Un triunfo internacional en la lucha por la justicia, la paz y la verdad

Entrevista con Carmen Herrera García

«Aunque la aplasten contra el suelo, la verdad se volverá a levantar. ¿Dentro de cuánto? ¡A cierto plazo! ya que ninguna mentira puede vivir para siempre!… ¿Dentro de cuánto? ¡A corto plazo! porque el arco del universo moral es largo, pero se curva hacia la justicia.»

— Martin Luther King

Introducción

El 16 de diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia respecto al caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien en 2007 fue violada por miembros del ejército federal. Después de 19 años de haber iniciado la denuncia del caso, la sentencia condenó al Estado Mexicano por violación sexual, tortura, omisión de garantizar derecho a la salud y muerte de doña Ernestina, así como por violación del derecho a la verdad en perjuicio de los familiares y de toda la sociedad para garantizar la impunidad a los perpetradores. La abogada encargada de este caso fue la Maestra Carmen Herrera García, originaria de Aguascalientes, quien en cuanto se supo la sentencia fue entrevistada por la periodista Carmen Aristegui. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=lCwkPYdih5k

 SCS: ¿Quién es Carmen Herrera García?

CHG: Soy originaria de San José de Gracia, Aguascalientes, donde viví hasta terminar la primaria y al cual regresé en 2020, al inicio de la pandemia, para acompañar a mi papá. Debido a lo prolongado de la contingencia continué mi trabajo en línea, realizando viajes periódicos, esquema que mantengo hasta ahora. Soy abogada dedicada a la defensa jurídica de derechos humanos desde hace más de 30 años. Estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y una Maestría en Sociología Política en la Universidad Iberoamericana, Santa Fe.

SCS: ¿Cómo fue que te convertiste en abogada?

CHG: Mi formación se centró en mi búsqueda de justicia para quienes sufrían su negación. Mi inspiración surgió mientras trabajé en el despacho del Doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel. Creí que estudiando Derecho contribuiría a lograr la justicia, y me inscribí en la Licenciatura en Derecho de la UAA. Sin embargo, un profesor me dijo que ejercer como abogada no siempre daría como resultado la justicia, que yo estaba equivocada, y señaló: “si piensas así, vas a sufrir nena”.

SCS: ¿Cómo llegaste a trabajar por los derechos humanos?

CHG: Fue a través de las lecturas de los textos escritos o compartidos por el Doctor De la Torre; de la relación con organizaciones defensoras de derechos humanos que conocí a través de él; de mis primeras experiencias como abogada en su despacho, litigando con éxito juicios de amparo, civiles y laborales, y de las actividades del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutiérrez AC, en las que participé. En aquella época me marcó el haberme involucrado fuertemente en asesorar la huelga del personal administrativo de la UAA, en 1992. También me influyó la participación en grupos feministas de Aguascalientes, con Gabriela Ruiz Guillén y Yolanda Padilla, así como la participación en el movimiento estudiantil en la UAA y en un grupo de reflexión en el marco de la Teología de la liberación.

SCS: ¿Cómo ha sido tu participación en la defensa de derechos humanos?

CHG: Desde el Centro Enrique Gutiérrez comencé a participar en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), en la cual participé en proyectos en la Ciudad de México y Oaxaca, así como en la formación jurídica para personas defensoras de derechos humanos. Luego vino el alzamiento zapatista, que representó importantes desafíos para organizaciones que eran parte de la Red TDT, como el llamado al cese al fuego, la aplicación de los Convenios de Ginebra, la documentación de impactos y violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército, y la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su 50 Periodo de Sesiones en Ginebra, a la cual asistí como una de las dos personas delegadas por parte de la Red TDT. Después trabajé en un proyecto jesuita (Centro de Reflexión y Acción Laboral), alternando con trabajo en defensa de pueblos y personas indígenas del Istmo de Tehuantepec y en la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.

SCS: ¿Cómo te involucraste en la defensa internacional de los derechos humanos?

CHG: Desde 1998 hasta finales del 2000, trabajé como directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en su oficina para Centroamérica y Mexico con sede en San José, Costa Rica, dirigiendo estrategias de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y capacitando a integrantes de organizaciones de la región en el uso de mecanismos interamericanos de defensa de los derechos humanos.

Desde entonces y hasta la fecha he trabajado, en colaboración con diversas organizaciones, en el trámite y litigio de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He colaborado en dos casos contra Mexico, que son el Caso Campo Algodonero (sentencia emitida en 2009) y el Caso Ernestina Ascencio Rosario, cuya sentencia recién fue emitida el 16 de diciembre de 2025. Colaboré también en casos de otros países, tanto desde el CEJIL, como desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, en el que trabajé entre enero de 2021 y enero de 2025, como directora del Programa Legal.

SCS: ¿De qué trata el caso de Ernestina Ascencio?

