceso equitativo al espacio mediático electoral. El modelo vigente surgió para limitar la influencia desproporcionada de concesionarios privados sobre la competencia política. Sin rediseñar integralmente el ecosistema comunicativo, esa reducción puede fortalecer indirectamente a los factores reales de poder mediático y desplazar la contienda hacia espacios menos regulados. Y además, ¿Qué sentido tiene que el estado mexicano renuncie a los espacios mediáticos que ya tiene a cambio de nada? La respuesta no parece clara.

Ahora bien, la regulación de la inteligencia artificial introduce un dilema contemporáneo. Uno que, si no se define con precisión, puede abrir la puerta a intervenciones anticipadas sobre contenidos bajo el argumento de que son generados artificialmente. En periodos electorales, el tiempo es determinante. Suspender mensajes durante días clave puede producir efectos irreversibles. Además, la autoridad electoral difícilmente posee capacidad técnica plena para supervisar un ecosistema digital global. Una facultad amplia con capacidad limitada puede derivar en discrecionalidad y en reclamos de inequidad electoral.

La eliminación del PREP y la sustitución de un servicio profesional de carrera por autoridades temporales reabre riesgos históricos. La publicación de resultados preliminares no define jurídicamente una elección, pero sí gestiona la confianza pública en la noche electoral. Durante la jornada electoral todo lo que no sea una certeza inmediata será para la historia una sospecha y una ilegitimidad permanente. Por otra parte, la profesionalización técnica fue una conquista institucional tras largos conflictos. Si se amplía la incertidumbre temporal y se debilita la continuidad técnica del personal electoral, se alteran diques diseñados precisamente para evitar sospechas de manipulación y en consecuencia de fraude electoral.

Finalmente, la expansión de mecanismos de democracia participativa y la introducción del voto electrónico deben analizarse con prudencia. El voto electrónico exige garantías técnicas robustas y auditorías comprensibles para múltiples actores independientes. Sin consenso técnico amplio, su adopción puede erosionar confianza. La democracia liberal representativa parte de una premisa fundamental: los ciudadanos no pueden decidirlo todo, todo el tiempo. La delegación temporal y la deliberación técnica existen para procesar complejidades que no se resuelven adecuadamente mediante consultas permanentes.

Y bueno, finalmente, la prohibición del nepotismo, aunque no objetable en sí misma, parece cumplir más una función simbólica dentro del conjunto que constituir el núcleo estructural de la reforma. Una forma de ser correcto en algo para poder ser perverso en todo lo demás.

Pero, a no ser que se quiera caer en las garras de la demagogia y la perversidad, el análisis integral obliga a mirar el rediseño como un todo. La pregunta decisiva no es si cada medida puede defenderse retóricamente, sino si el conjunto fortalece la autonomía institucional, la equidad en la competencia y los contrapesos democráticos, o si, bajo el lenguaje de modernización y austeridad, termina concentrando poder y debilitando amortiguadores históricos del sistema. Esa es la discusión que merece darse con serenidad y sin ninguna ingenuidad.