CHG: En 2007, en la Comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, la señora Ernestina Ascencio, de origen nahua, monolingüe, de 73 años, fue violada por miembros del Ejército Mexicano. Al no llegar ella a su casa a la hora acostumbrada, pero sí sus borregos, su hija fue al monte a buscarla, encontrándola en el suelo, con la ropa desordenada y sangrando. Cuando le preguntó sobre qué le pasó, ella respondió, en su lengua: “los verdes se me echaron encima”; en su cultura, a los soldados les llamaban “los verdes”, y así se nombraba la violación sexual, ya que no existía la palabra “violación” en su lengua. Luego de pedir ayuda, la hija de Ernestina y sus hermanos la llevaron al Centro de Salud, pero lo encontraron cerrado, fueron a otro lugar donde tampoco recibió atención, hasta llegar al Hospital General de Río Blanco, situado a más de tres horas de su comunidad, donde falleció, luego de 10 horas sin recibir atención. Peritos en delitos sexuales y quienes le practicaron la necropsia, confirmaron la violación sexual, encontrando huellas de violencia en su cuerpo y restos de líquido seminal de por lo menos tres hombres. Sin embargo, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que la señora había muerto a causa de gastritis no atendida («gastritis crónica, anemia, sangrado digestivo y neumonía», versión oficial), y debido a la intervención indebida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la investigación se archivó, declarándola muerta por causas naturales.

Durante el plazo legal en el que se podía impugnar la decisión, los familiares de la Señora Ascencio fueron invitados por el entonces gobernador a una misa por ella en la Basílica de Guadalupe, a la cual fueron trasladados en dos autobuses, y luego llevados -sin información ni su consentimiento- a una playa de Tampico y otros lugares, manteniéndolos aislados de la prensa y de la posibilidad de asesoría para impugnar la decisión. Después, acompañados de un líder indígena de la región, acudieron a la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), de la que yo formo parte, solicitando apoyo para buscar justicia para doña Ernestina. Al no reunir los requisitos legales para impugnar la decisión, solicitamos a la Procuraduría de Veracruz, a través del sistema de acceso a información pública, copia de los informes que declararon la existencia de la violación, así como de la supuesta muerte a causa de gastritis, y documentos sobre la validez de unos peritajes sobre otros.

Ante la negativa para entregar la información, AJDH comenzó un litigio por el derecho a la verdad que duró 5 años sin resultados. Por ese motivo, dentro del plazo reglamentario, presentamos denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos perpetrados contra doña Ernestina. Durante el trámite ante la CIDH, en todo momento el Estado tuvo oportunidad de resolver la situación brindando verdad y justicia, pero no lo hizo. Ello obligó a la CIDH a presentar en 2023 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente dictó sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025, condenando al Estado mexicano por violación sexual, tortura, omisión de garantizar derecho a la salud, muerte de doña Ernestina, así como por la violación del derecho a la verdad, en perjuicio de los familiares y de toda la sociedad, para garantizar la impunidad a los perpetradores.

SCS: ¿Qué esperas que ocurra a partir de esta sentencia?

CHG: En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas: a) reparar integralmente el daño ocasionado a las hijas, hijos, nietas y nietos de doña Ernestina, incluida la atención psicológica y médica, así como becas para estudios universitarios y de posgrado o formación para algún oficio; b) que el Estado pida disculpas públicas a la familia por las violencias y discriminación perpetradas contra doña Ernestina y su familia, y por la manera en que se orquestó la impunidad con la intervención de las altas autoridades, y a los familiares y a toda la sociedad por la violación al derecho a la verdad. Considerando que la intervención de la figura presidencial fue determinante para asegurar impunidad a los perpetradores, esperamos que estas disculpas sean ofrecidas por la Presidenta de la Republica. c) Que la fiscalía general de la República reabra la investigación a fin de identificar a los perpetradores de la violación sexual y tortura de doña Ernestina, así como del encubrimiento de los responsables; d) Implementación de políticas públicas para remover barreras lingüísticas en el acceso a la justicia y la salud, así como los estereotipos de género, etnia y edad, utilizados por las autoridades que impidieron que se brindara protección a doña Ernestina.

Esperamos que esta sentencia sea cumplida a cabalidad y a la mayor brevedad, honrando los compromisos asumidos por el Gobierno de México cuando declaró 2025 “Año de las Mujeres indígenas”. La sentencia brinda al Estado la oportunidad de impulsar transformaciones en los siguientes aspectos: 1) Garantía de goce efectivo de los derechos de las mujeres indígenas a la salud, la justicia y la protección judicial contra las violencias y discriminación que enfrentan; 2) La sentencia servirá de herramienta en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial que enfrentan las mujeres y pueblos indígenas, así como otros sectores de la población, y para que en la investigación de delitos que implican violación de los derechos de personas que enfrentan discriminación y violencias se apliquen con rigor los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3) Revisión de los mecanismos de control de actuación de los servidores públicos con relación al respeto, garantía y protección de los derechos humanos, así como a quienes usando el poder que les fue conferido se atreven a mentir y falsear la realidad como ocurrió en este caso para encubrir a los perpetradores.

Esta sentencia demostró que sí es posible alcanzar la justicia para las personas afectadas por la violación de sus derechos humanos; que se puede llamar a cuentas a personas servidoras públicas que mienten y ejercen violencias y discriminación; y, finalmente, debe contribuir también a sentar bases para una cultura política basada en la verdad, la justicia y la paz, que urge incorporar, no como discurso sino como hechos concretos, en los esfuerzos de cada día para construir la democracia que merecemos en el país.

SCS: Pienso que lo que nos has compartido debe darse a conocer en todo el país. Felicidades a ti y a quienes contigo atendieron el caso. Muchas gracias.